Por Marcelo Batiz
30 Diciembre 2012
BUENOS AIRES.- Fiel a una línea de conducta que no reconoce límites partidarios, la dirigencia se preocupó más en encontrar a algún conspirador oculto al que atribuirle la culpa de los saqueos que en averiguar si hubo causas que llevaron a miles de desposeídos a lanzarse a la toma desesperada de un mundo que les resulta cada vez más ajeno.
Hace casi siete décadas el naciente peronismo cuestionaba el principismo de los que buscaban con lupa obreros abstemios de mamelucos almidonados. Hoy son ellos los que instalaron una frase equiparable al "aluvión zoológico" de otrora y dicen, sin miedo al ridículo, que "nadie come un plasma", sin pensar que una eventual venta de esos aparatos en el mercado negro puede aportarle a una familia los alimentos de todo un mes. En la oposición no parece haber demasiadas diferencias: también están preocupados en encontrar a un conspirador que sigue sin aparecer.
Pese a la sorpresa de quienes deberían ser los primeros en enterarse, sobraron las advertencias, si no de los saqueos, por lo menos del descontento de los sectores más postergados de la sociedad. Ya es sabido que días antes de los sucesos de Bariloche el intendente Omar Goye se lo había señalado al gobernador Alberto Weretilneck. Pero no se le prestó atención a lo dicho por la presidenta Cristina Fernández el 26 de setiembre en Estados Unidos. "Si la inflación fuera del 25%, el país estallaría por los aires", sostuvo entonces. A veces, las premoniciones vienen desde los sitios menos esperados.
Como cuando en enero de 2007 los técnicos del Indec alertaron que detrás del inicio del dibujo de la inflación se ocultaba algo mucho más peligroso. El Estado se privaba a sí mismo de una valiosa información sobre la cantidad de habitantes en situación de pobreza y de su distribución geográfica. Ese autoengaño fue el que llevó a decir al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que los saqueos "no pueden prosperar, porque el país está plenamente trabajando". Es comprensible: el Indec le asegura que la pobreza es del 6,5%, la indigencia del 1,7%, la creación de puestos de trabajo no se detiene y el salario le sacó a la inflación 170 puntos de ventaja en seis años. Con esos números, nadie puede abordar la solución de un problema que no existe. Y así se reflejó en el gasto público en este año que finaliza. Una observación de lo ejecutado en 2012 permite comprobar que los saqueos no fueron una rareza sino una consecuencia de eternos errores de la administración pública: subejecución, mala distribución geográfica y falta de prioridades.
En el gasto, el Gobierno prestó más atención al destinado a los sectores formalmente incluidos (jubilados, estudiantes) que a los excluidos del sistema. Es decir, no solo se montó el escenario de una guerra de pobres contra más pobres, sino que se tomó partido por los primeros. Según la ASAP, la Asignación Universal por Hijo (AUH), programa insignia del cristinismo, también se subejecutó, un 69%. Pero en la ciudad de Buenos Aires hubo una sobreejecución impresionante del 270%.
Difícilmente pueda atribuirse esa diferencia a simpatías políticas del kirchnerismo con el macrismo. Más bien habría que buscarla en la proximidad de los demandantes a un Estado tan presente en las grandes concentraciones urbanas como ausente en las regiones donde más se lo necesita. "Las provincias de menores recursos (NOA y NEA) en su mayoría reflejan una distribución del programa inferior a la población NBI (Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy)", dice el ASAP. Si en el Gobierno leyeron el informe, no lo entendieron o no le prestaron la debida atención. Se prefirió ajustar el gasto social en las franjas más vulnerables.Si Abal Medina aún está a la caza de un conspirador, le conviene buscar al responsable de la ejecución presupuestaria. No será complicado: al igual que con los plasmas, nadie come espejos.
Hace casi siete décadas el naciente peronismo cuestionaba el principismo de los que buscaban con lupa obreros abstemios de mamelucos almidonados. Hoy son ellos los que instalaron una frase equiparable al "aluvión zoológico" de otrora y dicen, sin miedo al ridículo, que "nadie come un plasma", sin pensar que una eventual venta de esos aparatos en el mercado negro puede aportarle a una familia los alimentos de todo un mes. En la oposición no parece haber demasiadas diferencias: también están preocupados en encontrar a un conspirador que sigue sin aparecer.
Pese a la sorpresa de quienes deberían ser los primeros en enterarse, sobraron las advertencias, si no de los saqueos, por lo menos del descontento de los sectores más postergados de la sociedad. Ya es sabido que días antes de los sucesos de Bariloche el intendente Omar Goye se lo había señalado al gobernador Alberto Weretilneck. Pero no se le prestó atención a lo dicho por la presidenta Cristina Fernández el 26 de setiembre en Estados Unidos. "Si la inflación fuera del 25%, el país estallaría por los aires", sostuvo entonces. A veces, las premoniciones vienen desde los sitios menos esperados.
Como cuando en enero de 2007 los técnicos del Indec alertaron que detrás del inicio del dibujo de la inflación se ocultaba algo mucho más peligroso. El Estado se privaba a sí mismo de una valiosa información sobre la cantidad de habitantes en situación de pobreza y de su distribución geográfica. Ese autoengaño fue el que llevó a decir al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que los saqueos "no pueden prosperar, porque el país está plenamente trabajando". Es comprensible: el Indec le asegura que la pobreza es del 6,5%, la indigencia del 1,7%, la creación de puestos de trabajo no se detiene y el salario le sacó a la inflación 170 puntos de ventaja en seis años. Con esos números, nadie puede abordar la solución de un problema que no existe. Y así se reflejó en el gasto público en este año que finaliza. Una observación de lo ejecutado en 2012 permite comprobar que los saqueos no fueron una rareza sino una consecuencia de eternos errores de la administración pública: subejecución, mala distribución geográfica y falta de prioridades.
En el gasto, el Gobierno prestó más atención al destinado a los sectores formalmente incluidos (jubilados, estudiantes) que a los excluidos del sistema. Es decir, no solo se montó el escenario de una guerra de pobres contra más pobres, sino que se tomó partido por los primeros. Según la ASAP, la Asignación Universal por Hijo (AUH), programa insignia del cristinismo, también se subejecutó, un 69%. Pero en la ciudad de Buenos Aires hubo una sobreejecución impresionante del 270%.
Difícilmente pueda atribuirse esa diferencia a simpatías políticas del kirchnerismo con el macrismo. Más bien habría que buscarla en la proximidad de los demandantes a un Estado tan presente en las grandes concentraciones urbanas como ausente en las regiones donde más se lo necesita. "Las provincias de menores recursos (NOA y NEA) en su mayoría reflejan una distribución del programa inferior a la población NBI (Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy)", dice el ASAP. Si en el Gobierno leyeron el informe, no lo entendieron o no le prestaron la debida atención. Se prefirió ajustar el gasto social en las franjas más vulnerables.Si Abal Medina aún está a la caza de un conspirador, le conviene buscar al responsable de la ejecución presupuestaria. No será complicado: al igual que con los plasmas, nadie come espejos.
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