Caso Adorni: el funcionario no había declarado un inmueble en un country
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Manuel Adorni informó a la Oficina Anticorrupción la compra de un inmueble en un country un año después de la operación, tras una exigencia judicial por presunto enriquecimiento.
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La omisión ocurrió en su declaración de 2025 sobre un bien de 2024. La justicia investiga un préstamo privado de 100.000 dólares y la compatibilidad de ingresos del funcionario.
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El juez Lijo determinará si hubo una falla administrativa o una omisión maliciosa según la Ley de Ética Pública, lo que definirá la situación procesal del Jefe de Gabinete.
Manuel Adorni.
El Jefe de Gabinete Manuel Adorni informó a la Oficina Anticorrupción la compra de un inmueble en Indio Cua un año después de la operación. La presentación se realizó luego de que la Justicia exigiera la documentación completa en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La cronología de los hechos revela una inconsistencia administrativa en las obligaciones del funcionario. Su esposa, Bettina Angeletti, adquirió la propiedad el 15 de noviembre de 2024, pero Adorni omitió consignar este bien en el anexo reservado de su declaración jurada presentada en agosto de 2025. El Jefe de Gabinete recién dio cuenta de la casa este mes, con el avance de la investigación judicial a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes habían solicitado a la Oficina Anticorrupción (OA) la totalidad de los documentos.
Ingeniería financiera
La investigación pone el foco en la ingeniería financiera detrás de la adquisición. El mismo día de la compra del inmueble en Exaltación de la Cruz, el matrimonio formalizó un préstamo hipotecario de 100.000 dólares con dos particulares, poniendo como garantía un departamento anterior sobre la avenida Asamblea.
Según las declaraciones testimoniales de la escribana Adriana Nechevenko y de las prestamistas en Comodoro Py, ese crédito se destinó a cancelar parte del precio de la casa en el country y, hasta el momento, se habrían cancelado 30.000 dólares de la deuda.
Los investigadores analizan ahora si los ingresos de Adorni como funcionario y la actividad de su esposa, quien figuraba como monotributista, son compatibles con la suma de este inmueble, una camioneta y un nuevo departamento en Caballito. Desde el punto de vista legal, la Ley de Ética Pública y el Código Penal castigan la omisión “maliciosa” de datos en las declaraciones patrimoniales. Si bien Adorni procedió a rectificar la información ante la OA, la Justicia deberá determinar si la demora fue una falla administrativa o un intento de ocultamiento.























