El nuevo Gobierno tiene que definir si habrá diálogo o confrontación

La semana pasada los miembros del comité ejecutivo de la Sociedad Rural Argentina sostuvieron por unanimidad en su plenario, que están decididos a solicitar una agenda de trabajo al Gobierno nacional. El motivo es acercarles a las autoridades recientemente constituidas propuestas concretas, tendientes a modificar algunas políticas de Estado en materia agropecuaria, que afectan significativamente la rentabilidad del sector y ponen un cepo a su crecimiento.
Esta postura dialoguista asumida por los máximos dirigentes del agro argentino no deja de tener una gran dosis de humildad y a su vez, de profesionalismo, que se contrapone a la de confrontación asumidas por el PEN.
Los funcionarios de ayer y los de hoy pocas veces aceptaron el diálogo como un medio para rever sus políticas, que, en ninguno de los casos, dieron marcha atrás. Las leyes y decretos implementados causaron gran daño a la rentabilidad de los productores, pero por sobre todo golpearon a los pequeños y medianos productores y a muchas actividades del agro que se desarrollaron en el interior del país.
El resultado de los últimos años se refleja en el desplazamiento de pequeños y medianos productores hacia los centros urbanos, en busca de un futuro mejor ante la falta de respuestas. Pareciera que el tipo de cambio alto no fue pensado para resolver los problemas del agro argentino, sino para buscar una salida a la crisis en la economía en su conjunto, generada durante la época de la convertibilidad.
Fue en esta década cuando además se llegó a hipotecar el mayor porcentaje de hectáreas productivas de toda la historia del país. El grueso de las medidas dictadas, entre las que se encuentran la implantación de las retenciones a las exportaciones; la suspensión de las exportaciones de carne; la suspensión de los registros a los exportadores de trigo y maíz; el impuesto a los créditos y a los débitos bancarios; la regulación de los precios en carne, trigo y leche; el impuesto a las ganancias y la falta concreta de obras de infraestructura (vial, energética, marítima, etc.) asestaron un duro golpe al campo argentino desde el advenimiento de la era Kirchner.

"Lavagnistas"
Los pasos a seguir por los actuales funcionarios dependen directamente de lo que les dictamine el entorno presidencial. Es así que el joven ministro Lousteau, quien se formó bajo el amparo de la escuela "lavagnista", el Ministro Javier de Urquiza (brazo derecho del ex presidente Kirchner) o Moreno (Secretario de Comercio Interior) son personas que tienen un marcado perfil intervencionista y muchos aseguran que no simpatizan con la dirigencia ruralista.
Son funcionarios muy poco amigos del diálogo, defecto que tendrán revertir los hombres que dirigen los destinos del campo, para tratar de llevar el país a buen puerto. Una tarea difícil.
Las medidas utilizadas para controlar los precios internos de algunos productos de la canasta familiar comprometieron la producción futura de determinados alimentos y la actual crisis lechera lo demuestra cabalmente. En el corto plazo, medidas como las pretendidas sólo seguirán perjudicando a los pequeños y medianos productores y en el largo plazo liquidarán las posibilidades de crecimiento y desarrollo nacional. Ejemplo de esto fueron algunas decisiones de productores de la principal cuenca lechera del país, que llevaron a Liniers valiosos ejemplares para ser rematadas a precios ridículos para su faena, lo que redundará en un retroceso frente a sus anteriores inversiones.
No obstante, algunos sectores de Santa Fe y de Córdoba ya decidieron presentar batalla -tras agotar la vía del diálogo- y fue así que Guillermo Giannassi, de FAA, sostuvo que "el Gobierno nacional tendrá que ver la manera de solucionar este problema y presentar una alternativa más tentadora", pero mediante el diálogo y no con imposiciones que a lo único que conducen es a un enfrentamiento sin salida.
Llegó la hora de que las nuevas autoridades decidan si las nuevas políticas agropecuarias seguirán la vía del diálogo o están dispuestos a provocar enfrentamientos estériles entre el sector público y el privado, del que todos saldrán perdiendo. Ambos sectores tienen la palabra.