Por Luis María Ruiz
16 Abril 2026
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La diputada Molinuevo, con un dictamen fiscal adverso antes de la sentencia del juez
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El Ministerio Público Fiscal emitió un dictamen adverso contra la diputada Soledad Molinuevo (LLA) en la demanda del gobernador Osvaldo Jaldo por falta de una cuestión federal.
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La fiscalía rechazó el argumento de la legisladora libertaria en un proceso derivado de sus posteos contra el mandatario. El caso aguarda ahora la sentencia final del juez.
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Este revés judicial complica la estrategia de Molinuevo y podría establecer un límite jurídico a la inmunidad o fueros planteados en conflictos mediáticos entre funcionarios.
La diputada nacional Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza.
La diputada nacional Soledad Molinuevo recibió un dictamen adverso del Ministerio Público Fiscal (MPF) en la causa que se tramita en el fuero civil y comercial local, a partir de la demanda interpuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo por posteos que consideró agraviantes. Ahora, el juez de la V° Nominación, Pedro Cagna, pasará a dictar sentencia respecto a la competencia federal planteada por la dirigente de La Libertad Avanza (LLA).
Si bien esta opinión no es vinculante, se trata de una nueva negativa respecto a las pretensiones de Molinuevo para que el expediente sea remitido a la Justicia Federal de Tucumán.
Además, Molinuevo ya tuvo que borrar -bajo protesta- las publicaciones alusivas al gobernador que había efectuado n sus redes sociales, y que habían motivado el inicio de la acción judicial por parte del tranqueño, el 13 de marzo pasado.
La agente fiscal Civil de la II° Nominación, Ana María Rosa Paz, analizó los argumentos planteados por la representante legal de Jaldo, Paula Morales Soria, y por Molinuevo, con el patrocinio de Ricardo José Tomás Paz.
En términos generales, la postura de la diputada nacional es que la causa debe ser tramitada por la Justicia Federal, dado que a su criterio se ven comprometidas las prerrogativas que detentan los miembros del Congreso de la Nación.
En cambio, la posición que planteó la abogada del gobernador es que no se trataron de dichos enmarcados en su rol parlamentario -por ejemplo, críticas a la gestión-, sino la imputación de delitos sin pruebas en contra de la figura del titular del Poder Ejecutivo.
En el dictamen, la Fiscalía consideró -entre otros puntos- que "el objeto del litigio constituye una controversia de derecho común, vinculada a la eventual responsabilidad derivada de expresiones públicas, materia que, por su naturaleza, corresponde ser resuelta por la Justicia provincial".
"En suma, conforme la pretensión deducida, no resultan aplicables las disposiciones que determinan la competencia federal, más aún cuando se tiene en cuenta el carácter excepcional de la misma", se apuntó en el dictamen.
A la vez, se incluyó jurisprudencia en la que se menciona que "se tiene decidido que, en los casos que involucran a un funcionario federal, la competencia del fuero de excepción sólo se halla justificada cuando los hechos aparecen vinculados al desempeño de sus funciones como tal".
"Por aplicación de estos principios, entiende este Ministerio, que no existe en el caso una cuestión federal que justifique la intervención de la justicia de excepción, ni mucho menos un supuesto que autorice a desplazar la jurisdicción provincial", resumió Paz.
En definitiva, la representante del Ministerio Público Fiscal indicó que, a su criterio, esa sala del fuero civil y comercial local "es competente para continuar entendiendo en la presente causa".
Al despacho del juez
Con el cumplimiento de este paso procesal, el expediente pasó al despacho del juez para la resolución del planteo efectuado por Molinuevo.
En esta causa, Cagna dictó una medida autosatisfactiva el 15 de marzo que ordenó a la diputada nacional la eliminación de las publicaciones cuestionadas en la demanda (se vinculaba al gobierno con "prácticas mafiosas", entre otras expresiones).
La dirigente de LLA recurrió la resolución (dio de baja los posteos bajo protesta, tras una nueva orden judicial), y a la vez planteó ante la Justicia Federal la inhibitoria de los tribunales provinciales, aunque esta acción judicial no prosperó.
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