El Gobierno nacional lanzó una nueva ronda de recortes en los ministerios

El Gobierno nacional profundizó su hoja de ruta fiscal mediante un pedido formal de ajuste a los nueve ministerios de la administración libertaria. La orden, impartida durante la última reunión de Gabinete en Casa Rosada y con el aval inicial del presidente Javier Milei, exige a cada cartera un recorte del 2% en sus gastos corrientes y una poda del 20% en sus gastos de capital. Esta medida busca blindar el programa económico frente a la caída de los ingresos fiscales y la necesidad de sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

Los titulares de las carteras de Salud, Capital Humano, Justicia, Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores, Economía, Desregulación e Interior tienen como fecha límite el jueves 30 de abril para entregar su plan de optimización. Este plazo no es azaroso ya que coincide con el día posterior a la presentación de Adorni en la Cámara de Diputados, donde deberá defender su gestión y responder más de 4.500 preguntas de la oposición. El escenario es doblemente complejo para el ministro coordinador, quien debe articular el ajuste mientras sus equipos técnicos preparan las respuestas relativas a la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde el entorno oficial aseguran que “la motosierra sigue”, inscribiendo este pedido en una tendencia que ya muestra resultados contundentes. Hasta el mes de marzo, el gasto público registró una reducción del 3,3%, afectando principalmente partidas sensibles como la obra pública, las transferencias discrecionales a las provincias y los haberes del sector público. Según datos oficiales, los salarios estatales ya experimentaron una baja del 6,1% en el primer trimestre, mientras que las partidas destinadas a Asignaciones Familiares y AUH también sufrieron recortes cercanos al 3,7%.

Exigencia del FMI

Este nuevo torniquete financiero responde a la presión de mantener las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige un superávit primario del 2,2% para este año. Si bien el Gobierno logró acumular un superávit primario del 0,4% del PBI durante el primer bimestre, el frente fiscal se encuentra bajo amenaza por diversos factores externos. La gestión de Milei observa atención con el avance de proyectos legislativos opositores, como el de financiamiento universitario y la reforma laboral, que podrían comprometer la recaudación o elevar el gasto de manera imprevista.

Este endurecimiento de las metas de gasto obliga a los ministros a revisar contratos, servicios tercerizados y gastos operativos que ya habían sido reducidos en la primera etapa del gobierno. La exigencia de recortar un 20% en gastos de capital es particularmente sensible, ya que impacta de forma directa en las pocas inversiones en infraestructura y equipamiento que aún permanecían en pie. En los pasillos de las carteras afectadas, la preocupación radica en cómo mantener la operatividad básica sin resentir la prestación de servicios esenciales, especialmente en áreas críticas como Salud y Seguridad.

En definitiva, la Casa Rosada busca ratificar su compromiso con el déficit cero en un contexto de fragilidad política y parlamentaria. El éxito de esta nueva ronda de recortes será fundamental para proyectar la meta del 1,5% de superávit establecido en el Presupuesto 2026. Mientras tanto, cada ministro deberá realizar un ejercicio de ingeniería contable para cumplir con las exigencias del Presidente y su ministro coordinador, en un clima donde la austeridad se ha convertido en la principal, y casi única, moneda de cambio de la gestión libertaria. Además, para Adorni, el cumplimiento estricto de este plan de ajuste funciona también como un activo político personal en un momento donde su patrimonio está bajo escrutinio público.