Tras la donación y las disculpas, la Fiscalía Federal solicitó la extinción de la acción penal para el secretario de Energía

En una resolución que marca un punto de inflexión en la causa penal contra el secretario de Energía de la Provincia, Martín Viola, el fiscal federal Agustín Chit solicitó formalmente al Juzgado Federal N° 2 el sobreseimiento y la consecuente extinción de la acción penal. El Ministerio Público Fiscal consideró que el funcionario ha cumplido con los requisitos de una reparación integral al acreditar la donación de 5 millones de pesos a Cáritas y haber manifestado disculpas públicas hacia el damnificado. De esta manera, el proceso por el uso ilegítimo de identidad digital de Julián Echazú Toneatti entra en su etapa final, quedando ahora en manos del juez federal la homologación de este acuerdo que pondría fin a la persecución penal contra el integrante del gabinete provincial.

Todo comenzó cuando Echazú Toneatti extravió su DNI en la cochera del edificio donde reside, el mismo inmueble donde vive Viola. Poco después, el denunciante descubrió que sus datos personales habían sido usurpados para crear una cuenta digital desde la cual se emitieron comentarios injuriantes contra el funcionario municipal Alejandro Sangenis. La investigación de la fiscalía resultó determinante al rastrear la suscripción paga de dicha cuenta hasta una tarjeta de crédito perteneciente al Secretario de Energía, lo que derivó en la apertura de una causa penal que ha mantenido al funcionario bajo la lupa judicial durante meses.

A lo largo del proceso, la defensa técnica de Viola buscó evitar el desgaste jurisdiccional apelando a las herramientas que ofrece el Código Procesal Penal Federal para delitos con escalas penales que permiten soluciones alternativas. Tras una serie de audiencias y presentaciones, el fiscal Chit había establecido pautas para una reparación que lograra subsanar el daño a la fe pública y la afectación personal del denunciante. La resolución conocida ahora confirma que el funcionario depositó la suma de 5 millones de pesos a favor de la Arquidiócesis de Tucumán, con destino específico a las familias damnificadas por las inundaciones en la localidad de La Madrid, cumpliendo así con el componente económico del acuerdo propuesto.

Otro eje central del dictamen fiscal para solicitar el sobreseimiento fue el pedido de disculpas públicas que Viola realizó a través de sus canales oficiales. En su declaración, el funcionario manifestó lamentar los inconvenientes y aflicciones sufridas por Echazú Toneatti, asegurando que su intención siempre fue colaborar con la administración de justicia, hecho que fue publicado en LA GACETA. Si bien el imputado mantuvo su discrepancia jurídica sobre el fondo del asunto, el fiscal interpretó que este gesto, sumado al aporte monetario, satisface los estándares de la reparación integral previstos por la ley. Para la fiscalía, una vez verificado el cumplimiento de estas condiciones, el Estado pierde el interés de continuar con el castigo penal, priorizando la composición del conflicto entre las partes.

Sin embargo, este cierre no llega con el consenso de la víctima. La representante legal del perjudicado, Stella Belén Salas, ha mantenido una postura de rechazo absoluto, cuestionando la "suficiencia" de la reparación. La querella argumentó que el monto de la donación es irrisorio dada la jerarquía política del imputado y que las disculpas por redes sociales carecen de la formalidad necesaria para restaurar el honor afectado. Pese a la vehemencia de este planteo, el dictamen del fiscal Chit recuerda que, según la jurisprudencia y la normativa vigente, la opinión de la víctima no es vinculante para el Ministerio Público cuando se trata de evaluar la conveniencia de una salida alternativa, siempre que los criterios de razonabilidad estén cumplidos.

En su escrito, el fiscal Chit fue enfático al señalar que la reparación integral no implica necesariamente una confesión de culpabilidad, sino un mecanismo para extinguir la acción penal mediante la satisfacción del interés público y privado. Subraya que la justicia penal moderna debe tender a soluciones que reparen el tejido social dañado, especialmente en casos donde no existe violencia física ni una afectación irreparable. Bajo esta óptica, el representante del Ministerio Público consideró que mantener abierta la causa significaría una inversión de recursos estatales innecesaria ante un imputado que ha demostrado voluntad de subsanar los efectos de su conducta.

La resolución de la fiscalía ya ha sido notificada a las partes, otorgando un plazo de tres días para que la querella pueda solicitar una revisión ante un fiscal superior, algo que ya se hizo. No obstante, el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, estará en condiciones de homologar lo solicitado y dictar el sobreseimiento definitivo de Martín Viola.

La causa entra ahora en una cuenta regresiva técnica. Si se sigue el camino trazado por el fiscal Chit, el caso del DNI extraviado y los comentarios digitales quedará archivado.