04 Julio 2003
La preservación del medio ambiente es un fin loable en si mismo porque afecta la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. Se ha desarrollado un idealismo ético alrededor de esta idea que impulsan distintos movimientos ambientalistas. Pero a menudo, este idealismo choca con el utilitarismo económico que rige la vida de los pueblos. Economistas y ambientalistas, filosóficamente enfrentados, coinciden sin embargo en aceptar que la ecología será el mayor problema comercial que habrá que resolver en el Siglo XXI.
En efecto, ya se percibe un creciente fuego cruzado entre los sostenedores de las políticas de libre mercado y los ambientalistas. El foco de discusión se centra en las regulaciones ambientales que deben regir el comercio entre países y regiones.
La recomendación -para los países que carecen de regulaciones- es iniciar cuanto antes la carrera, no solamente para ganar competitividad, sino para preservar mercados exigentes.
El punto de partida para estructurar un sistema de producción de alimentos con regulaciones ambientales es la administración ambiental. Nuestro país y en particular Tucumán, si bien dieron un paso gigantesco al implementar un sistema de producción conservacionista de granos, se encuentra lejos de generar un sistema de administración ambiental. Es más, parece que se está pasando por un ciclo de quietud debido, quizás, al agobio económico de los productores, al no extender el sistema logrado en granos a la horticultura. Esta es una actividad donde se usa una gran carga química para el control de plagas, y no se ha encarado la implementación de un manejo básico como la rotación de cultivo para producciones intensivas.
La devaluación del peso respecto del dólar provocó un aumento de los insumos agroquímicos, la mayoría de ellos importados y dolarizados. Esto no se está aprovechando para impulsar, desde el Estado provincial y las empresas privadas, el desarrollo de una agenda científica que contemple el menor uso de estos insumos, lo que permitiría una adecuada administración del ambiente orientada a atenuar los impactos ambientales de la agricultura y la agroindustria a lo largo de la cadena alimentaria y una reducción de los costos de producción de cada actividad.
En efecto, ya se percibe un creciente fuego cruzado entre los sostenedores de las políticas de libre mercado y los ambientalistas. El foco de discusión se centra en las regulaciones ambientales que deben regir el comercio entre países y regiones.
La recomendación -para los países que carecen de regulaciones- es iniciar cuanto antes la carrera, no solamente para ganar competitividad, sino para preservar mercados exigentes.
El punto de partida para estructurar un sistema de producción de alimentos con regulaciones ambientales es la administración ambiental. Nuestro país y en particular Tucumán, si bien dieron un paso gigantesco al implementar un sistema de producción conservacionista de granos, se encuentra lejos de generar un sistema de administración ambiental. Es más, parece que se está pasando por un ciclo de quietud debido, quizás, al agobio económico de los productores, al no extender el sistema logrado en granos a la horticultura. Esta es una actividad donde se usa una gran carga química para el control de plagas, y no se ha encarado la implementación de un manejo básico como la rotación de cultivo para producciones intensivas.
La devaluación del peso respecto del dólar provocó un aumento de los insumos agroquímicos, la mayoría de ellos importados y dolarizados. Esto no se está aprovechando para impulsar, desde el Estado provincial y las empresas privadas, el desarrollo de una agenda científica que contemple el menor uso de estos insumos, lo que permitiría una adecuada administración del ambiente orientada a atenuar los impactos ambientales de la agricultura y la agroindustria a lo largo de la cadena alimentaria y una reducción de los costos de producción de cada actividad.
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