Los acusados de matar al juez Aráoz continuarán en la cárcel

Ema Hortencia Gómez y Alejandro Darío Pérez perdieron otra batalla en la Justicia. El 14 de diciembre, los miembros de la Cámara de Apelaciones confirmaron que ambos serán juzgados por el homicidio del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz y que además seguirán detenidos en la cárcel hasta que se inicien las audiencias orales. De esta forma, los magistrados terminaron con las esperanzas de los imputados de quedar en libertad, e incluso de ser sobreseídos.
Los jueces Eudoro Albo, Graciela Jiménez y Liliana Vitar analizaron las presentaciones realizadas por los defensores Mario Mirra, por Gómez, y Horacio Guerineau, por Pérez. Los letrados se oponían al auto de elevación a juicio ordenado por el juez de Instrucción Juan Francisco Pisa a solicitud del fiscal Guillermo Herrera, y plantearon nulidades con respecto a varias pericias, tales como comparaciones balísticas y análisis de ADN. Estos estudios, tal como indicó Herrera, son esenciales. Por ejemplo le permitieron al fiscal afirmar que el arma con la que mataron a Aráoz el 26 de noviembre de 2004 pertenecía a Pérez, y ubicar a Gómez en el escenario del crimen, en la casa ubicada en avenida Aconquija al 2.900, a partir de muestras de sangre, de cabellos y de piel.
Hay dos versiones acerca de las circunstancias que rodearon la muerte del magistrado. Herrera sostiene que fue víctima de un crimen pasional. Aráoz y Gómez eran pareja y, según el fiscal, el día del crimen ambos discutieron; la mujer llamó a Pérez para que la defendiera y este, que en ese momento era oficial de Policía, acribilló al juez. Aráoz no murió a causa de los nueve disparos que recibió sino como consecuencia de un shock hipovolémico: se desangró.
Pero la familia de Aráoz, representada por los abogados Benjamín Frías Alurralde, María Dolores Leone Cervera y Dante Julio José Ibáñez, sostiene que el juez fue víctima de una mafia policial que pretendía evitar una investigación sobre la utilización de menores por parte de policías para perpetrar robos y comercializar droga. De hecho, todos los imputados eran o habían sido policías. Además de Gómez (ex agente) y de Pérez, están imputados el oficial (ahora retirado) Andrés Faversani (de homicidio agravado), el comisario (también pasado a retiro) Rodolfo Domínguez y el oficial Rubén Albornoz, de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.Los jueces de la Cámara, al analizar los recursos presentados por los defensores, dieron a entender que en la causa se observaban algunas irregularidades en la instrucción policial, según explicó Mirra. "Aseguran que la causa es compleja, y por eso rechazan el cese de prisión solicitado para mi defendida, quien ya lleva tres años en la cárcel", se quejó el abogado.
Gómez fue detenida el mismo 26 de noviembre, en la casa del juez. Según su versión, ella se dirigió a la casa con Faversani, Albornoz y Domínguez, quienes se encontraban en la comisaría de Banda del Río Salí. Mirra indicó que, ante la resolución de la Cámara, interpuso un recurso de hábeas corpus directamente ante la Corte Suprema de Justicia, que debería ser resuelto hoy. "No hay nada en el Código que indique que una persona puede estar detenida tres años sin sentencia. Es absurdo", dijo Mirra. El abogado adelantó que si la Corte rechaza el recurso, irá en Casación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Entiendo que esto puede dilatar la realización del juicio, pero no nos queda otra alternativa. Consideramos injusta y arbitraria la decisión de los jueces de mantener en prisión a Gómez", afirmó.
Los representantes de la querella, en tanto, se mostraron conformes con la resolución de la Cámara. "No hicieron más que confirmar lo que nosotros veníamos pidiendo", indicó Frías Alurralde. "Teníamos esperanzas de que antes de que terminara el año se conocería la resolución, y así sucedió. Queremos que el juicio se realice lo antes posible", agregó el letrado.