Por Luis María Ruiz
01 Abril 2026
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Denuncian a la diputada Molinuevo por no haber borrado las publicaciones contra Jaldo
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La abogada del gobernador Osvaldo Jaldo denunció a la diputada Soledad Molinuevo en Tucumán por desobediencia judicial al no borrar publicaciones críticas en redes sociales.
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La medida surge luego de que la Justicia rechazara un planteo de la legisladora para mantener los posteos. La querella pidió la intervención del Ministerio Público Fiscal.
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Este caso profundiza la tensión política en Tucumán y establece un precedente sobre los límites de la libertad de expresión de funcionarios ante mandatos judiciales.
JALDO VS MOLINUEVO. Prosiguen las tensiones judiciales entre el gobernador y la diputada.
El gobernador Osvaldo Jaldo, a través de su abogada, Paula Morales Soria, denunció este miércoles a la diputada nacional Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza) por incumplimiento judicial, luego de la sentencia que ordena la eliminación de una serie de publicaciones consideradas agraviantes contra el jefe del Poder Ejecutivo (PE).
La presentación se formalizó ante el juez de la V Nominación en lo Civil y Comercial de la Capital, Pedro Cagna, quien entiende en la causa promovida el 13 de marzo por el mandatario.
Molinuevo había realizado estas publicaciones tras la brutal agresión sufrida por el diputado Federico Pelli (LLA) en La Madrid por parte del empleado de la comuna de Los Ralos, Marcelo "Pichón" Segura, quien está detenido bajo prisión preventiva en la cárcel de Benjamín Paz.
En las los posteos, la diputada alude a "prácticas mafiosas y oscuras de la vieja política", y hace "responsable al gobernador y al ministro del interior de Tucumán de lo que pueda pasarme a mi, a mi familia y a todo el equipo de La Libertad Avanza".
En la sentencia, el juez Cagna hizo lugar parcialmente a lo requerido por Jaldo -no consideró oportuno expedirse respecto al pedido de disculpas públicas- e instó a la referente de LLA a eliminar los comentarios incluidos en la demanda.
Tras esto, Molinuevo -representada por el abogado Ricardo José Tomás Paz- planteó un recurso para solicitar la suspensión de la resolución judicial Cagna se inclinó por el rechazo, aunque concedió este martes el recurso de apelación, por lo que la cuestión pasará a ser analizada por un tribunal superior.
A la vez, la dirigente liberal recurrió a la Justicia Federal de Tucumán para solicitar la inhibitoria del fuero local en entender en la causa, por considerar que están en juego prerrogativas como miembro del Congreso de la Nación y que se la está censurando. También objetó la competencia provincial en su contestación ante el Juzgado Civil y Comercial.
Nueva presentación
Sin embargo, como los posteos siguen activos, la abogada de Jaldo efectuó este miércoles una nueva presentación ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de la V Nominación.
El objeto del escrito es "denunciar el incumplimiento grave, reiterado y deliberado de la sentencia autosatisfactiva dictada en autos, solicitando se ordene el estricto e inmediato cumplimiento de la misma con habilitación de días y horas inhábiles, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias (astreintes), y se disponga la remisión de antecedentes al Ministerio Público Fiscal por la posible comisión del delito de desobediencia judicial".
Morales Soria enumeró las distintas instancias que se superaron en esta causa. Y advirtió que "no existe absolutamente ningún margen jurídico que habilite el incumplimiento" de la sentencia del 15 de marzo.
"Estamos frente a una conducta extremadamente consciente, Intencional, Estratégicamente orientada a eludir una orden judicial. La demandada es abogada, lo que implica: conocimiento pleno del régimen de las medidas autosatisfactivas; conocimiento de que la apelación carece de efecto suspensivo; y conocimiento de la obligación inmediata de cumplimiento. Pese a ello, interpuso un planteo solicitando suspensión, a sabiendas de su improcedencia legal. Intentó generar una apariencia de duda jurídica inexistente. Y, lo más grave, persistió en el incumplimiento incluso luego de que el tribunal rechazara expresamente dicha suspensión", añadió la letrada en el escrito, al que accedió LA GACETA.
En un petitorio de siete puntos, Morales Soria requirió que se intime a Molinuevo "con habilitación de días y horas inhábiles a dar estricto e inmediato cumplimiento a la medida ordenada". Además, que se fije un plazo perentorio y breve, bajo apercibimiento de ley; y se impongan astreintes (sanciones conminatorias diarias) en caso de incumplimiento.
También pidió que se ordene "la remisión de antecedentes al Ministerio Público Fiscal por la posible comisión del delito de desobediencia judicial" y "se tenga presente la conducta procesal de la demandada a todos sus efectos".
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