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Punto por punto: los cambios clave que propone la nueva Ley de Discapacidad del Gobierno
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El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto de ley para reestructurar el sistema de pensiones por discapacidad y endurecer los requisitos de acceso en todo el país.
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La norma exige reempadronamiento, elimina incentivos laborales inclusivos y establece una incompatibilidad total entre la percepción del beneficio y el empleo formal registrado.
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La reforma implica un cambio de paradigma hacia la "invalidez laboral", limitando el enfoque de derechos sociales y desregulando los aranceles de las prestaciones médicas.
El Gobierno nacional formalizó el envío al Senado de un proyecto de ley que pretende reestructurar de manera integral el sistema de pensiones y prestaciones por discapacidad en Argentina. La iniciativa surge en un contexto de revisión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y busca, según el texto oficial, delimitar con mayor rigor quiénes deben recibir asistencia estatal.
A continuación, los puntos centrales de la reforma que propone el oficialismo y cómo afectarían a los actuales y futuros beneficiarios del sistema:
Reempadronamiento obligatorio y fiscalización
Uno de los pilares del proyecto es la exigencia de un reempadronamiento obligatorio. Todos los titulares de pensiones por invalidez deberán acreditar nuevamente su condición médica, su situación socioeconómica y sus antecedentes laborales.
El incumplimiento de este trámite o de los nuevos requisitos resultará en la suspensión automática y posterior baja del beneficio. Para asegurar este control, el Estado habilitará cruces de información entre ANSES, ARCA (ex AFIP) y SINTyS. En caso de detectar cualquier "inconsistencia", el Gobierno podrá aplicar suspensiones preventivas antes de iniciar un proceso de defensa.
Incompatibilidad con el empleo formal
El texto establece una "incompatibilidad absoluta" entre la percepción de la pensión y cualquier tipo de empleo registrado o inscripción en regímenes laborales. Esto significa que una persona con discapacidad que acceda a un trabajo formal perdería automáticamente su derecho a la prestación.
En esta misma línea, el proyecto elimina incentivos para el sector privado, suprimiendo los programas de reconocimiento y beneficios para empresas que fomenten la inclusión laboral de este colectivo.
Montos, topes y eliminación de adicionales
El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio. No obstante, el cambio más significativo es la eliminación de la facultad del Ejecutivo para otorgar aumentos adicionales por dos conceptos que rigen actualmente:
Desregulación de prestaciones y aranceles
En materia de salud, el proyecto introduce una modificación estructural al eliminar el nomenclador de prestaciones. Esto implica que ya no existirán aranceles homogéneos garantizados por el Estado para los servicios que reciben las personas con discapacidad.
La normativa propone desregular la negociación entre prestadores y obras sociales o prepagas. Además, se autoriza la firma de convenios con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que estas administren y distribuyan los fondos destinados a la atención médica.
Regreso al modelo de "Invalidez Laboral"
Finalmente, el proyecto marca un cambio de paradigma legal al derogar los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional N° 27.793. Con esto, se busca abandonar el criterio amplio de "discapacidad" basado en derechos sociales para retornar a un modelo de "invalidez laboral".
Este enfoque retrotrae la legislación a un estado previo, donde el foco principal de la ayuda estatal es la incapacidad física o mental para generar ingresos, endureciendo los criterios de acreditación médica para acceder a la cobertura.
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