Se armó un revuelo en las redes por un video que muestra a Cristina Kirchner en la calle y sin custodia policial
Las imágenes fueron difundidas por un usuario de TikTok y muestran a la ex presidenta regresando a su domicilio en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025. La ausencia de efectivos uniformados generó múltiples reacciones.
Un video de Cristina Fernández de Kirchner caminando por la vía pública sin custodia policial visible generó un fuerte revuelo en las redes sociales. Las imágenes, difundidas por un usuario de TikTok, muestran a la ex presidenta descendiendo de un vehículo y reingresando a su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde permanece detenida desde junio de 2025 tras su condena en la causa Vialidad.
El episodio habría ocurrido este miércoles. Según publicó la persona que compartió el video, la ex mandataria salió de su casa a las 9.15 y regresó a las 14.07.
Lo que despertó la atención y la indignación de numerosos usuarios fue que Cristina Kirchner caminó por la vereda sin presencia de efectivos uniformados. Durante el trayecto estuvo acompañada por un hombre vestido de civil, identificado como su custodio Diego Carbone. En total eran cuatro los hombres que escoltaban a la ex presidenta, aunque ninguno pertenecía visiblemente a una fuerza de seguridad.
Hasta el momento no hubo una comunicación oficial sobre los motivos de la salida. Sin embargo, fuentes judiciales le confirmaron a Infobae que el traslado estuvo vinculado con un control médico.
En el video también se escucha a una mujer que le grita mensajes de amor y admiración a la ex presidenta. Cristina Kirchner frenó su marcha, giró hacia la persona y respondió con un saludo usando su mano izquierda antes de ingresar nuevamente al edificio.
La escena ocurrió apenas un día después de otra aparición pública de la dirigente peronista. El martes, la dos veces presidenta había salido al balcón de su departamento para saludar a militantes que se acercaron hasta el lugar luego de participar de la Marcha Federal Universitaria.
Una de las columnas que se había movilizado en Plaza de Mayo continuó hasta San José 1111 para expresarle apoyo político. Pasadas las 19, Cristina Kirchner salió al balcón y saludó a los manifestantes que se concentraban en una esquina que, desde el inicio de su prisión domiciliaria, se convirtió en un punto habitual de reunión militante.
El domicilio donde cumple la condena de seis años por la causa Vialidad se encuentra a menos de dos cuadras de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, una de las unidades académicas con mayor actividad política y frecuente participación en este tipo de movilizaciones.
La jornada de protesta había sido convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. La movilización reunió a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores en distintos puntos del país y representó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.
En paralelo, el Tribunal Oral Federal 2 aguarda una respuesta de la Corte Suprema de Justicia para avanzar con el decomiso de bienes dispuesto en el fallo de la causa Vialidad, medida que ya fue confirmada por la Cámara Federal de Casación.
Según publicó Infobae, el TOF2 envió un oficio a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal para que determine si algunos de los inmuebles alcanzados por el decomiso podrán ser utilizados por la Corte o por el Consejo de la Magistratura “por razones de un mejor servicio de justicia”.
La presentación fue firmada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, en el marco de la ejecución del decomiso. Contra esa medida, la defensa de Cristina Kirchner presentó esta semana un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
Entre los bienes alcanzados figuran propiedades de la ex presidenta y del empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, quien también fue condenado a seis años de prisión por administración fraudulenta debido a la adjudicación irregular de obras viales en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.




















