La Justicia Federal analiza un informe sobre la posibilidad de que Pagani sea reelegido al frente de la UNT

La disputa judicial por la elección del próximo rector de la Universidad Nacional de Tucumán podría tener en breve una primera definición judicial. El juez federal Guillermo Díaz Martínez analiza dos planteos presentados por decanos de la casa de estudios -una acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad y una medida cautelar- que buscan impedir una eventual candidatura del actual rector, Sergio Pagani, para un nuevo mandato. Antes de resolver, el magistrado requirió un informe institucional a la propia UNT sobre el proceso electoral, documentación que ya fue remitida al juzgado.

La presentación judicial fue promovida por el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Miguel Ángel Cabrera, y por la decana de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Virginia Abdala. Ambos dirigentes universitarios -que además se presentan como candidatos a rector y vicerrectora- recurrieron a la Justicia Federal mediante una acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad contra la Universidad Nacional de Tucumán. La demanda es impulsada por el abogado Gonzalo Casas, quien actúa como apoderado de los decanos.

En la acción judicial se solicita que la Justicia determine cuál es la interpretación correcta del nuevo Estatuto de la UNT y, en particular, que declare que los artículos 17 y 190 de esa normativa impiden que el actual rector se postule nuevamente para un tercer mandato consecutivo. Según el planteo, el estatuto establece que sólo pueden ejercerse dos períodos consecutivos en la conducción de la universidad y fija además que los mandatos que se encontraban en su segundo período al momento de la reforma estatutaria culminarán en mayo de 2026.

Los demandantes sostienen que existe un estado de incertidumbre jurídica en torno a la interpretación de esas normas y que esa situación impacta directamente en el proceso electoral universitario. En el escrito se afirma que la eventual habilitación de la candidatura del rector “condiciona el escenario electoral en el que los candidatos deben competir y afecta la igualdad de condiciones en el ejercicio de sus derechos políticos universitarios”.

Además de la acción declarativa, los decanos solicitaron al juez una medida cautelar destinada a que, de manera urgente y antes de la resolución definitiva del caso, se adopten medidas que eviten que la situación de incertidumbre influya en el proceso electoral en curso. El planteo apunta a que la Justicia intervenga antes de la inscripción formal de candidaturas para impedir eventuales decisiones administrativas que puedan habilitar una postulación que, según sostienen los actores, estaría vedada por el propio Estatuto universitario.

Antes de tomar una decisión sobre ambos planteos, el juez Díaz Martínez dispuso una medida previa: solicitó a la Universidad Nacional de Tucumán que remita un informe institucional sobre el proceso electoral en curso, incluyendo datos sobre el cronograma y la organización de los comicios universitarios. Ese informe ya fue presentado por la casa de estudios y forma parte del expediente que analiza el magistrado.

El conflicto judicial tiene como telón de fondo el debate abierto en la universidad sobre los alcances de la reforma estatutaria aprobada por la Asamblea Universitaria. Según el planteo de los decanos, durante ese proceso el órgano máximo de gobierno universitario votó por amplia mayoría limitar a dos períodos consecutivos la participación de una misma fórmula en el rectorado. De hecho, el propio rector Pagani anunció en aquella sesión el resultado de la votación que rechazó la posibilidad de un tercer mandato.

Con el proceso electoral universitario en marcha y las candidaturas en discusión dentro de la comunidad académica, la resolución judicial que prepara el juez federal podría tener impacto directo en la contienda por la conducción de la UNT. Si bien todavía no existe una decisión formal, en el ámbito judicial se espera que el magistrado se pronuncie en las próximas horas sobre la admisibilidad de los planteos y la eventual procedencia de la cautelar solicitada por los decanos. Una definición en ese sentido podría influir de manera decisiva en el escenario electoral de la principal universidad pública del norte argentino.