04 Enero 2008
SIN OBSTACULOS. Habrá menos problemas para producir cereales. LA GACETA
El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, vetó la ley que regulaba el funcionamiento de los acopios de cereales a causa de las críticas de los sectores acopiador, procesador y exportador.
En los considerandos del decreto de veto, el mandatario santafesino argumentó incompatibilidades entre la ley 12.824 y las competencias municipales o comunales, e inconsistencias en el articulado de la ley.
La norma, una iniciativa del ex diputado justicialista Claudio Tibaldo, con el apoyo de otros legisladores de su sector, había levantado polémica apenas tomó estado público. En respuesta a reclamos de los habitantes de pueblos y ciudades del interior, que aducían verse afectados por la polución de los acopios y plantas de procesamientos de granos instaladas en los ejidos urbanos, impulsaba su relocalización y la implementación de normas de calidad ambiental.
En una provincia granaria, el costo de llevar adelante una medida así originó la crítica del sector. Además de la inversión costosa del traslado, las ciudades crecen y los radios urbanos se extienden, abarcando a zonas donde están las plantas. Con el tiempo, el proyecto se adaptó y se eliminó la exigencia de relocalización de las plantas y se limitó a que los nuevos acopios no se instalen en zonas urbanas y que implementen una serie de medidas de cuidado medioambiental.
El nuevo gobierno socialista de Binner cuestionó siete de los 17 artículos de los que consta la ley y vetó la norma legal, según un despacho de la agencia Télam.
En los considerandos del decreto de veto, el mandatario santafesino argumentó incompatibilidades entre la ley 12.824 y las competencias municipales o comunales, e inconsistencias en el articulado de la ley.
La norma, una iniciativa del ex diputado justicialista Claudio Tibaldo, con el apoyo de otros legisladores de su sector, había levantado polémica apenas tomó estado público. En respuesta a reclamos de los habitantes de pueblos y ciudades del interior, que aducían verse afectados por la polución de los acopios y plantas de procesamientos de granos instaladas en los ejidos urbanos, impulsaba su relocalización y la implementación de normas de calidad ambiental.
En una provincia granaria, el costo de llevar adelante una medida así originó la crítica del sector. Además de la inversión costosa del traslado, las ciudades crecen y los radios urbanos se extienden, abarcando a zonas donde están las plantas. Con el tiempo, el proyecto se adaptó y se eliminó la exigencia de relocalización de las plantas y se limitó a que los nuevos acopios no se instalen en zonas urbanas y que implementen una serie de medidas de cuidado medioambiental.
El nuevo gobierno socialista de Binner cuestionó siete de los 17 artículos de los que consta la ley y vetó la norma legal, según un despacho de la agencia Télam.
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