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La Justicia investiga contratos entre proveedores del Estado y la empresa de la esposa de Adorni
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El juez Ariel Lijo investiga contratos entre proveedores del Estado y la consultora de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en Argentina.
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Tras denuncia de Marcela Pagano, Lijo pidió informes a Datco y National Shipping para determinar si el coaching de +BE ocultó retornos de fondos públicos al entorno de Adorni.
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La investigación escala junto a causas por enriquecimiento ilícito y movimientos financieros de U$S 100.000, poniendo bajo la lupa la transparencia patrimonial del jefe de Gabinete.
Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba en la investigación que involucra a la empresa de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades en contrataciones vinculadas al Estado nacional.
La causa apunta a esclarecer si la consultora +BE, dedicada al coaching empresarial y propiedad de Angeletti, fue beneficiada mediante contratos con empresas proveedoras del Estado que podrían haber funcionado como un mecanismo de retorno de fondos públicos.
En ese marco, el magistrado solicitó a las firmas Datco, National Shipping y Foggia Group que presenten en forma detallada toda la documentación relacionada con operaciones comerciales y facturación realizadas con +BE.
Según la investigación, Grupo Datco presta servicios para ARCA, AySA y Aerolíneas Argentinas; National Shipping es contratista de YPF; mientras que Foggia Group aparece vinculado a la concesión de Tecnópolis.
La pesquisa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien pidió investigar si la empresa de Angeletti recibió contrataciones de manera irregular.
Además de requerir información a las compañías involucradas, Lijo solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) que identifique a los beneficiarios finales de las contrataciones y remita los legajos societarios correspondientes.
El magistrado también pidió a la Jefatura de Gabinete, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones, que informe si Datco, National Shipping y Foggia Group figuran como contratistas recurrentes del Estado nacional y que acompañe la documentación de los respectivos procesos de adjudicación.
La investigación paralela por enriquecimiento ilícito
La causa se tramita en paralelo a otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Además, existen otras dos pesquisas vinculadas al jefe de Gabinete: una relacionada con un viaje familiar a Punta del Este y otra sobre un presunto vínculo comercial con el periodista Marcelo Grandio.
Uno de los puntos que incrementó la atención judicial es que Adorni asumió en enero de 2026 como director titular de YPF en representación del Estado, circunstancia que otorga especial relevancia al vínculo entre National Shipping y la petrolera estatal.
Hasta el momento no existen imputaciones formales ni procesamientos en esta causa. Sin embargo, la Justicia analiza posibles delitos como fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.
La situación patrimonial de Adorni
Días atrás, el juez Lijo también dispuso el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA, la agencia tributaria bonaerense, tanto de Adorni como de su esposa, en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito.
La medida había sido solicitada por Pollicita y está relacionada con pagos destinados a la compra y remodelación de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
El expediente busca determinar si existieron inconsistencias u omisiones en las declaraciones juradas del funcionario y si los movimientos de dinero detectados se corresponden con los ingresos declarados oficialmente.
La Justicia también analiza transferencias realizadas entre distintas billeteras digitales utilizadas por Adorni y otras cuentas bancarias o virtuales asociadas.
En ese contexto, bajo análisis aparecen movimientos financieros que podrían rondar los U$S 100.000, aunque el monto definitivo todavía no fue determinado y continúa sujeto a peritajes y cruces de información.
Dentro de la reconstrucción patrimonial que lleva adelante la Justicia también surgió una herencia recibida tras el fallecimiento de su padre. Según trascendió, el funcionario posee el 33% de un terreno heredado y figura además un departamento en el que actualmente reside su madre.
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