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Martínez De Giorgi investigará a Patricia Bullrich por la represión en una marcha en favor de jubilados
Según la denuncia, durante el procedimiento policial “se ejerció violencia contra un grupo de manifestantes”. La presentación judicial sostiene que Bullrich, en su carácter de ministra de Seguridad, fue quien ordenó el despliegue de fuerzas federales.
Patricia Bullrich, en su banca, durante la última sesión del Senado.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi deberá investigar la denuncia presentada contra la ex ministra de Seguridad y actual senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por presuntos apremios ilegales y abuso de autoridad durante un operativo policial realizado en las inmediaciones del Congreso durante una marcha en favor de jubilados.
La decisión fue firmada por los ministros del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes siguieron el dictamen del procurador general interino Eduardo Casal para resolver un conflicto de competencia entre el juzgado federal de Martínez De Giorgi y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°28.
La denuncia contra Bullrich
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el diputado de Fuerza Patria Horacio Pietragalla contra Bullrich por el operativo de seguridad realizado el 4 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina.
Según la denuncia, durante el procedimiento policial “se ejerció violencia contra un grupo de manifestantes”. La presentación judicial sostiene que Bullrich, en su carácter de ministra de Seguridad, fue quien ordenó el despliegue de fuerzas federales.
Ese día, organizaciones sociales y piqueteras se movilizaron contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Durante la protesta, manifestantes avanzaron sobre la calle y las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes para liberar el tránsito.
El operativo derivó en enfrentamientos y dejó alrededor de 30 heridos, entre ellos ocho periodistas. Durante la jornada, Bullrich siguió el desarrollo del operativo desde el centro de monitoreo del Ministerio de Seguridad.
El conflicto judicial por la competencia
El expediente llegó inicialmente al juzgado federal de Martínez De Giorgi. Sin embargo, el magistrado entendió que el caso estaba vinculado con la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, que estableció el protocolo de actuación frente a cortes de vías de circulación, por lo que declinó su competencia en favor de la justicia nacional.
Su planteo apuntaba a que la cuestión ya había sido discutida en un expediente previo iniciado como habeas corpus preventivo.
El juez del fuero nacional rechazó esa postura. Argumentó que el objeto de aquel expediente —una acción declarativa de certeza— era completamente distinto al de una denuncia penal por delitos de acción pública, por lo que no correspondía aplicar reglas de conexidad. Además, sostuvo que investigar la conducta de una ministra por actos propios de su función es materia de competencia federal.
El fallo de la Corte Suprema
Ante el conflicto, intervino la Corte Suprema. En su dictamen, el procurador Casal sostuvo que las diferencias entre ambos expedientes son claras y que el hecho de que puedan discutir una misma cuestión jurídica no modifica las reglas de competencia.
“Las razones expuestas por el juez de instrucción de la capital dan respuesta correcta a la declinatoria del juez federal”, señaló.
Finalmente, los jueces del máximo tribunal coincidieron con ese criterio y resolvieron que el expediente permanezca en la justicia federal, por lo que el juez Martínez De Giorgi deberá continuar con la investigación sobre la actuación de Patricia Bullrich en el operativo policial.
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