El Gobierno ratifica que no le pagará a los fondos buitre y minimiza el fallo adverso

Lo aseguró el secretario de Finanzas de la Nación, Adrián Cosentino. Sostuvo que la sentencia de la Corte de apelaciones de Nueva York "está suspendida desde el momento mismo en que fue dictada".

TELAM TELAM
26 Octubre 2012
BUENOS AIRES.- El secretario de Finanzas de la Nación, Adrián Cosentino, ratificó hoy que la Argentina no le pagará un dólar a los fondos buitre y le quitó relevancia al fallo adverso dictado por una corte de apelaciones de Nueva York.

El Gobierno litigará contra la medida en siguientes instancias judiciales, lo que podría enfrentar a la Argentina con los tenedores de deuda ante la Corte Suprema de Estados Unidos, arriesgó Cosentino.

"La sentencia se encuentra suspendida desde el momento mismo en que fue dictada y hoy sigue suspendida, por lo que no altera para nada el status quo actual", aseguró Cosentino.

El funcionario consideró que el fallo confirma de manera "parcial" una orden del juez de Nueva York Thomas Griesa de fines del 2011 que beneficiaba a fondos especulativos sobre "tratamiento igualitario" a la acreedores.

Cosentino dijo que "la sentencia de hoy no da en absoluto por finalizado el litigio sobre el  'pari passu', el que requerirá de procedimientos adicionales tanto en primera como en segunda instancia, y por supuesto ante la Corte Suprema de los Estados Unidos", instancia a la que acudirá el país para enfrentarse a esos acreedores.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York le solicitó a Griesa aclarar el modo en la que se pretende que funcione la fórmula de pago del fallo y cómo éste se aplica a terceros. Desde el Ministerio de Economía explicaron que la decisión de la Corte tomada este viernes es de "naturaleza conceptual, carece de toda aplicación práctica en lo que concierne al normal cumplimiento de los servicios de deuda".

Entre los tenedores de bonos que reclaman trato igualitario están los fondos NML Capital Ltd. -involucrados por estos días en la retención de la Fragata Libertad en Ghana- y Aurelius Capital Management. La posición del gobierno de Cristina Fernández es demostrar que esta medida no es legalmente aplicable. (NA)

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