La Legislatura podría nombrar a ocho nuevos defensores oficiales en la provincia

El Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura el acuerdo correspondiente para la designación de nuevos defensores oficiales, una medida que busca dar respuesta directa a las vacantes críticas en el Ministerio Público Pupilar y de la Defensa que conduce Washington Navarro. La cobertura de estos cargos es fundamental para garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables, permitiendo que la estructura judicial funcione con la celeridad que la demanda social exige.

En este marco, la nómina enviada para su tratamiento legislativo incluye a Ana Ricco Falú para la defensoría oficial civil de niñez, adolescencia y capacidad restringida de la V Nominación en el centro judicial capital; Fernando Antonio Vera para la defensoría oficial civil y del trabajo en Monteros; y Marcela Alejandra Cardozo Sanchez para la misma función en el centro judicial Este. Se suman también Gabriela Sami en el fuero civil de Capital; Diego Javier Trabadelo y Georgina Graciela Medina, ambos para la defensoría de niñez, adolescencia y capacidad restringida en la Capital; Marcela Eugenia De Mari para la II Nominación del mismo fuero capitalino; y Maria Alejandra Rodriguez como defensora oficial civil del trabajo de la III Nominación en el centro judicial capital.

Este proceso de selección se inserta en un periodo de actividad del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), que entre 2023 y 2025 tramitó 69 concursos públicos para cubrir vacantes de magistrados, fiscales y defensores en toda la provincia. Durante el año 2025, el trabajo del CAM permitió que siete nuevos magistrados prestaran juramento ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, marcando un ritmo de regularización que no se veía en gestiones anteriores. En particular, en abril de 2025 se elevaron ternas claves como la del defensor en lo penal para la niñez y adolescencia de la capital.

La importancia de estas designaciones radica en el volumen de trabajo que absorbe el Ministerio Público Pupilar y de la Defensa, que actualmente atiende cerca del 90% de los juicios penales en la provincia y la totalidad de las causas de ejecución penal. El fortalecimiento de las defensorías civiles y de niñez, como las propuestas en este último acuerdo, resulta vital para equilibrar la balanza en procesos donde la capacidad restringida o la minoridad requieren de una tutela estatal efectiva y constante, evitando la paralización de expedientes por falta de titulares.

La Legislatura ha mantenido una agenda activa en materia de designaciones. Con el pliego de estos ocho nuevos defensores ahora en estudio de comisión, se espera que el cuerpo legislativo otorgue el acuerdo definitivo para consolidar la estructura del Poder Judicial y asegurar que cada centro judicial, desde la Capital hasta el Este, Monteros y Concepción, cuente con los funcionarios necesarios para brindar el servicio de justicia.