24 Marzo 2026
Llueve en Tucumán, tanto que calles y avenidas están inundadas. La postal es de la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976. Determinados paisajes no cambian, por más que hayan transcurrido 50 años. Son las 4.45 y a la Casa de Gobierno llega Amado Juri, impecable en su traje oscuro, como si se aprestara a iniciar una jornada más de trabajo. Pero no está solo ni libre; una escolta militar lo conduce por los pasillos hasta ponerlo cara a cara con Antonio Domingo Bussi. Juri es informado oficialmente de lo que ya sabía varios días antes: ha dejado de ser el gobernador de la provincia. El golpe está consumado.
La escena se reitera a lo largo de la Argentina. No se trata de un “golpe blando”; las Fuerzas Armadas se han alzado con el poder absoluto, al punto de colocar la Constitución en un limbo. Todas las garantías están suspendidas, es el nuevo régimen el que dicta las leyes y las ejecuta.
Al caer la tarde del 23 de marzo, unidades del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea se habían movilizado en puntos estratégicos de la Argentina. A esa hora, la presidenta María Estela Martínez de Perón, reunida con los principales dirigentes del justicialismo, subrayaba su voluntad de no presentar una renuncia que le reclamaban desde distintos sectores, incluso al interior de su propio Gobierno.
Largamente preparado, tan anunciado que no sorprendió a nadie, el golpe se instrumentó con rapidez y prácticamente sin resistencia. Era el “Operativo Aries”. Todos los dirigentes (básicamente políticos y sindicales) que, potencialmente, podían promover alguna clase de reacción popular fueron silenciados. Los que se salvaron de la ejecución lisa y llana terminaron en la cárcel.
En acción
Pocos minutos después de la medianoche, cuando el almanaque ya marcaba el 24 de marzo, la Presidenta accedió a la terraza de la Casa Rosada y subió al helicóptero que debía conducirla a la residencia de Olivos. Pero en pleno vuelo los pilotos le explicaron que, a causa de un desperfecto, debían cambiar el rumbo y aterrizar en Aeroparque. Allí la esperaba el general José Rogelio Villarreal, quien había sido jefe del Regimiento 19 de Infantería en Tucumán. Su mensaje fue inapelable: “Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada”.
Isabelita recibió el compromiso de que respetarían su vida. De Aeroparque, la viuda de Perón fue llevada a Villa La Angostura (Neuquén) y quedó presa en la residencia de El Messidor. Más de cinco años después, en julio de 1981, ya trasladada a Azul (Provincia de Buenos Aires) se le concedió la libertad con la condición de que se exiliara en España. Allí vive, retirada por completo de la vida pública desde hace décadas. Tiene 95 años.
También fue a prisión Juri, al igual que la mayoría de los gobernadores. En su caso, se lo mantuvo privado de la libertad hasta 1978. Volvería a actuar en política, al punto de ser elegido diputado nacional en 1997. Las vueltas del destino: fue uno de los promotores de la declaración de inhabilidad moral que le cerró a Bussi las puertas del Congreso. Volvieron a estar cara a cara, pero en circunstancias totalmente distintas a la de aquella madrugada del 24 de marzo. Juri murió en 2000, a los 84 años.
Impactos del día
Las primeras horas del golpe le sirvieron a la flamante dictadura para presentarle al país los postulados del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. A las 3.21 las radios empezaron a transmitir marchas militares, sólo interrumpidas por la voz de un locutor que anunciaba que la Argentina se encontraba bajo el “control operacional” de una Junta integrada por los jefes de las tres Armas: Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Massera (Marina) y Orlando Agosti (Fuerza Aérea).
“Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanan de la autoridad militar, de seguridad o policial; así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación”, rezaba el comunicado número uno de la Junta.
Lo sucederían otros, en especial dirigidos a fundamentar el golpe ante la población. Hablaban del compromiso de erradicar la subversión, la demagogia y la corrupción, “frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y la anarquía”. Con un agregado: los militares afirmaban que su misión sería “la recuperación del ser nacional”.
Se dio a conocer entonces el “Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el Proceso de Reorganización Nacional”, en cuyo primer punto se consignaba la voluntad de instaurar -en un futuro impreciso- “una democracia republicana, representativa y federal”. La lista de objetivos reafirmaba, una y otra vez, la necesidad de mantener vigentes “los valores de la moral cristiana y de la tradición nacional”, y hasta se refería a “un adecuado sentido de justicia social”.
En los hechos, lo que se produjo ese mismo día fue la militarización de todos los ámbitos de la vida argentina, a partir de decretarse el estado de sitio: se disolvió el Congreso, se prohibió cualquier clase de actividad política, al igual que el derecho a huelga; quedaron intervenidas las universidades, las organizaciones obreras, la Confederación General Empresaria, los medios de comunicación. En todos los casos se designó un uniformado al frente.
El comunicado 33 fue uno de los que más impacto produjo, ya que disponía la creación de consejos de guerra y la vigencia de la pena de muerte para quienes atentaran contra el orden por medio de distintos tipos de violencia. “La pena de muerte se aplicará de conformidad con las disposiciones del Código de Justicia Militar y de su reglamentación”, apuntaba el texto.
Para la jornada del 24 se dispuso el feriado educacional, bancario y judicial (también se suspendieron los espectáculos deportivos y se cancelaron vuelos), aunque muchas familias que no estaban al tanto del golpe mandaron los chicos a la escuela en el turno mañana. El comercio trabajó con el ritmo habitual y los bares abrieron, aunque una comunicación oficial marcó la pauta del aparato represivo que se había puesto en marcha: “se recomienda a la población abstenerse de transitar por la vía pública durante las horas de la noche, a los efectos de mantener los niveles de seguridad general necesarios”.
Tucumán
Volvemos a aquella madrugada del 24 de marzo en la Casa de Gobierno. Alrededor de las 5.15 concluyó en el despacho de la Gobernación el encuentro entre Bussi y Juri y de allí la acción se trasladó al Salón Blanco.
A las 5.30, el escribano de Gobierno, Arcadio Molina, le tomó el juramento a Bussi, quien lo hizo apoyando una mano sobre un crucifijo. Juró “por Dios, la patria, los Santos Evangelios y el honor militar” cumplir la función de interventor militar de la provincia. En ese momento todavía no recibía el apelativo de gobernador. Fue una ceremonia breve, sin discursos, a la que sólo asistieron oficiales del Ejército y un grupo de directores de medios de comunicación locales, previamente citados. Según consigna la crónica periodística, Bussi les prometió “encontrarse pronto para tomar un café”.
También asumieron en ese momento los miembros de un improvisado primer gabinete, todos oficiales del Ejército: José María Bernal Soto (ministro de Gobierno), Roberto Lapegüe (Economía), Francisco Gutiérrez (Bienestar Social), José Roberto Abba (Fiscal de Estado) y Salvador Anadón (secretario general de la Gobernación).
El país estaba en dictadura y ese rostro había asomado cuando del 24 de marzo transcurrían unos pocos minutos, antes incluso de que Bussi cumpliera con el formalismo de jurar en Casa de Gobierno. Isauro Arancibia, secretario general de Atep, y su hermano Arturo yacían acribillados por un grupo de tareas. Arreciaba la tormenta, implacable, propia de un día gris.
Producción periodística: Guillermo Monti
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