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Foto: Nuevo Diario Salta
El Ministerio Público Fiscal ingresó a la polémica por el casamiento que se realizó en la Quebrada de las Conchas, una región protegida dentro de Cafayate. La celebración se llevó a cabo este fin de semana y la intendenta del lugar, Rita Guevara, realizó la denuncia al desconocer si se trataba de un evento autorizado o no, ya que incluyó el armado de un escenario entre los cerros rojos.
Según denunció la intendenta, la boda habría tenido una autorización ilegal con una firma falsa que simulaba ser la del secretario de Turismo y Ambiente. Al constatar el origen apócrifo del permiso, la fiscal Sandra Rojas del MPF tomó parte en el asunto. De ahora en adelante, la investigación procurará determinar si se emitió un permiso o si hubo falsificación de instrumento público con maniobras ilegales de habilitación.
Los detalles de la boda en Cafayate
Los protagonistas de la boda fueron Nicole Pocoví y Federico Maran, que se casaron, festejaron e hicieron fotos en el ambiente protegido. La fiesta se llevó a cabo en la ruta provincial 68 a la altura del paraje La Punilla. El periódico El Tribuno indicó que la Unidad Fiscal Contravencional también tomó intervención por violación de normativas vigentes en materia ambiental y de uso de espacios protegidos.
Por otra parte, el funcionario con la firma involucrada, Alejandro Aldazábal, negó haber emitido un permiso para la realización del evento. “Ese documento es falso”, señaló, de forma categórica. “El papel que exhibían es un papel que no tiene los membretes, no tiene número de expediente, no tiene resolución, es muy desprolijo”, aseguró. También manifestó que se usó una foto de su firma y se adjuntó sobre el documento. “Se nota a kilómetros que es una foto pegada”, sentenció.
Perjuicio sobre un espacio protegido en Cafayate
La Municipalidad de Cafayate también hizo un comunicado en el que dio a conocer la denuncia en la Quebrada. “Se recuerda que se trata de un área protegida, por lo que su uso está sujeto a normativas específicas para su preservación”, se indicó en el documento. También se pidió la intervención policial para asegurar el cumplimiento de las reglas de protección.
Las autoridades del departamento reafirmaron su compromiso con el cuidado del entorno natural y solicitaron a la comunidad y los turistas respetar las disposiciones establecidas para la protección de estos espacios.
Según publicó el diario La Nación, Lucía Grajales Soriano fue una de las organizadoras del evento y también una de las voces que hablaron desde el círculo interno de la boda. La mujer sostuvo que el evento se realizó en una propiedad privada perteneciente a su familia y argumentó tener derecho a utilizar el espacio. “Se respetaron todas las leyes. Había abogados y un juez de la Corte Suprema. Fueron 110 invitados”, aseguró.
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