Hay organismos intervenidos desde hace 21 años

No sólo los aflige lograr un aumento salarial, sino también negociar con el Gobierno una mayor presencia sindical en la administración de los principales organismos públicos.

En rigor, pese a que las normas prevén la participación de los trabajadores en la conducción de muchas reparticiones, la mayoría de los organismos descentralizados del Estado se encuentran intervenidos. Algunos, como el Instituto de Previsión y Seguridad Social, desde hace 21 años.

Irónicamente, en 1990, el decreto que intervenía al Subsidio de Salud fijaba que en seis meses sería integrado el nuevo directorio mediante comicios, para elegir a los representantes de los empleados y de los jubilados. "Fuimos uno de los pocos gremios que tomó frontalmente este tema. Hicimos una campaña juntando 25.000 firmas para la normalización del Instituto. Hace 21 años que está intervenido el Subsidio; debe debatirse una nueva ley, con la normalización incluida. No estamos de acuedo con que la intervención se mantenga por tiempo indefinido", aseveró el secretario general de la Asociación de Trabajadores y Empleados de Previsión y Seguridad Social (Atepyss), Andrés Jaime.

"Debe haber una democratización en la conducción política. Dos personas (interventora y subinterventor) no pueden decidir, bien o mal, sobre la vida de 400.000 afiliados", añadió.

Con esa posición coincidió la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). "Es fundamental que la obra social esté conducida por los trabajadores, que son los verdaderos dueños. Los de ahora son aves de paso", afirmó el dirigente Marcelo Sánchez.

En la misma situación se encuentran el Ente Regulador del Servicio de Agua y Cloacas de Tucumán (Ersact) y el Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán (Epret). Es decir, dos organismos vinculados con la prestación de servicios públicos (deben controlarlos), que fueron privatizados durante los 90. "Lo ideal sería tener un representante de los trabajadores en el directorio", reconoció Raúl Najarro, tesorero de la Asociación de Trabajadores del Ente Regulador de Tucumán (Ateret).

El Ersact resultó intervenido durante la gobernación de Antonio Domingo Bussi, quien hizo lo propio, además, con el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym). Desde entonces, cambian los interventores, pero no la situación administrativa. El Epret, en tanto, fue descabzado por la actual gestión. El gobernador, José Alperovich, además, dispuso idéntica medida contra la Caja Popular de Ahorros, al quinto día de asumir su primer mandato. La situación de esos organismos no varió.

Pese a no tener quejas respecto de los interventores de la Caja Popular, el secretario general de la Asociación Bancaria, Eduardo Bourlé, planteó que el organismo debe estar compuesto por un directorio. "Nunca nos cayó bien la palabra intervención. Por eso, cuando el gobernador lo decida, creo que deberíamos volver a tener un directorio gremial, como lo dice la carta orgánica", afirmó.

El caso del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) es paradigmático. Fue regularizado durante la actual gobernación, luego de dos décadas de interrupciones. Sin embargo, se dejó establecida una nueva estructura, en la cual el ministro de Salud es también el presidente del Siprosa. "Desconozco el funcionamiento de instituciones intervenidas, pero entiendo que deben ser de la gente que corresponde. Si fueron intervenidas es porque algo grave pasó. Pero una vez normalizada la situación puntual, el organismo tiene que pasar a manos de sus verdaderos dueños", dijo el titular del gremio de la sanidad, Reneé Ramírez.