Rechazan el acuerdo del secretario de Energía de la provincia y la causa por uso indebido de DNI avanza: deberá declarar como imputado

El fiscal federal Agustín Chit rechazó la propuesta de reparación integral presentada por el secretario de Energía de la Provincia, Martín Sebastián Viola, debido a que el funcionario no cumplió con el pedido formal de ofrecer disculpas públicas y presentó una donación para los inundados del sur que fue calificada como "absolutamente insuficiente". Ante este incumplimiento en la causa donde se investiga la suplantación de identidad digital de Julián Echazú Toneatti, el Ministerio Público Fiscal solicitó la clausura de la instancia de mediación y la prosecución del trámite penal. Con este dictamen, Viola pierde el beneficio de una salida alternativa y deberá ser indagado y posiblemente procesado por el Juzgado Federal N° 2 por el uso ilegítimo de documento nacional de identidad.

La investigación penal se precipitó cuando se comprobó que los comentarios difamatorios publicados en el diario LA GACETA contra el funcionario municipal Alejandro Sangenis fueron realizados desde una cuenta digital creada con el DNI de Echazú Toneatti. Las pruebas técnicas fueron determinantes: la suscripción al diario fue abonada con una tarjeta de crédito de Martín Viola y la cuenta se dio de alta desde una dirección IP vinculada al funcionario. Además, la Fiscalía resaltó que tanto el imputado como la víctima residen en el mismo edificio, lugar donde el denunciante había sacado su billetera con el documento nacional de identidad meses atrás. Viola desde el principio rechazó las acusaciones y aseguró que sus cuentas bancarias habían sido hackeadas y que así se había pagado la suscripción digital desde la cual, a nombre de Echazzu Toneatti, se atacó a Sangenis.

Tras una audiencia de acercamiento, el fiscal Chit le había otorgado a Viola la oportunidad de cerrar el proceso mediante una reparación que consistía en disculpas públicas en el mismo medio donde se produjeron los agravios y un aporte económico significativo para los afectados por las inundaciones en el sur de la provincia. Sin embargo, al presentar su descargo por escrito, la defensa de Viola omitió las disculpas y propuso un monto que la acusación consideró irrisorio frente al daño causado. Esta postura fue interpretada por la querella como una maniobra para eludir la responsabilidad penal sin reconocer el hecho.

La abogada Stella Belén Salas, apoderada de Echazú Toneatti, ratificó su rechazo total a lo pretendido por Viola y exigió que el proceso legal siga su curso hasta las últimas consecuencias. “No aceptaremos soluciones simbólicas que pretendan saldar delitos federales con montos irrisorios”, advirtió la letrada, quien además sostuvo que la cercanía del imputado con el poder político no debe ser un escudo de impunidad, sino un agravante ético. La querella solicitó formalmente la culminación de todas las medidas de prueba para restaurar el buen nombre de la víctima, quien se vio involuntariamente involucrada en una campaña de difamación. A pesar de que Viola había negado inicialmente los cargos alegando un presunto hackeo de su cuenta bancaria y denunciando una "maniobra política", los informes técnicos, registros bancarios y peritajes informáticos presentados por el fiscal Chit sostienen la acusación de uso ilegítimo de documento nacional de identidad, delito previsto en la Ley 20.974.

La Fiscalía ha sido enfática en que ya se ha formalizado la acusación mediante un dictamen, lo que deja al secretario de Energía casi sin margen para nuevas presentaciones. El avance de la causa ahora depende del Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez subrogante Guillermo Díaz Martínez, que tras el rechazo de la reparación, debe proceder con el llamado a indagatoria del funcionario provincial. La víctima sostiene que la inacción o las soluciones a medias solo refuerzan la percepción de un sistema legal preferencial para quienes ocupan cargos públicos, por lo que demanda una aplicación estricta de la ley. Con la vía del acuerdo cerrada, el procesamiento de Viola aparece como el posible siguiente paso en este expediente que tiene en alerta a un sector político de Casa de Gobierno.