Salta vuelve a tener ley de lemas de cara a 2027
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El Senado de Salta sancionó la ley de Participación Democrática para los comicios de 2027, la cual permite la suma de votos internos y exige mayor representación territorial.
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La reforma limita las listas internas, obliga a tener presencia en 15 departamentos y establece el recuento manual del 100% de las urnas para auditar el sistema de voto electrónico.
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Mientras el oficialismo defiende el sesgo federal de la norma, la oposición y expertos advierten sobre un posible deterioro democrático y la formación de hegemonías políticas.
SOMETIDO A VOTACIÓN. Legisladores salteños dieron fuerza de ley a las modificaciones en el régimen electoral.
En una sesión que redefinió el tablero político de Salta, la Cámara de Senadores de Salta convirtió en ley el proyecto de “Participación Democrática”. Con 21 votos afirmativos y un solo voto en contra, la iniciativa obtuvo la sanción definitiva, introduciendo cambios estructurales en la competencia partidaria, el sistema de votación y el proceso de escrutinio para los próximos comicios.
El nuevo marco normativo ratifica que el Gobernador y el Vicegobernador seguirán siendo elegidos por voto directo del pueblo y a simple mayoría de sufragios. Sin embargo, la reforma introduce una modificación sustancial en la ingeniería electoral: la suma de votos internos. En las alianzas que presentan varias listas para cargos legislativos y municipales, los sufragios de los diferentes candidatos se acumularán en beneficio del postulante más votado dentro de ese mismo espacio.
Uno de los pilares de la ley es el fortalecimiento de la estructura territorial. A partir de ahora, cualquier fuerza política que aspire a la Gobernación deberá presentar listas en todas las categorías en al menos quince de los veintitrés departamentos de la provincia vecina. Esta medida busca terminar con las candidaturas “mediáticas” o centradas exclusivamente en la capital, exigiendo un compromiso real con el interior salteño.
Durante el debate, el senador Juan Cruz Curá (Unidos por Salta) defendió fervientemente la iniciativa, calificándola como un acto de responsabilidad institucional. “Modernizar la ley electoral no es una opción, es una obligación”, afirmó. Según Curá, el rumbo de la ley es claro: mayor representación territorial, federalismo real y respeto por la voluntad de la gente, fortaleciendo la democracia al reflejar lo que el ciudadano votó.
Por su parte, el senador Dani Nolasco (Compromiso por Salta) destacó que la exigencia de presencia en 15 departamentos evita que se omita la realidad de los salteños del “interior profundo”. Nolasco subrayó que la reforma aporta transparencia al sistema y recordó que la eliminación de las PASO permitirá reasignar fondos públicos hacia emergencias sociales en un contexto de recorte de recursos nacionales.
Nolasco también fue tajante al desestimar las críticas que comparan el sistema con el de otras provincias. “Hay que ser claros: el candidato más votado gana las elecciones, como viene sucediendo desde el retorno de la democracia”, sentenció, buscando despejar dudas sobre la legitimidad del proceso y la elección directa de la máxima autoridad provincial.
En la vereda opuesta, el único voto disidente fue el del senador libertario Roque Cornejo. Con un discurso crítico, calificó la reforma como “caprichosa y arbitraria”. Cornejo argumentó que el sistema de acumulación de votos es inconstitucional y que se asemeja a los modelos electorales de provincias como Formosa, denunciando que la ley busca “empoderar a candidatos caudillos”.
“Es inconstitucional por donde lo vean”, disparó Cornejo, señalando que tanto para el cargo de intendente como para concejales la Constitución exige el voto directo. Según el legislador de La Libertad Avanza, la reforma atenta contra los partidos políticos y las agrupaciones municipales, planteando el escenario actual como una disyuntiva entre “feudalismo o libertad”.
Más allá de la controversia política, la ley introduce cambios técnicos en la Boleta Única Electrónica. La pantalla de votación ahora dará prioridad visual a los candidatos: el 80% del espacio se destinará a la foto y el número de lista sobre fondo blanco, dejando solo el quinto inferior para nombres y símbolos partidarios, facilitando así la identificación rápida por parte del elector.
En un giro hacia un escrutinio más transparente, la reforma establece la obligatoriedad de abrir el 100% de las urnas en el escrutinio definitivo. El Tribunal Electoral deberá realizar un recuento manual, boleta por boleta, del texto impreso frente a los fiscales. Esta disposición pretende auditar íntegramente el soporte físico del voto electrónico y eliminar cualquier sospecha sobre la integridad del proceso.
Asimismo, la nueva normativa limita la fragmentación electoral al restringir la cantidad de listas internas: los frentes podrán presentar hasta cuatro listas y los partidos individuales solo dos. De acuerdo a los argumentos vertidos por el oficialismo salteño este reordenamiento busca simplificar la oferta electoral y evitar que la excesiva dispersión de candidatos confunda al votante al momento de encontrarse frente a la pantalla.
Sujeto olvidado
El politólogo y consultor de datos en IA Franco Galeano lanzó una dura advertencia sobre el avance de esta reforma. Según Galeano, la nueva norma no responde a una demanda social, sino a una necesidad de la “maquinaria política” para retener el poder, de cara al proceso electoral del próximo año. “Está ampliamente documentado que uno elige a un candidato dentro de un sublema, pero ese voto termina sumando para otro espacio con el que quizás ni siquiera se coincida ideológicamente”, sentenció, calificando al sistema como una distorsión directa de la voluntad ciudadana.
Para el especialista, el mayor peligro reside en la eliminación de la alternancia democrática. Galeano citó los casos de Formosa, Santa Cruz y San Luis, donde la implementación de este sistema generó hegemonías de más de veinte años. “La democracia es un sistema donde los partidos pierden elecciones”, recordó citando al académico Adam Przeworski, y señaló que en Salta el panorama es preocupante: “La provincia es menos democrática que hace diez años; hay un claro deterioro de la institucionalidad y un avasallamiento sobre los poderes de control”.
El profesional también puso el foco en la confusión que este sistema genera en el electorado. Explicó que, debido a las alianzas actuales en Salta, la Ley de Lemas produciría situaciones “incongruentes” donde un votante podría elegir a un candidato peronista y terminar favoreciendo a uno del PRO (o viceversa) por encontrarse dentro del mismo lema. “El ciudadano queda olvidado. Se oscurece el proceso de elección y se genera un sesgo a favor del oficialismo, dificultando que el votante comprenda realmente qué está apoyando con su sufragio”, remarcó.





















