Por Nahuel Toledo
31 Marzo 2026
La CGT celebró el freno judicial a la reforma laboral
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La Justicia argentina suspendió 82 artículos de la reforma laboral tras un amparo de la CGT, que celebró el fallo por considerar que el decreto vulnera derechos fundamentales.
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El dictamen frena cambios en despidos y huelgas ante posibles riesgos legales. El Gobierno apelará la medida, acusando a la central obrera de defender intereses corporativos.
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Mientras se resuelva la cuestión de fondo, rigen las leyes laborales previas. El caso escalará a instancias superiores, definiendo el futuro de la ambiciosa reforma del Ejecutivo.
ALCANCE. La medida afecta artículos de la Ley de Contrato de Trabajo
La Justicia Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral, una decisión que la Confederación General del Trabajo (CGT) recibió como un triunfo estratégico. Para la central obrera, este fallo representa un paso fundamental en la protección de los derechos laborales.
El dictamen judicial advierte que las disposiciones impugnadas podrían vulnerar derechos fundamentales de manera inmediata, afectando la tutela del trabajo, la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Desde la CGT, sostienen que la denominada “Ley de Modernización Laboral” no es más que una degradación de las condiciones de trabajo que debilita la acción sindical y contradice los compromisos internacionales de Derechos Humanos asumidos por Argentina, bajo la premisa de que la libertad económica por sí sola no garantiza la justicia social.
Apelación
En contraste, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, confirmó que apelará la resolución del Juzgado Nacional del N° 63. El Poder Ejecutivo rechaza los argumentos sindicales, alegando que estos sectores priorizan intereses corporativos por sobre las reformas necesarias para combatir el desempleo y el estancamiento económico. Para la gestión actual, la norma es una herramienta fundamental que busca promover el empleo formal y la competitividad.
La estrategia legal del Estado se centrará en cuestionar la legitimación activa de la CGT para establecer la demanda y en defender la presunción de legitimidad de la actividad legislativa. El Gobierno sostiene que la suspensión de la ley afecta el interés público y el principio de división de poderes, subrayando que la normativa fue concebida como un mandato de gestión para modernizar el mercado laboral. Por ello, han manifestado su intención de agotar todas las instancias judiciales para restablecer la vigencia plena de la Ley N° 27.802.
Mientras no se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de fondo de la reforma, la suspensión provisional obliga a mantener la vigencia de las leyes anteriores. Esto garantiza que, por el momento, sigan rigiendo las protecciones tradicionales en casos de despido, condiciones salariales y reglas de organización sindical. El conflicto ahora se traslada a las instancias superiores, donde se definirá el futuro de una de las reformas más ambiciosas y controvertidas de la actual administración.
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