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Caso Odebrecht: el fiscal Luciani pidió cuatro años de prisión para Julio De Vido
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El fiscal Diego Luciani pidió este jueves cuatro años de prisión para Julio De Vido por direccionar obras de gasoductos a Odebrecht entre 2006 y 2008 ante tribunales federales.
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La fiscalía sostiene que se manipularon licitaciones por 2.300 millones de dólares mediante Cammesa para favorecer a la firma brasileña, ignorando principios básicos de transparencia.
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Tras los alegatos de la defensa el 12 de mayo, los jueces dictarán sentencia. Este tramo juzga negociaciones incompatibles, mientras sigue la instrucción por el pago de coimas.
Julio De Vido
El fiscal Diego Luciani solicitó este jueves una condena de cuatro años de prisión para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, en el marco del juicio oral por uno de los tramos de la causa Odebrecht.
El representante del Ministerio Público formuló su pedido durante el alegato desarrollado en las últimas dos audiencias, en las que se analizan presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de ampliación de dos gasoductos entre 2006 y 2008.
Según describió Luciani, el proceso licitatorio habría sido direccionado en favor de la empresa brasileña, en un contrato que superó los 2300 millones de dólares y que, a su criterio, vulneró “todos los principios básicos de contratación pública”.
Además de De Vido, el fiscal acusó al ex secretario de Energía Daniel Cameron; al ex subsecretario de Combustibles Cristian Folgar; al ex gerente general y ex vicepresidente de Cammesa, Luis Alberto Beuret; y al ex subgerente de esa compañía Julio Armando Bragulat.
Para Cameron, el fiscal pidió una pena de cuatro años de prisión, mientras que para Folgar solicitó tres años y seis meses. En el caso de Beuret, requirió una condena de tres años y medio. Para Bragulat, en cambio, pidió la absolución al considerar que no pudo acreditarse que “haya conocido los alcances de la maniobra”.
En la acusación, Cammesa aparece como una pieza clave dentro del esquema estatal que, según la fiscalía, permitió desplazar a las empresas transportistas y direccionar la contratación de las obras hacia Odebrecht.
“Se soslayó así los más básicos principios que deben guiar a toda contratación pública: la eficiencia en la contratación para cumplir el interés público comprometido y llegar a un resultado esperado, la promoción de la concurrencia de interesados, la promoción de la sana competencia entre oferentes, la transparencia en los procedimientos, la publicidad y difusión de las actuaciones, y la igualdad de tratamientos para todos los interesados y los oferentes”, sostuvo Luciani durante su alegato.
La causa se originó como una derivación del caso Skanska, también en etapa final de juicio oral, y se enfoca en la ampliación de los gasoductos operados por Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur.
El juicio comenzó en diciembre y está a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel. En esta instancia se analiza exclusivamente el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, mientras que el tramo vinculado al presunto pago y cobro de coimas continúa en etapa de instrucción.
Los alegatos de las defensas comenzarán en la próxima audiencia, prevista para el 12 de mayo.
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