30 Agosto 2002
La mayoría de los pequeños productores agropecuarios o minifundistas argentinos, y en particular los de Tucumán, son los que llevan la peor parte en cuanto a las posibilidades de lograr un desarrollo armónico y equilibrado en la región. Lo cierto es que, por la crisis actual, muchos de ellos no participan de los beneficios que produce el desarrollo, salvo los casos de aquellos productores que tienen capacidad para exportar productos de calidad, que cuentan con volumen de producción y presentan una continuidad productiva.
La reflexión pertenece a la doctora Luciana Díaz de García, docente e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, donde dirige un proyecto de investigación referido al tema y que, recientemente, aprobó la tesis final de su maestría en La Rávida, Universidad Internacional de Andalucía. El trabajo fue sobre "Los derechos económicos, sociales y culturales de los pequeños productores argentinos en el marco del Mercosur".
Respecto de los impactos que sufren las familias minifundistas, la experta describió los siguientes: a) aumento del índice de pobreza rural y del éxodo del campo hacia la ciudad; b) búsqueda de planes asistenciales sociales; c) búsqueda de inserción laboral o en empleos públicos, que es la meta de la mayoría de las familias rurales; d) pérdida de los hábitos de autogestión y abandono de la huerta y del predio rural.
"Por eso, entendemos que hacia los casi 10.000 productores que hay en Tucumán, además de sus grupos familiares, deben estar dirigidos nuestros esfuerzos, respetando su forma de vida y reconociendo el aporte que significan para la economía argentina, en particular referida a la agricultura y la ganadería", indicó.
Coordinación
Hizo incapié en la necesidad de aunar todos los esfuerzos profesionales y económicos que existen, pero que están muy desperdigados e incomunicados.
"Uno de los nuestros objetivos, y algo ya estamos logrando con las comunidades con las cuales trabajamos, es coordinar los esfuerzos de todos los que trabajan en desarrollo rural -que son muchos-, pero que a veces están desconectados", señaló.
Otra de las tareas a emprender, dijo la doctora Díaz de García, es -desde la Facultad de Derecho de la UNT-, "brindarles al asesoramiento legal sobre cómo pueden hacer para sobrevivir en esta gran competitividad".
"Nuestro objetivo es agruparlos y coordinarlos, para que puedan producir con calidad, con un buen precio y que puedan hacer negocios", indicó. "Después los prepararemos para integrarse al Mercosur y para exportar en el futuro, porque ahora la meta es mejorar localmente e insertarse en los mercados de consumo de Tucumán y la región", concluyó.
La reflexión pertenece a la doctora Luciana Díaz de García, docente e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, donde dirige un proyecto de investigación referido al tema y que, recientemente, aprobó la tesis final de su maestría en La Rávida, Universidad Internacional de Andalucía. El trabajo fue sobre "Los derechos económicos, sociales y culturales de los pequeños productores argentinos en el marco del Mercosur".
Respecto de los impactos que sufren las familias minifundistas, la experta describió los siguientes: a) aumento del índice de pobreza rural y del éxodo del campo hacia la ciudad; b) búsqueda de planes asistenciales sociales; c) búsqueda de inserción laboral o en empleos públicos, que es la meta de la mayoría de las familias rurales; d) pérdida de los hábitos de autogestión y abandono de la huerta y del predio rural.
"Por eso, entendemos que hacia los casi 10.000 productores que hay en Tucumán, además de sus grupos familiares, deben estar dirigidos nuestros esfuerzos, respetando su forma de vida y reconociendo el aporte que significan para la economía argentina, en particular referida a la agricultura y la ganadería", indicó.
Coordinación
Hizo incapié en la necesidad de aunar todos los esfuerzos profesionales y económicos que existen, pero que están muy desperdigados e incomunicados.
"Uno de los nuestros objetivos, y algo ya estamos logrando con las comunidades con las cuales trabajamos, es coordinar los esfuerzos de todos los que trabajan en desarrollo rural -que son muchos-, pero que a veces están desconectados", señaló.
Otra de las tareas a emprender, dijo la doctora Díaz de García, es -desde la Facultad de Derecho de la UNT-, "brindarles al asesoramiento legal sobre cómo pueden hacer para sobrevivir en esta gran competitividad".
"Nuestro objetivo es agruparlos y coordinarlos, para que puedan producir con calidad, con un buen precio y que puedan hacer negocios", indicó. "Después los prepararemos para integrarse al Mercosur y para exportar en el futuro, porque ahora la meta es mejorar localmente e insertarse en los mercados de consumo de Tucumán y la región", concluyó.












