A medio siglo del inicio del peor momentode nuestra historia

El inicio del peor momento de la historia argentina se apresta a cumplir 50 años. El 24 de marzo de 1976, el golpe de estado del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” derrocaba a María Estela Martínez, viuda de Juan Domingo Perón. Ella había sido electa Vicepresidenta de la Nación en los comicios de 1973, como compañera de fórmula de su marido, que había fallecido el 1 de julio de 1974. Con ello, se inauguraron casi ocho años de una instancia abominable: el terrorismo de estado. ¿Cómo el Estado va a ser transformado en una máquina al servicio del terror y de los crímenes contra la humanidad? El Estado había perdido la razón. De allí que las palabras, por un instante, también parezcan haber perdido el sentido.

La conmemoración de esta fecha luctuosa, sin embargo, acontece en momentos en que ha recrudecido una falacia tan extendida como el trauma de la dictadura: la denominada “teoría de los dos demonios”. Es decir, la reducción de los acontecimientos a una suerte de enfrentamiento entre dos opciones infernales: la violencia de la guerrilla o la violencia de los militares. Puesto así, la ecuación arroja sólo un resultado posible: hay que “resignarse” (de “re signare”, o su equivalente, “reescribirse”) a elegir, invariablemente, entre uno de los páramos. Esa es la trampa del pensamiento binario: obliga a pensar en totalidades absolutas, eliminando, o invisibilizando, todo cuanto no encaje en uno u otro extremo de la bipolaridad.

A medio siglo del comienzo de aquellas atrocidades, el peor trámite que puede darse a la evocación de esos acontecimientos es el maniqueísmo. La “teoría de los dos demonios” ni siquiera es una teoría: dista enormemente de ser un corpus de hipótesis, leyes o postulados que permite una interpretación coherente de un período. Es una falsedad que merece ser desmontada.

Para ello, no hay que apelar a la memoria, que es una reivindicación casi romántica contra el olvido, sino, en todo caso, a la historia. Porque la memoria, en tanto territorio del recuerdo, tiene licencia para la experiencia personal, que como tal es indiscutible. La historia, siempre abierta a debate, es en cambio un patrimonio común. Y por tanto, posible de ser revisitada abiertamente.

La violencia

Como toda falacia, la “teoría de los dos demonios” parte de un hecho cierto: el golpe de Estado de 1976 está enmarcado por la violencia de los 70. Este dato es incontrastable. Pero de ninguna manera es un “fenómeno nuevo”. Para finales del siglo XX, la política argentina es violentísima. Al igual que el Estado. Y, en particular, las Fuerzas Armadas. De hecho, el de 1976 es el último de los golpes de estado en un siglo con una interrupción institucional por década.

La saga oprobiosa comienza con el golpe de 1930 contra el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen. Es el freno antidemocrático y anticonstitucional contra el primer partido de masas de la Argentina: la UCR. En 1943 será el turno del GOU, cuya asonada supone el fin al gobierno de Ramón Castillo, quien había asumido tras la renuncia de Roberto Ortiz. Con ello se pone fin a la fraudulenta Década Infame. Al segundo partido de masas, el peronismo, le asestarán el golpe de estado de 1955.

Aquí, la matriz de la violencia ya está instalada en la política argentina, tanto desde el Estado como al margen de él. El segundo gobierno de Perón está signado por discursos, por persecuciones políticas, ideológicas y religiosa, y por hechos de violencia alentados desde el oficialismo. Las respuestas del antiperonismo son brutales. El bombardeo a la Plaza de Mayo es un hecho ominoso en la historia del país. Los golpistas de la autodenominada “Revolución Libertadora” no se contentaron con la proscripción (práctica que José Félix Uriburu desplegó contra los radicales en 1930), Además, mandaron a masacrar peronistas. Los fusilamientos de José León Suárez son el inicio de una criminalidad estatal de una dimensión inédita. Pero, desgraciadamente, no irrepetible.

Los golpes de 1962, contra Arturo Frondizi, y de 1966, contra Arturo Illia, son, siguiendo el luminoso ensayo de José Luis Romero, “En busca de la fórmula supletoria”, dos abominaciones con una placenta común: las Fuerzas Armadas, devenidas “partido militar” (inclusive con “líneas internas”: los “azules” y los “colorados”) no consiguen ensayar una variante política que garantice que el peronismo, y que el propio Juan Domingo Perón, no retornen al poder a través de las urnas. Esta última dictadura, la autodenominada “Revolución Argentina”, supuso la primera instauración de un “régimen militar”. La experiencia duro siete años. Y Tucumán aún no se recupera del cierre de los ingenios auspiciado durante el “onganiato”. El ya fallecido historiador Roberto Pucci lo sintetizó en el título de uno de sus últimos libros: fue la “Historia de la destrucción de una provincia”. En 1973 levantaron la proscripción del peronismo y Héctor Cámpora, presidente durante 49 días, levantó luego la proscripción de Perón, que después será electo Presidente por tercera vez.

En LA GACETA dedicamos una columna al libro Padre Mujica, de Ceferino Reato, que expone el contexto de violencia descomunal que se vivía en esos años del regreso del peronismo. Reato reseña que el propio Perón acicateó a la distancia la violencia de la “juventud maravillosa” que minó a la “Revolución Argentina”. Pero ellos buscaban la opción del socialismo, que nunca estuvo en los planes de Perón. El resultado fue la violencia de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), pero también, desde el mismísimo Estado, la de la Alianza Anticomunista Argentina (la “Triple A”). Los asesinatos en la vía pública eran parte de la cotidianidad argentina. Con una impunidad tal que, aún hoy, no se sabe si a este cura villero lo mandó a ametrallar en la puerta de una iglesia, al término de una misa, José López Rega, ministro de Perón e impulsor de la “Triple A”, o Montoneros.

Imposible “completitud”

La violencia de los 70, entonces, es incontestable. Pero lo que la “Teoría de los dos demonios” enmascara es que tanto las acciones criminales de Montoneros como del ERP constituyeron delitos que debían ser combatidos por el Estado, justamente, dentro del Estado de Derecho. Así lo hizo Italia, por ejemplo, que también en la década de 1970 sufrió el horror de las “Brigadas Rojas”, que secuestraron y asesinaron al ex primer ministro Aldo Moro. Ese país, que con Mussolini vivió el totalitarismo, enfrentó a la organización armada con la ley: no ensayó el terrorismo de estado.

Los militares argentinos que tomaron el poder hace media centuria eligieron otra vía. Primero, cancelaron el Estado de Derecho. Después, siguieron el camino del terrorismo de Estado. Absorbiendo y reciclando, inclusive, a “elementos” de la “Triple A”.

La democracia, en contraste, no hizo contra ellos lo mismo que ellos hicieron. Por el contrario: fueron llevados a la Justicia. Y no a tribunales “especiales” ni con leyes “ad hoc”. Con el retorno del Estado de Derecho se les brindó a los responsables de los más aberrantes delitos de lesa humanidad (secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, abusos sexuales, robo de bebés, y robo de la identidad de esos recién nacidos…) todas las garantías del debido proceso y el derecho a defensa.

Por esto mismo no debe admitirse ese elogio de la “teoría de los dos demonios” que es el eslogan que reclama “Memoria Completa”. No puede haberla porque no es posible juzgar a las decenas de miles de desaparecidos por los presuntos delitos que los militares les endilgaron, pero que no fueron probados ni sentenciados mediante procesos dignos, como los que los condenados por genocidio sí recibieron. Los jerarcas del proceso pudieron contar sus “memorias” ante jueces, fiscales, defensores y querellas. Sus víctimas fatales, en cambio, no podrán hacer tal cosa.

Falsa equiparación

Esto desambiguación conduce a una cuestión esencial: la naturaleza del Estado. El Estado, como tal, es una creación del derecho. Que lo viole, consecuentemente, es su más acabada desnaturalización. Dicho de otro modo: combatir la antropofagia no puede consistir en comerse a quienes la practican. Porque entonces no se ha terminado con los caníbales, sino que sólo se los reemplazó.

Esto expone, de manera lógica, otro engaño traficado por la “teoría de los dos demonios”: la falsa equiparación de las “dos violencias”. No admite el menor análisis la pretensión de la simetría de fuerzas entre las guerrillas y las Fuerzas Armadas. Ni la capacidad material ni los métodos de los particulares pueden considerarse igualables a los del Estado. Tampoco puede, en ninguna circunstancia, y sin importar la hipótesis, considerarse que la responsabilidad de los particulares cuando violan la ley es equiparable a la responsabilidad del Estado cuando procede de igual manera.

Otra abulencia extendida es la que argumenta que en la Argentina se libraba una “guerra civil” y que, en todo caso, hubo “excesos” por parte de las Fuerzas Armadas en ese contexto bélico. Ninguna de las condiciones que prefiguran una guerra civil estuvo dada: ni la reivindicación de una soberanía paralela, ni la reivindicación de un Estado separado, por ejemplo. Pero si por un momento debiera admitirse esta argucia negacionista, lo cierto es que los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el “Proceso” no son actos propios de una guerra. Por caso, en la Guerra de Malvinas, durante 1982, ni los soldados argentinos sufrieron de parte de los ingleses, ni los británicos de parte de los argentinos, delitos de genocidio. A los jerarcas de la última dictadura no los juzgaron por enfrentarse a balazos contra guerrilleros. No es eso lo que documenta la tarea de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

Pretendidos “ángeles”

Finalmente, la “teoría de los dos demonios” merece ser desterrada por una razón que, justamente, explica su arraigo: absuelve de toda responsabilidad a la sociedad argentina. En LA GACETA Literaria lo expusimos hace un año, cuando comentamos el libro Cuando hicimos historia, compilado por Roberto Gargarella, Agustina Ramón Michel y Lautaro García Alfonso por los 40 años del juicio a las juntas militares. La idea equivocada de que hubo “dos demonios” supone, en el paradigma metafórico que plantea, que también hubo “ángeles”. El lugar de esos “ángeles” es del “común de las personas”. Las que no estaban en los “extremos ideológicos”. La ciudadanía, entonces, experimenta una suerte de “otredad” respecto del horror de la última dictadura, que fue militar pero con probada y dilatada colaboración de civiles. El lugar de los argentinos es el de una suerte de “espectadores” del horror, completamente ajenos, en tanto inocentes de aquello que ocurre.

La violencia, de las que comienzan a conmemorarse 50 años, pasan a ser una suerte de “exterioridad” para el “común de los argentinos” a partir de la “teoría de los demonios”. La historia prueba, sin embargo, que hilvana buena parte de la historia nacional. No asumirlo, e insistir en el negacionismo obtuso de esta falsa dicotomía, es igual a no haber aprendido nada.

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