Muerte en Simoca: “Hay testimonios de otros detenidos que aseguran que fue golpeado por policías”

“Vamos a pedir que se profundice la investigación. Es un caso que tiene una gravedad institucional muy fuerte. No puede quedar impune”, sostuvo Benjamín Arévalo Núñez, representante legal de la familia de Jonathan Emmanuel “Nando” Rodríguez, que falleció el 6 de abril después de haberse descompensado en un calabozo de la comisaría de Simoca. Los parientes del hombre aseguran que su muerte fue consecuencia de apremios ilegales.

“Fue una aprehensión totalmente excesiva. Es cierto que había generado incidentes con los policías que acudieron al llamado de su hermano, pero debería haber sido trasladado a un centro asistencial para ser atendido por su problema de consumo”, indicó el profesional en una entrevista con LA GACETA. “Los uniformados le dieron a la fiscalía una información falsa sobre lo que había sucedido y por eso se aprobó su aprehensión. Pero cuando se detallaron todas las evidencias, ordenaron que fuera puesto en libertad porque no había cometido delito alguno”, resumió.

Arévalo Núñez dijo que otro detenido le contó que “Nando” había sufrido apremios ilegales porque no se calmaba. “Al parecer, según lo aportado por este testigo, lo podrían haber torturado con una práctica que se está haciendo común en las dependencias policiales. A los detenidos les ponen un casco de motocicleta y les arrojan gas pimienta para que lo aspiren”, señaló. “El informe preliminar de la autopsia determinó que había broncoaspirado, un cuadro que podría haberse generado por el castigo que recibió”, indicó.

Medidas especiales

El Protocolo de Minnesota es una guía internacional elaborada por la Organización de las Naciones Unidas que establece cómo deben investigarse las muertes potencialmente ilícitas, especialmente cuando hay sospechas de intervención estatal. En este caso en particular, se tuvo en cuenta que la investigación se inició en contra de un grupo de policías que prestan servicios en la comisaría de Simoca.

La decisión más importante fue haber separado de las actuaciones a la Policía. Por cuestiones de objetividad, las medidas serán realizadas por el personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF). Estos agentes fueron los que realizaron ayer el allanamiento en la comisaría de Simoca, operativo que generó un importante revuelo en esa ciudad porque coincidió con una marcha organizada por la familia de “Nando”.

Salas ya tomó declaración a varias personas. Entre ellas, a una enfermera que habría desmentido algún tipo de abuso policial mientras Rodríguez estaba internado y que no habría señalado que recibió un castigo físico. También fue entrevistado un detenido que habría confirmado que “Nando” gritó, pero no pudo precisar los motivos.

En una audiencia, el juez Javier Núñez Campero aceptó el pedido realizado por Arévalo Núñez, que consistía en que se tomra declaración a todos los presos de la comisaría de Simoca, planteo al que el Ministerio Público se oponía por el momento. Para cumplir con estas medidas, los arrestados deben ser trasladados a la fiscalía, que deberá controlar que no sufran ningún tipo de represalias. Mientras tanto, Salas espera los resultados de las pericias médicas que se hicieron. Este informe será clave para encaminar la investigación del caso.