Los restos que sean hallados en el "Pozo de Vargas" serán llevados a Buenos Aires

Ese profundo pozo de agua que cobija los vestigios del terror los mantiene en vilo. Todo lo que acontece a su alrededor, también. Un grupo de familiares de desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) rechazó un reciente cambio en la forma en la que se trabajaba en la fosa común clandestina conocida como "Pozo de Vargas". Las tareas consisten en recuperar los restos de las personas secuestradas, torturadas y asesinadas que fueron arrojadas allí.

A partir de una decisión de la Justicia Federal, parte de los pasos para devolver la identidad a los restos cambiarán de manos. De esta manera, se restará participación en el proceso a los peritos locales del Colectivo de Antropología Memoria e Identidad de Tucumán (Camit), cuyos miembros trabajan desde hace 10 años en la fosa común clandestina. Como contrapartida, los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) sumarán responsabilidades. Hasta el momento, estos últimos sólo intervenían en el cotejo de las muestras de ADN y en la identificación de los huesos.

"Vigorizar" la pesquisa

La resolución firmada por el juez federal N° 2, Fernando Poviña, el 26 de octubre destaca la compleja labor integral efectuada por el Camit hasta el momento. Advierte, sin embargo, que hubo demoras en los trabajos durante el último año.

"Se observa que entre los meses de marzo a agosto de 2012 se destinaron sólo 20 días a las tareas de excavación arqueológica", puntualizó en un pasaje del texto. Luego, consideró que, de acuerdo con los registros, la excavación subterránea resultó "lenta". Además, contrastó que durante 2011 se concretaron 10 medidas judiciales de secuestros de huesos y que este año, sólo hubo tres requerimientos.

Para el magistrado, no resultó "razonable" que el retraso en las tareas de excavación posponga la identificación de las víctimas, debido a que el mismo equipo tenía asignadas todas las instancias. En consecuencia, Poviña determinó medidas para "dinamizar y vigorizar" la investigación, de acuerdo con el escrito al que tuvo acceso LA GACETA. De esta manera, dispuso que sólo los primeros escalones del reconocimiento -la recolección- sean concretados por el Camit. Un grupo de ese organismo se dedicará a las tareas de excavación en el pozo y de secuestro de evidencia, en doble turno. En tanto, los restantes recibirán las muestras y las acondicionarán para enviarlas a Buenos Aires. Es decir, que las etapas de análisis y de reasociación se realizarán en los laboratorios del EAAF.

El organismo Familiares de Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc) reunió firmas en contra de la disposición judicial. Consideró que las medidas van en contra de los intereses de los familiares y de la investigación científica.

"Se harán los estudios antropológicos y arqueológicos a partir de muestras óseas parciales, contradiciendo así normas de protocolo internacional, que determinan que deben realizarse una vez que la totalidad de los restos mortales sean exhumados. Es decir, les resulta razonable que las tareas periciales de identificación de las víctimas se realicen a medida que se extraiga el material óseo y no al término de la excavación arqueológica", repudió en un comunicado.

"Nuestros desaparecidos están ahí. Lo que sacan son nuestros familiares, respeten nuestro dolor. Pedimos que los estudios de los restos se hagan aquí. Hace 10 años que estamos trabajando con el mismo equipo, son muy eficientes", reclamó la presidenta de la organización, Virginia Sosa. La mujer tiene cinco familiares desaparecidos y afirma que "nada garantiza" ahora que luego puedan recuperar los restos. Josefina Molina, miembro de Fadetuc, cuestionó el "repentino apuro" por determinar las identidades. "Estamos sin saber si son apuros políticos o judiciales. Seguro no nos devolverán nada. Es inhumano", lamentó la hija del ex vicegobernador desaparecido, Dardo Molina.

Una década de trabajo

La causa que investiga el funcionamiento de una fosa común clandestina en el "Pozo de Vargas" se inició por una denuncia del dirigente Enrique Romero.

Las tareas de los miembros del Camit (ONG que trabaja bajo la tutela del Juzgado Federal Nº 2) comenzaron en 2002. 

En 2004, un sondeo reveló la presencia de restos humanos. Hasta el momento fueron identificados Guillermo Vargas Aignasse y Nilda Zelarayán.