Confirman al fiscal que investigará el presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal

La investigación por presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán sumó un nuevo capítulo con el rechazo al planteo de recusación contra el fiscal federal Agustín Chit, quien continuará al frente de la acusación en la causa que tiene como principal implicado al abogado Luis Alejandro Ontiveros. La resolución judicial descartó los argumentos de la defensa y ratificó la continuidad del Ministerio Público Fiscal en la conducción de la investigación, en un proceso de fuerte impacto institucional.

El planteo había sido promovido por los defensores de Ontiveros, representados por el estudio jurídico de Miguel Ángel Pierri, quienes invocaron una supuesta falta de objetividad del fiscal y solicitaron su apartamiento. Sostuvieron que existían “motivos serios y razonables” que comprometían su imparcialidad, apoyándose en distintos actos procesales y en una presunta relación personal con el denunciante, el funcionario de ARCA Mario Alberto Martínez Salazar Pérez.

Uno de los ejes del planteo fue una conversación de WhatsApp entre el denunciante y una colega, que -según la defensa- evidenciaría un vínculo impropio con el fiscal y la existencia de supuestos favores personales. También cuestionaron decisiones de la investigación, como la negativa a producir determinadas pruebas y la supuesta falta de impulso en una denuncia por falso testimonio.

Al contestar la recusación, Chit rechazó esos argumentos y sostuvo que se trataba de una interpretación “recortada” y “funcional” a la estrategia defensiva. Señaló que de la lectura completa de la conversación “no surge que haya solicitado favor personal alguno” y que los dichos invocados no guardan relación con la causa ni con su actuación como fiscal, desarmando así el eje central del planteo. En ese mismo sentido, el fiscal abordó puntualmente la referencia que hizo la defensa sobre la intervención de un supuesto “secretario” vinculado a su persona. Chit fue categórico al afirmar que esa afirmación es incorrecta y explicó que no cuenta con un secretario en los términos que se pretende insinuar. Aclaró además que la mención en el chat corresponde, en realidad, a un secretario del camarista Mario Leal, y no a un integrante de su equipo de trabajo, lo que -según sostuvo- evidencia una confusión o tergiversación deliberada de los hechos por parte de la defensa. “Como si fuera poco, se refiere a una relación inexistente, en  tanto ningún fiscal federal cuenta con “secretario” en términos coloquiales o en términos  formales, un secretario privado, tal como sucede con el secretario privado que tiene un Juez  Federal (Verbigracia el Dr. Mario Leal, Vocal de la Cámara cuenta con dos secretarios  privados: los hermanos del investigado Ontiveros, que trabajan dentro de su despacho)”, respondió Chit.

El fiscal también contestó a los cuestionamientos sobre la denuncia por falso testimonio, indicando que fue acumulada a la causa principal por razones de economía procesal y que esa decisión fue convalidada por el juzgado. En esa línea, defendió la legalidad de su actuación y advirtió que el planteo de recusación podría inscribirse en una estrategia orientada a “entorpecer el normal desarrollo de la investigación”.

Al resolver el incidente, el juez José Manuel Díaz Vélez coincidió con ese análisis y rechazó la recusación. Recordó que este tipo de planteos son de carácter excepcional y que quien los promueve debe demostrar de manera concreta la afectación de la objetividad del fiscal, lo que no ocurrió en este caso. También consideró que los argumentos defensivos se apoyan en conjeturas y no en elementos verificables. El magistrado analizó además el contenido de la conversación de WhatsApp y concluyó que, leída en su integridad, refiere a cuestiones administrativas sin relación con la investigación penal, lo que desactiva la hipótesis de un vínculo impropio entre el fiscal y el denunciante. En consecuencia, resolvió rechazar la recusación y mantener a Chit al frente de la causa.

La investigación se originó a partir de la denuncia de Martínez Salazar Pérez, quien, representado por el abogado Juan Andrés Robles, afirmó que Ontiveros le ofreció gestionar un fallo favorable en una causa judicial que involucraba a su hijo Jerónimo, a cambio de una suma de entre 80.000 y 100.000 dólares. A partir de allí, se desplegó una pesquisa orientada a determinar la existencia de un posible esquema de intermediación dentro de la justicia federal tucumana.

Entre las medidas en curso se destacan peritajes sobre dispositivos electrónicos, especialmente el teléfono celular de Ontiveros, así como el análisis de audios, imágenes y registros de comunicaciones que podrían acreditar los contactos y gestiones denunciadas. También se investigan los vínculos del imputado con el entorno del camarista Leal y su eventual incidencia en el funcionamiento interno de la Cámara teniendo en cuenta que su esposa, Solana Casella, es la relatora particular de Leal aunque se aclaró que por el momento ni ella ni el camarista están sujetos a esta investigación.

Con la situación del fiscal ya resuelta, la causa avanza hacia una etapa clave: la definición de la fecha de indagatoria de Ontiveros, instancia que será determinante para el avance del proceso. En ese escenario, el resultado de las pruebas en curso y las decisiones judiciales pendientes marcarán el rumbo de un expediente que sigue generando fuerte repercusión por sus implicancias sobre la credibilidad del sistema judicial federal en Tucumán.