26 Abril 2011
A LA DERIVA. Los barrios Miguel Lillo I y II, Policial IV y Del Buen Vivir carecen de los servicios públicos básicos. LA GACETA / ANTONIO FERRONI
Acorralados por el reglamento parlamentario, los legisladores del oficialismo finalmente aprobarán el jueves la modificación de los límites territoriales de la capital para permitir el traspaso institucional de los barrios Miguel Lillo I y II, Policial IV y Del Buen Vivir, actualmente dentro de la jurisdicción de la comuna de San Felipe y Santa Bárbara.
Fue lo último que dijo antes de la Semana Santa y lo primero que descartó en sus primeras palabras de la semana en curso. Ayer, el gobernador, José Alperovich, admitió que cambió su postura y que aceptará la sanción del polémico proyecto. El miércoles, el mandatario había sido enfático al sostener que no correspondía producir ningún cambio territorial antes de los comicios de agosto, y que cualquier modificación debería esperar hasta después de las elecciones para que no se influya sobre el padrón de cada zona.
En cambio, ayer justificó su marcha atrás en la necesidad de prestar servicios efectivos a los vecinos de esos cuatro barrios, que superan las 4.500 personas. "Tengo que pensar en la necesidad de personas no pueden esperar más, que no pueden aguardar cuatro meses hasta que pase una elección para tener una respuesta y una solución a sus problemas", remarcó.
El titular del Poder Ejecutivo señaló que su cambio de criterio se debió a que estuvo analizando el proyecto durante el fin de semana largo. "Luego hablé con el intendente, Domingo Amaya; me explicó que no le puede retirar la basura a la gente si no tiene una ley de traspaso territorial, por lo que se la debe sancionar", detalló. También reconoció que mantuvo contactos con el comisionado rural de San Felipe, su primo José León, quien manifestó su conformidad.
El proyecto original es de la legisladora oficialista Beatriz Avila (esposa del diputado nacional Germán Alfaro, principal operador político del amayismo). El texto fue tratado en sesión el 31 de marzo, pero finalmente se dispuso que la iniciativa regrese a la comisión de Municipios y Comunas por la interna generada entre los referentes territoriales oficialistas de la capital y de Lules, el departamento al que pertenece la comuna.
Avila pidió entonces una moción de preferencia para que se lo debata en el recinto en la siguiente sesión (es la del jueves). En consecuencia, tal como adelantó ayer LA GACETA, pese a la negativa oficial el proyecto debía igualmente ser tratado en el recinto. Y, en caso de ser rechazado -como lo había planteado Alperovich el miércoles- el oficialismo tendría que haber esperado hasta el período legislativo de 2012 para insistir con su sanción.
Fue lo último que dijo antes de la Semana Santa y lo primero que descartó en sus primeras palabras de la semana en curso. Ayer, el gobernador, José Alperovich, admitió que cambió su postura y que aceptará la sanción del polémico proyecto. El miércoles, el mandatario había sido enfático al sostener que no correspondía producir ningún cambio territorial antes de los comicios de agosto, y que cualquier modificación debería esperar hasta después de las elecciones para que no se influya sobre el padrón de cada zona.
En cambio, ayer justificó su marcha atrás en la necesidad de prestar servicios efectivos a los vecinos de esos cuatro barrios, que superan las 4.500 personas. "Tengo que pensar en la necesidad de personas no pueden esperar más, que no pueden aguardar cuatro meses hasta que pase una elección para tener una respuesta y una solución a sus problemas", remarcó.
El titular del Poder Ejecutivo señaló que su cambio de criterio se debió a que estuvo analizando el proyecto durante el fin de semana largo. "Luego hablé con el intendente, Domingo Amaya; me explicó que no le puede retirar la basura a la gente si no tiene una ley de traspaso territorial, por lo que se la debe sancionar", detalló. También reconoció que mantuvo contactos con el comisionado rural de San Felipe, su primo José León, quien manifestó su conformidad.
El proyecto original es de la legisladora oficialista Beatriz Avila (esposa del diputado nacional Germán Alfaro, principal operador político del amayismo). El texto fue tratado en sesión el 31 de marzo, pero finalmente se dispuso que la iniciativa regrese a la comisión de Municipios y Comunas por la interna generada entre los referentes territoriales oficialistas de la capital y de Lules, el departamento al que pertenece la comuna.
Avila pidió entonces una moción de preferencia para que se lo debata en el recinto en la siguiente sesión (es la del jueves). En consecuencia, tal como adelantó ayer LA GACETA, pese a la negativa oficial el proyecto debía igualmente ser tratado en el recinto. Y, en caso de ser rechazado -como lo había planteado Alperovich el miércoles- el oficialismo tendría que haber esperado hasta el período legislativo de 2012 para insistir con su sanción.
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