03 Abril 2008
Los diez imputados por el caso de María de los Angeles Verón, según sus defensores, esperan desde hace años ser enjuiciados. “Ellos quieren enfrentar a un Tribunal para que allí se confirme su inocencia”, aseguró Roberto Flores, quien, junto con Carlos Posse, defiende a Daniela Natalia Milhen, a José Fernando “Chenga” Gómez, a Gonzalo José Gómez, a Lidia Irma Medina, a María Azucena Márquez, a Domingo Pascual Andrada y a Humberto Juan de Roberti. Todos están imputados por privación ilegítima de la libertad agravada y promoción de la prostitución.
Silvia Furque, representante legal de María Jesús Rivero, coincidió con su colega, aunque aclaró: “mi defendida desde un primer momento estuvo a disposición de la Justicia y colaboró siempre para que la verdad saliera a la luz”.
Alvaro Zelarayán, defensor de Alejandro González, consideró: “no hay ninguna prueba contundente en contra de ninguno de los acusados. Es obvio que todos esperan ser juzgados para demostrar su inocencia”.
Los profesionales coincidieron en señalar que fue la familia de la joven la que entorpeció el normal desarrollo de la causa. “Entiendo el dolor, pero si estas personas no fueron sometidas a un juicio, fue porque ellos se pasaron apelando las decisiones que tomó la Justicia”, comentó Flores.
“La querella es la única que puso trabas. Pareciera mentira, pero con sus planteos, que ya llegaron a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, lo único que hicieron es demorar el inicio del juicio”, expresó Furque.
Según los tres profesionales, este fue un caso atípico. Flores dijo: “la presión política y mediática que realizó la señora Susana Trimarco condicionaron a la Justicia. Por ese motivo hubo inocentes detenidos durante más de dos años”.
Zelarayán explicó que los problemas surgieron porque la causa no fue investigada bien desde un principio. “En los expedientes sólo se pueden encontrar contradicciones. Afortunadamente, la fiscal (Adriana) Reinoso Cuello encontró el rumbo de la causa”, opinó.
Furque, en cambio, sostuvo: “la causa es espantosamente voluminosa; en ella hay una enorme cantidad de contradicciones. No se sabe en qué auto la secuestraron ni en qué ciudades estuvo. En otras palabras, no hay elementos serios que permitan una condena, tal como quiere la querella”.
Silvia Furque, representante legal de María Jesús Rivero, coincidió con su colega, aunque aclaró: “mi defendida desde un primer momento estuvo a disposición de la Justicia y colaboró siempre para que la verdad saliera a la luz”.
Alvaro Zelarayán, defensor de Alejandro González, consideró: “no hay ninguna prueba contundente en contra de ninguno de los acusados. Es obvio que todos esperan ser juzgados para demostrar su inocencia”.
Los profesionales coincidieron en señalar que fue la familia de la joven la que entorpeció el normal desarrollo de la causa. “Entiendo el dolor, pero si estas personas no fueron sometidas a un juicio, fue porque ellos se pasaron apelando las decisiones que tomó la Justicia”, comentó Flores.
“La querella es la única que puso trabas. Pareciera mentira, pero con sus planteos, que ya llegaron a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, lo único que hicieron es demorar el inicio del juicio”, expresó Furque.
Según los tres profesionales, este fue un caso atípico. Flores dijo: “la presión política y mediática que realizó la señora Susana Trimarco condicionaron a la Justicia. Por ese motivo hubo inocentes detenidos durante más de dos años”.
Zelarayán explicó que los problemas surgieron porque la causa no fue investigada bien desde un principio. “En los expedientes sólo se pueden encontrar contradicciones. Afortunadamente, la fiscal (Adriana) Reinoso Cuello encontró el rumbo de la causa”, opinó.
Furque, en cambio, sostuvo: “la causa es espantosamente voluminosa; en ella hay una enorme cantidad de contradicciones. No se sabe en qué auto la secuestraron ni en qué ciudades estuvo. En otras palabras, no hay elementos serios que permitan una condena, tal como quiere la querella”.
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