05 Enero 2013
Entre 1999 y 2002, se produjeron una serie de presuntas irregularidades en la Dirección General de Rentas (DGR) que le habrían generado un perjuicio superior a los $ 2,8 millones a las arcas provinciales. A más de una década de esos hechos, y tras cuatro años de investigación en las oficinas del Tribunal de Cuentas (TC), todavía se mantiene la incógnita respecto a si cuatro ex funcionarios de esa repartición tuvieron alguna responsabilidad administrativa en el archivo supuestamente anómalo de 435 expedientes, de los cuales 167 continúan extraviados.
Luego de un pedido de intervención del actual titular de la DGR, Pablo Clavarino, el TC sustanció una comprobación sumaria en febrero de 2008 para iniciar la pesquisa. Al año siguiente, las autoridades del ente de control, Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales) firmaron el acuerdo N° 370/09, en el que resuelven abrir un juicio de responsabilidad en contra del ex titular de la repartición y antecesor de Clavarino, Emilio De Lisi (actual contador fiscal del Tribunal de Cuentas); de Hugo Arredondo, ex jefe del Departamento Fiscalización; de Silvio Bellomío, ex subjefe de la Subdirección Legal y Técnica, y actual secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán; y de Miguel Ángel Jaime, ex empleado de la repartición.
Durante la comprobación sumaria, los auditores consideraron que se habían archivado de manera presuntamente irregular expedientes sobre los cuales sólo faltaban pocos pasos para notificar al contribuyente. La hipótesis, según consta en el expediente N° 428-270-I-08 del TC, es que Arredondo retenía en su oficina esos documentos fiscales con cargos anteriores a 1999. Entre ese año y 2002, afirman los contadores fiscales, no se registraron movimientos en esos expedientes. Finalmente, Arredondo les habría colocado a las carpetas la leyenda "paralizado por bloqueo fiscal" y las habría remitido a la oficina de Bellomío, quien -siempre según esa versión- procedía a archivar los expedientes sin cotejar si a los contribuyentes les correspondía ese beneficio.
Los contadores fiscales afirmaban que Jaime había sido el empleado que manejaba gran parte de esos documentos, y que se había advertido sobre esta situación a De Lisi.
Sobre la base de estos datos, se inició el juicio de responsabilidad. Y el TC le envió las actuaciones a la entonces contadora fiscal Viviana Inés Gasparotti. La abogada dejó ese cargo a fines de 2011 para asumir como jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial Común, pero antes de marcharse emitió un dictamen en el marco de esta causa.
Los abogados de Bellomío, Marcos Rougés y Agustina Bauque, plantearon ante el Tribunal de Cuentas el año pasado su preocupación por versiones sobre que había intenciones de "hacer desaparecer" ese documento, en el cual aseguraron que "se mencionaría la responsabilidad del propio denunciante", Pablo Clavarino.
El ente de control rechazó la presentación con duros términos, dado el contenido de la queja. Pero, de todas maneras, el dictamen de Gasparotti no es definitivo.
Según pudo averiguar este diario, luego de que la abogada asumió como jueza, el expediente le fue asignado al contador fiscal Agustín Gollán, quien deberá enviar el dictamen que será clave (aunque no vinculante) para la resolución del juicio de responsabilidad contra los cuatro ex funcionarios, que trabajaron en la repartición cuando el gobernador, José Alperovich, era ministro de Economía de Julio Miranda (1999-2001).
Más allá de que aún falta incorporar las conclusiones de Gollán al voluminoso expediente, Rougés está confiado en la suerte de su cliente. Incluso, pese a que el TC rechazó en diciembre pasado su planteo por la posible desaparición de ese dictamen, el letrado consideró que ese hecho "constituye una noticia superada, ya que dicho informe sumarial fue agregado con explicaciones del Tribunal al respecto, y quedará definitivamente zanjado con las prontas medidas que seguramente tomará" el ente de control. "El previsible final será liberar a mi representado de culpa y cargo", afirmó el letrado, en un correo electrónico enviado el jueves a este diario. En ese e-mail, además, consignaba que esa presentación no implicaba una "supuesta diferencia" entre su cliente, Bellomío, y Clavarino.
En estos días, LA GACETA intentó consultar a los otros imputados en el caso. De Lisi, que es empleado del Tribunal de Cuentas, se excusó de realizar declaraciones. El letrado Francisco García Posse, actual titular del Colegio de Abogados de Tucumán y representante legal de Arredondo, afirmó que no consideraba apropiado referirse a las cuestiones de un particular de manera pública.
Jaime, por otra parte, no fue ubicado hasta la fecha por el TC, según fuentes de ese organismo, por lo que se lo declaró en rebeldía en el proceso administrativo.
Luego de un pedido de intervención del actual titular de la DGR, Pablo Clavarino, el TC sustanció una comprobación sumaria en febrero de 2008 para iniciar la pesquisa. Al año siguiente, las autoridades del ente de control, Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales) firmaron el acuerdo N° 370/09, en el que resuelven abrir un juicio de responsabilidad en contra del ex titular de la repartición y antecesor de Clavarino, Emilio De Lisi (actual contador fiscal del Tribunal de Cuentas); de Hugo Arredondo, ex jefe del Departamento Fiscalización; de Silvio Bellomío, ex subjefe de la Subdirección Legal y Técnica, y actual secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán; y de Miguel Ángel Jaime, ex empleado de la repartición.
Durante la comprobación sumaria, los auditores consideraron que se habían archivado de manera presuntamente irregular expedientes sobre los cuales sólo faltaban pocos pasos para notificar al contribuyente. La hipótesis, según consta en el expediente N° 428-270-I-08 del TC, es que Arredondo retenía en su oficina esos documentos fiscales con cargos anteriores a 1999. Entre ese año y 2002, afirman los contadores fiscales, no se registraron movimientos en esos expedientes. Finalmente, Arredondo les habría colocado a las carpetas la leyenda "paralizado por bloqueo fiscal" y las habría remitido a la oficina de Bellomío, quien -siempre según esa versión- procedía a archivar los expedientes sin cotejar si a los contribuyentes les correspondía ese beneficio.
Los contadores fiscales afirmaban que Jaime había sido el empleado que manejaba gran parte de esos documentos, y que se había advertido sobre esta situación a De Lisi.
Sobre la base de estos datos, se inició el juicio de responsabilidad. Y el TC le envió las actuaciones a la entonces contadora fiscal Viviana Inés Gasparotti. La abogada dejó ese cargo a fines de 2011 para asumir como jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial Común, pero antes de marcharse emitió un dictamen en el marco de esta causa.
Los abogados de Bellomío, Marcos Rougés y Agustina Bauque, plantearon ante el Tribunal de Cuentas el año pasado su preocupación por versiones sobre que había intenciones de "hacer desaparecer" ese documento, en el cual aseguraron que "se mencionaría la responsabilidad del propio denunciante", Pablo Clavarino.
El ente de control rechazó la presentación con duros términos, dado el contenido de la queja. Pero, de todas maneras, el dictamen de Gasparotti no es definitivo.
Según pudo averiguar este diario, luego de que la abogada asumió como jueza, el expediente le fue asignado al contador fiscal Agustín Gollán, quien deberá enviar el dictamen que será clave (aunque no vinculante) para la resolución del juicio de responsabilidad contra los cuatro ex funcionarios, que trabajaron en la repartición cuando el gobernador, José Alperovich, era ministro de Economía de Julio Miranda (1999-2001).
Más allá de que aún falta incorporar las conclusiones de Gollán al voluminoso expediente, Rougés está confiado en la suerte de su cliente. Incluso, pese a que el TC rechazó en diciembre pasado su planteo por la posible desaparición de ese dictamen, el letrado consideró que ese hecho "constituye una noticia superada, ya que dicho informe sumarial fue agregado con explicaciones del Tribunal al respecto, y quedará definitivamente zanjado con las prontas medidas que seguramente tomará" el ente de control. "El previsible final será liberar a mi representado de culpa y cargo", afirmó el letrado, en un correo electrónico enviado el jueves a este diario. En ese e-mail, además, consignaba que esa presentación no implicaba una "supuesta diferencia" entre su cliente, Bellomío, y Clavarino.
En estos días, LA GACETA intentó consultar a los otros imputados en el caso. De Lisi, que es empleado del Tribunal de Cuentas, se excusó de realizar declaraciones. El letrado Francisco García Posse, actual titular del Colegio de Abogados de Tucumán y representante legal de Arredondo, afirmó que no consideraba apropiado referirse a las cuestiones de un particular de manera pública.
Jaime, por otra parte, no fue ubicado hasta la fecha por el TC, según fuentes de ese organismo, por lo que se lo declaró en rebeldía en el proceso administrativo.
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