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Martillo judicial (Freepik)
Un juez laboral ordenó la suspensión del traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, en respuesta a una acción iniciada por el gremio de judiciales contra el Estado nacional.
La medida cautelar, dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 30, detiene la transferencia del fuero laboral hasta que haya una sentencia definitiva sobre el caso.
La resolución fue firmada este martes por el titular del juzgado, Herman Mendel, quien ordenó “la suspensión de la totalidad de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral (…) hasta el dictado de la sentencia definitiva sobre el mérito”.
La medida responde a una presentación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que cuestionó la constitucionalidad de la reforma impulsada por el gobierno libertario y advirtió sobre los riesgos que implicaría para los trabajadores, consignó el diario "Ámbito".
El planteo sindical
Según el gremio, el acuerdo de transferencia no asegura qué sucederá con los empleados judiciales. Señalaron que “no surge la previsión expresa de la transferencia automática de los empleados judiciales”, lo que genera “un marco de indeterminación respecto de su situación jurídica y funcional”.
Entre los posibles impactos negativos, la UEJN señaló:
- Aumento de la carga horaria de seis a siete horas diarias.
- Cambios en el sistema de ascensos.
- Modificaciones desfavorables en las escalas salariales.
Además, el sindicato destacó que el fuero laboral cuenta con “1.530 agentes y una carga de litigiosidad” superior a 700.000 expedientes, y criticó que la reforma fue aprobada de manera irregular, alegando vicios en la intervención del Congreso y violaciones a la Ley 24.588. Según el gremio, la creación de un fuero local no autoriza la supresión de órganos nacionales.
Verosimilitud del derecho y demora
Al analizar la causa, Mendel consideró que estaban dados los requisitos para dictar la medida cautelar, señalando la “verosimilitud en el derecho invocado” y el “peligro irreparable en la demora”, ya que el proceso de transferencia podría afectar a numerosos trabajadores y la estructura judicial. También remarcó que la medida del Gobierno “no ha sido compatible con el procedimiento establecido” en la normativa vigente, en particular por la falta de intervención de una comisión bicameral.
El fallo no resuelve el fondo del conflicto, pero frena de manera inmediata la implementación del traspaso. Como parte de la resolución, el juez ordenó al Estado nacional presentar un informe en un plazo de tres días, mientras continúa el trámite de la causa.
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