El Concejo aprobó que universidades tucumanas sean consultoras preferenciales del municipio
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El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó una ordenanza para declarar a universidades locales y al Conicet como consultoras preferenciales del Estado municipal.
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La norma, impulsada por Canelada y Cobos, establece la prioridad obligatoria de contratar a la UNT, UTN y otras entidades para asesoramiento técnico y servicios de investigación.
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Esta iniciativa busca fortalecer el vínculo entre el Estado y el sector científico, promoviendo políticas basadas en evidencia y mayor transparencia en la gestión pública.
LOS CONCEJALES. Ordenanza impulsada por los concejalesJosé María Canelada y Gustavo Cobos
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó una ordenanza impulsada por los concejalesJosé María Canelada y Gustavo Cobos que declara como consultoras preferenciales del Estado municipal a la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Tecnológica Nacional –Facultad Regional Tucumán–, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y la Universidad San Pablo-T y el Conicet NOA Sur.
La norma establece que estas instituciones podrán ser contratadas de manera directa por el municipio para la prestación de servicios de asesoramiento, investigación, asistencia técnica y otros de naturaleza académica o profesional. Además, dispone que la prioridad en su contratación será de cumplimiento obligatorio para toda la administración pública municipal, tanto centralizada como descentralizada, incluyendo entes autárquicos, empresas del Estado y sociedades con participación estatal.
“Estamos dando un paso importante para mejorar la calidad de las decisiones públicas. Tucumán tiene universidades con enorme capacidad técnica, arraigo territorial y compromiso con la realidad local. Lo razonable es que el Estado municipal las tenga como primera referencia al momento de planificar y ejecutar políticas”, señaló Canelada.
Los autores del proyecto destacaron que la medida apunta a fortalecer el vínculo entre el municipio y el sistema universitario, promoviendo políticas públicas basadas en evidencia y conocimiento aplicado. “No se trata solo de contratar servicios, sino de construir una relación estratégica que eleve el nivel técnico del Estado y, al mismo tiempo, fortalezca el sistema científico y educativo de la provincia”, agregaron.
La ordenanza también busca dotar de mayor transparencia a los procesos de contratación, estableciendo criterios claros y trazables, y reduciendo la discrecionalidad en la selección de consultoras externas.




















