"Nunca explicaron qué era la mafia policial"

Uno a uno, fueron describiendo los pasos que Rodolfo Reynaldo Domínguez dio el 26 de noviembre de 2004.

La idea era clara: desbaratar la acusación de la fiscala de Cámara Juana Prieto de Sólimo, que acusó al ex comisario de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, en el crimen del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz.

Cergio Morfil y Álvaro Zelarayán dedicaron casi dos horas a brindar sus conclusiones finales. Un sollozo se escuchaba en el banco donde estaban sentados los familiares de Domínguez, que se mostraban compungidos por la situación del imputado.

Los abogados se negaron a responder la acusación de la querella, que había sostenido en su alegato que los policías de Banda del Río Salí tuvieron una participación secundaria en el crimen. "No tienen autonomía para apartarse de la acusación del Ministerio Público. Sólo podrían hacerlo si la fiscala hubiera pedido la absolución", justificó Morfil.

"Sabemos que la situación tal vez no sea favorable y ventajosa, porque en un primer momento, hubo una opinión casi unánime de la prensa contra Domínguez, luego el morbo de algunos y la mala fe de otros, como los policías Gustavo Beltrán y Luis Medina", dijo el abogado.

Domínguez había declarado que, luego que Fabersani le transmitiera que Ema Gómez afirmaba que había recibido un llamado en el que le decían que su novio (Aráoz), estaba muerto, decidió ir a chequear la información. "Hicieron un culto de esa información. No era una denuncia, sino una mera información", manifestó Morfil.

"Hasta que comenzó el juicio, no había una sola línea en todo el expediente de qué es la mafia policial a la que se refiere la familia de Aráoz. Cuando declaró Gómez, recién habló de drogas y de salidas de menores del Roca. Allí dijo qué era la mafia policial", dijo el defensor, en relación a la supuesta organización delictiva compuesta por policías que, según la querella, asesinó al magistrado.

Zelarayán, por su parte, expresó que no quedó demostrado que haya habido un acuerdo previo entre los policías y los acusados del homicidio. "A lo largo de estos seis años y medio, Domínguez fue claro, preciso y aventó todo tipo de dudas sobre su actuación en este caso. Jamás se apartó una línea de todo lo que dijo", expresó Zelarayán.

Para los defensores del ex comisario, los policías de Banda del Río Salí actuaron con espontaneidad y de manera sincera. Su salida de la comisaría con Ema Gómez fue pública, cuando llegaron al lugar del crimen llamaron a todos sus superiores, y redactaron un acta de procedimiento de la cual, según afirman, se obtuvieron los datos principales para la investigación. "Por eso solicitamos su absolución de los delitos por los que se lo acusa", dijeron.

"Dichos probados"

Luego, la defensora oficial Nélida González de Escobedo, abogada de Rubén Orlando Albornoz, describió lo que su defendido realizó durante todo el día, desde la mañana. "Cada uno de sus dichos quedaron debidamente probados. La mayoría de sus compañeros lo vio en la comisaría esa tarde, quienes llegaron a la casa de Yerba Buena lo vieron custodiar a Ema Gómez y más tarde, cuando redactaba el acta en la galería", explicó la letrada.

"Mi defendido es un oficial que sufre el castigo de haber cumplido con órdenes lícitas y legítimas. Es un padre de familia que respetan sus vecinos, y que a lo largo de estos casi siete años puede mostrar una foja de servicios impecable", alegó González de Escobedo.

Durante varios tramos de su conclusión final, que duró una hora, repitió que Albornoz acató una orden. "La debía acatar, es cierto, pero además era una orden lícita", aclaró. Al finalizar, pidió la absolución del oficial. "No existen elementos en toda la causa para atribuirle la responsabilidad, ya sea de partícipe secundario, de incumplimiento de sus deberes ni de encubrimiento. Cada paso que hizo estuvo amparado en los reglamentos", concluyó.