Por Luis María Ruiz
31 Marzo 2026
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El juez rechazó un planteo de Molinuevo para no borrar los posteos contra Jaldo
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El juez Pedro Cagna rechazó el recurso de Soledad Molinuevo para evitar borrar posteos contra el gobernador Osvaldo Jaldo en Tucumán, ratificando la orden judicial previa.
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La Sala V Civil y Comercial denegó la revocatoria solicitada por la diputada de La Libertad Avanza. El fallo busca moderar comentarios digitales realizados contra el mandatario.
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La medida establece un precedente sobre los límites de la expresión política en redes. Se anticipa una apelación por parte de la defensa ante instancias judiciales superiores.
DIPUTADA POR LA LIBERTAD AVANZA. Soledad Molinuevo, abogada y dirigente política. Foto de X
La diputada nacional Soledad Molinuevo (LLA) recibió un segundo revés en la demanda iniciada por el gobernador, Osvaldo Jaldo, a partir de posteos y comentarios en las redes sociales que el mandatario consideró agraviantes.
El juez en lo Civil y Comercial de la Capital de la V Nominación, Pedro Daniel Cagna, resolvió "desestimar la solicitud de suspensión provisoria de los efectos ejecutorios de la sentencia recurrida" por la referente libertaria. Con ello, el magistrado ratificó la medida autosatisfactiva que ordena a Molinuevo borrar los contenidos objetados por el jefe del Poder Ejecutivo.
Más allá de esto, la diputada -con el patrocinio letrado de Ricardo José Tomás Paz- anticipó su decisión de agotar instancias en esta disputa judicial con el tranqueño, argumentando entre otros puntos que está siendo objeto de censura y que no se vulneraron sus prerrogativas como miembro del Congreso de la Nación.
En ese sentido, el juez Cagna sí hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por Molinuevo, por que se formó un nuevo incidente en el marco de este expediente y la cuestión pasará a ser revisada por un tribunal superior.
Mientras tanto, la representante legal del gobernador en esta causa, Paula Morales Soria, advirtió que Molinuevo "tiene la obligación" de desactivar los comentarios considerados agraviantes, y advirtió que, de lo contrario, la diputada nacional estará incurriendo "en una desobediencia judicial".
De un hecho violento a los comentarios en redes
El caso se originó luego del brutal cabezazo que sufrió el diputado Federico Pelli (LLA) en La Madrid por parte del empleado de la comuna rural de Los Ralos, Marcelo "Pichón" Segura, quien permanece detenido y bajo prisión preventiva en la cárcel de Benjamín Paz, acusado de lesiones graves agravadas por alevosía.
Jaldo decidió iniciar una demanda el 13 de marzo producto de una serie de comentarios publicados en las redes sociales por Molinuevo.
Entre otros puntos, a través de su abogada, el mandatario objetó que se lo vinculara con la agresión a Pelli; cuestionó que se le endilgaran "prácticas mafiosas"; y rechazó la postura de Molinuevo de hacer responsable al tranqueño de "lo que pueda pasarme a mí, a mi familia y a todo el equipo de La Libertad Avanza". Por ello, además de pedir la supresión de las expresiones consideradas agraviantes -se incluyeron los links de cada una de ellas-, requirió las disculpas públicas de la referente libertaria.
"La diputada puede opinar lo que quiera sobre la gestión o sobre el gobierno, pero no puede atribuir delitos sin prueba alguna al gobernador", advirtió Morales Soria, quien insistió con que no se pretende censurar a Molinuevo, sino resguardar el honor de Jaldo.
El 15 de marzo, el juez Cagna dictó la primera sentencia, en la que hizo lugar parcialmente a las pretensiones del mandatario. Si bien ordenó a Molinuevo "eliminar de manera inmediata (...) las publicaciones" y "abstenerse de reiterar afirmaciones fácticas similares", consideró que no correspondía en esta instancia avanzar con el pedido de disculpas.
Los planteos de Molinuevo contra la decisión del juez
La diputada fue notificada dos días después sobre la resolución. Y más tarde, junto al abogado Paz, formalizó una serie de planteos.
Por un lado, advirtió sobre “la incompetencia material del fuero ordinario provincial para seguir entendiendo en estas actuaciones, por encontrarse directamente comprometida una prerrogativa funcional de fuente constitucional federal propia de una diputada nacional”.
En paralelo, para el caso de que no se le diera la razón en este punto, interpuso un recurso de apelación en contra de la sentencia del 15 de marzo, así como la suspensión de la orden de borrar los comentarios.
Una nueva sentencia: "no admite interpretaciones"
El juez Cagna dictó una nueva sentencia este lunes, y cuya notificación se hizo efectiva a las partes este martes a primera hora. Allí, el magistrado analizó la procedencia de la suspensión requerida por Molinuevo. Y recordó que el ordenamiento procesal vigente establece "en forma expresa y categórica el régimen recursivo aplicable a las sentencias dictadas en el marco de tutelas autosatisfactivas". "En efecto, el art. 477 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán dispone que dichas decisiones podrán ser impugnadas mediante 'recurso de apelación, el cual será concedido sin efecto suspensivo'. La claridad de la norma no admite interpretaciones que, por vía indirecta, neutralicen su contenido", aseveró.
En esa línea, el magistrado indicó que "la ejecutoriedad inmediata de la sentencia constituye un elemento estructural del diseño legislativo de las tutelas urgentes, en las cuales la eficacia temporal de la decisión resulta consustancial a la protección del derecho invocado, lo contrario implicaría desvirtuar la solución normativa adoptada por el legislador, sustituyendo la regla legal de ejecutoriedad por una excepción no prevista".
Con todo ello, el juez Cagna rechazó el recurso de revocatoria interpuesto. A la vez, ante la posibilidad de causar gravamen irreparable, concedió el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria por la diputada, con lo que el asunto será abordado por un tribunal superior.
En paralelo a la causa por los comentarios de Molinuevo, se mantiene la disputa por la competencia. De hecho, la diputada formalizó una demanda el 26 de marzo en los tribunales federales para plantear la inhibición del fuero provincial y requerir el pase de la causa a la Justicia Federal de Tucumán. Así, se esperan nuevos capítulos en esta controversia.
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