Clausuraron el edificio del TOF por riesgo de incendio o electrocución

Las intensas lluvias de los últimos días, combinadas con el deterioro estructural que arrastra el edificio ubicado en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco, terminaron por exponer una situación límite en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán: fallas graves en el sistema eléctrico obligaron a cerrar la sede y suspender la actividad presencial, en una medida excepcional que se extenderá hasta nuevo aviso ante un serio riesgo de incendio.

La decisión fue adoptada por la presidenta del tribunal, la jueza subrogante Carina Farías, y comenzó a regir este martes 14 de abril a las 7. La resolución, firmada por el secretario de Cámara Hugo del Sueldo Padilla, dispuso “la prohibición de ingreso de cualquier persona a la sede ubicada en calle Chacabuco 125 de San Miguel de Tucumán”, ante un escenario calificado como de “riesgo inminente”.

El detonante fue un informe técnico de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), que alertó sobre la posibilidad concreta de electrocución y/o incendio debido al deterioro generalizado de las instalaciones eléctricas. Ese diagnóstico terminó de precipitar una medida que ya venía siendo reclamada por sectores sindicales y advertida en distintos ámbitos judiciales.

Lejos de tratarse de fallas puntuales, el cuadro descripto apunta a un compromiso estructural del sistema eléctrico del edificio, lo que obliga a una intervención de fondo antes de retomar la actividad normal. En ese contexto, la clausura preventiva implica la paralización de la actividad ordinaria del tribunal, afectando tanto a trabajadores como a funcionarios y al público que habitualmente concurre a la sede. Según se informó, las últimas lluvias además provocaron anegamientos en el subsuelo del edificio, donde están las centrales eléctricas, haciendo más compleja la situación.

Para evitar la interrupción total del servicio de justicia, la resolución habilita un esquema de contingencia: los secretarios del tribunal y los titulares de los Ministerios Públicos que funcionan en el edificio quedaron facultados para arbitrar los medios necesarios que garanticen la atención de aquellas medidas que no admitan demora.

La decisión no fue adoptada mediante una acordada formal del tribunal, sino a través de una resolución de presidencia, dictada con carácter urgente frente a la gravedad de la situación. El cierre se mantendrá por tiempo indeterminado, hasta tanto se logre resolver la crisis eléctrica que afecta al inmueble. En el edificio, además del personal del TOF, trabaja el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría Oficial, además de una guardia de Gendarmería. Se calcula que unas 60 personas concurren a diario a cumplir labores.

El episodio vuelve a poner en primer plano las condiciones edilicias de la Justicia Federal en Tucumán, un problema de larga data que ahora encuentra en el TOF una de sus expresiones más críticas. Mientras tanto, la incertidumbre se traslada a los plazos de normalización y al impacto que esta paralización tendrá en el desarrollo de juicios y audiencias en curso.