29 Diciembre 2012
Manzur pide el sobreseimiento al juez federal N°1
El ministro de Salud de la Nación apoya la solicitud en el estudio del perito de la Corte que da por justificado el incremento de sus bienes. "El funcionario nunca negó el aumento patrimonial. En cambio, siempre afirmó -como luego fue constatado- que este gozaba de toda licitud", expresa el abogado defensor.
INVESTIGADO. Según Manzur, las pruebas aportadas a la pesquisa judicial demuestran que no cometió ningún delito. LA GACETA / FOTO DE INES QUINTEROS ORIO (ARCHIVO)
La peritación que tuvo por justificado el incremento patrimonial del período 2009-2010 dio pie a la presentación de un escrito para que Daniel Bejas, juez federal N°1, ordene el sobreseimiento de Juan Manzur, ministro de Salud de la Nación y vicegobernador (con licencia) de Tucumán. La eventual concesión de aquel pedido pondrá término -con efectos análogos a los de la sentencia absolutoria- al proceso que procura esclarecer si el médico se enriqueció de manera ílicita durante el ejercicio de la función pública.
"Las pruebas incorporadas a la causa (declaraciones juradas -ddjj- como, asimismo, los estudios contables) han demostrado de modo concluyente la inexistencia de ilícito penal", expresó José Agustín Ferrari, defensor técnico de Manzur, mediante un resumen de la presentación que facilitó por correo electrónico. El texto aborda a continuación el informe de Héctor Roccatagliata, perito contador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN); dice que este fue pedido por el magistrado (en septiembre y agregado al expediente en la semana del 17 de diciembre) y que concluyó que todo estaba en orden.
"El delito en cuestión (artículo 268 -2- del Código Penal) se configura sólo cuando se produce un enriquecimiento patrimonial desproporcionado y apreciable que no puede ser debidamente justificado. Las causas (del aumento) han sido debidamente acreditadas y verificadas por el perito de Corte", manifestó Ferrari.
El letrado también dijo que el ministro de 43 años se había presentado de manera espontánea en el Juzgado Federal N°1; que había entregado sus ddjj y que había estado a disposición de los Tribunales desde el primer día de la investigación. "Manzur nunca negó el aumento patrimonial. En cambio, siempre afirmó -como luego fue constatado por el perito de Corte- que este gozaba de toda licitud y podía ser justificado", añadió.
El abogado insistió en que no existe caso penal que habilite la intervención del órgano judicial: "se cierra de manera irrevocable la posibilidad de continuar una investigación carente de objeto... De allí (surge) la necesidad imperativa del dictado de sobreseimiento".
Ferrari también dedicó un párrafo al origen de la pesquisa: una denuncia de 2010 de Oscar López, letrado y peronista disidente. "Esta carece por completo de rigurosidad lógica y jurídica, ya que la inexistencia del hecho delictivo surge de manera irrefutable desde el inicio de la investigación. No hubo observación de la Oficina Anticorrupción -OA- (del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación); existe un dictamen (favorable a Manzur) de la Administración Federal de Ingresos Publicos y, por último, está el informe técnico del especialista de la CSJN. Todo ello entierra irrevocablemente cualquier hipótesis de conducta susceptible de reproche penal", evaluó el defensor.
Entre los acaudalados
López denunció a Manzur tras la publicidad de las ddjj que el médico confeccionó (en cumplimiento de la Ley Nacional de Ética de la Función Pública) a partir de su ingreso al gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en julio de 2009.
Aquellas relaciones de bienes colocaron al tucumano entre los funcionarios más acaudalados de la Casa Rosada. Al momento de incorporarse al equipo de Fernández de Kirchner, Manzur había declarado bienes por $ 4,6 millones. Al final de ese año, el patrimonio aumentó $ 300.000 (llegó a los $ 4,9 millones). En 2010, el médico dio cuenta de una fortuna de $ 5,9 millones. En 2011, el patrimonio superó los $ 8,2 millones, según la ddjj correspondiente a ese período, que no fue considerado por el perito Roccatagliata y sólo puede ser añadido a la pesquisa por decisión de Bejas. La competencia de ese juez, que se reservó la dirección de la investigación, fue cuestionada por Ferrari al comienzo del proceso y confirmada en 2011 por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Tampoco entra en la órbita del magistrado federal el examen de la evolución patrimonial registrada entre 2003 y 2009, cuando Manzur se desempeñó como ministro de Salud de Tucumán y vicegobernador del Gobierno de José Alperovich (fue reelegido en ese cargo en los comicios de 2011). La investigación de ese período está en manos de los Tribunales provinciales.
El patrimonio del funcionario creció al menos 22 veces en los últimos nueve años. Este habría declarado una fortuna próxima a los $ 370.000 en 2003. Aquel dato estaría consignado en la primera ddjj que Manzur elaboró durante su actuación pública en el nivel local; ese documento goza de carácter secreto en virtud de la Ley provincial N° 3.981, de 1973. Dicha norma dispone que la declaración puede ser abierta en virtud de la investigación de un supuesto de enriquecimiento ilícito y por requerimiento judicial.
"Las pruebas incorporadas a la causa (declaraciones juradas -ddjj- como, asimismo, los estudios contables) han demostrado de modo concluyente la inexistencia de ilícito penal", expresó José Agustín Ferrari, defensor técnico de Manzur, mediante un resumen de la presentación que facilitó por correo electrónico. El texto aborda a continuación el informe de Héctor Roccatagliata, perito contador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN); dice que este fue pedido por el magistrado (en septiembre y agregado al expediente en la semana del 17 de diciembre) y que concluyó que todo estaba en orden.
"El delito en cuestión (artículo 268 -2- del Código Penal) se configura sólo cuando se produce un enriquecimiento patrimonial desproporcionado y apreciable que no puede ser debidamente justificado. Las causas (del aumento) han sido debidamente acreditadas y verificadas por el perito de Corte", manifestó Ferrari.
El letrado también dijo que el ministro de 43 años se había presentado de manera espontánea en el Juzgado Federal N°1; que había entregado sus ddjj y que había estado a disposición de los Tribunales desde el primer día de la investigación. "Manzur nunca negó el aumento patrimonial. En cambio, siempre afirmó -como luego fue constatado por el perito de Corte- que este gozaba de toda licitud y podía ser justificado", añadió.
El abogado insistió en que no existe caso penal que habilite la intervención del órgano judicial: "se cierra de manera irrevocable la posibilidad de continuar una investigación carente de objeto... De allí (surge) la necesidad imperativa del dictado de sobreseimiento".
Ferrari también dedicó un párrafo al origen de la pesquisa: una denuncia de 2010 de Oscar López, letrado y peronista disidente. "Esta carece por completo de rigurosidad lógica y jurídica, ya que la inexistencia del hecho delictivo surge de manera irrefutable desde el inicio de la investigación. No hubo observación de la Oficina Anticorrupción -OA- (del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación); existe un dictamen (favorable a Manzur) de la Administración Federal de Ingresos Publicos y, por último, está el informe técnico del especialista de la CSJN. Todo ello entierra irrevocablemente cualquier hipótesis de conducta susceptible de reproche penal", evaluó el defensor.
Entre los acaudalados
López denunció a Manzur tras la publicidad de las ddjj que el médico confeccionó (en cumplimiento de la Ley Nacional de Ética de la Función Pública) a partir de su ingreso al gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en julio de 2009.
Aquellas relaciones de bienes colocaron al tucumano entre los funcionarios más acaudalados de la Casa Rosada. Al momento de incorporarse al equipo de Fernández de Kirchner, Manzur había declarado bienes por $ 4,6 millones. Al final de ese año, el patrimonio aumentó $ 300.000 (llegó a los $ 4,9 millones). En 2010, el médico dio cuenta de una fortuna de $ 5,9 millones. En 2011, el patrimonio superó los $ 8,2 millones, según la ddjj correspondiente a ese período, que no fue considerado por el perito Roccatagliata y sólo puede ser añadido a la pesquisa por decisión de Bejas. La competencia de ese juez, que se reservó la dirección de la investigación, fue cuestionada por Ferrari al comienzo del proceso y confirmada en 2011 por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Tampoco entra en la órbita del magistrado federal el examen de la evolución patrimonial registrada entre 2003 y 2009, cuando Manzur se desempeñó como ministro de Salud de Tucumán y vicegobernador del Gobierno de José Alperovich (fue reelegido en ese cargo en los comicios de 2011). La investigación de ese período está en manos de los Tribunales provinciales.
El patrimonio del funcionario creció al menos 22 veces en los últimos nueve años. Este habría declarado una fortuna próxima a los $ 370.000 en 2003. Aquel dato estaría consignado en la primera ddjj que Manzur elaboró durante su actuación pública en el nivel local; ese documento goza de carácter secreto en virtud de la Ley provincial N° 3.981, de 1973. Dicha norma dispone que la declaración puede ser abierta en virtud de la investigación de un supuesto de enriquecimiento ilícito y por requerimiento judicial.
Lo más popular
