Normas cuestionadas, revisiones legislativas y procesos suspendidos en un año y medio

La caída del "voto voligoma"
Días antes de los comicios de agosto de 2011, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo frenó la implementación de los "votos voligoma" y "votos clip". El sistema había sido ratificado por la Junta Electoral, y validaba las boletas de los acoples municipales y comunales que, como no podían tener impresa la lista de legisladores (la adhesión sólo podía darse a cargos ejecutivos), iban a llevar la nómina pegada.

Cambio obligado al código tributario
En diciembre de 2011, la Legislatura efectuó cambios al Código Tributario. Pero empresarios y profesionales plantearon la inconstitucionalidad de la norma. Meses después, el bloque del PJ se vio obligado a impulsar una nueva ley, considerando los puntos objetados por los demandantes.

La breve existencia de los conjueces
En febrero de 2012, la Cámara instauró el sistema de reemplazos de los vocales titulares de la Corte con conjueces. Un planteo del Colegio de Abogados tuvo el visto bueno de la Justicia; el PJ se vio obligado a regresar al viejo sistema.

El "costo" de la ley de mediación
A inicios de 2012 se aprobó un proyecto que cambió varios puntos de la Ley de Mediación. Hubo quejas del Colegio de Abogados de Tucumán ante la Justicia y el PE. La norma tuvo un veto parcial, pero siguió implementándose. Muchos legisladores consideran que ellos pagaron un "costo político" por esta modificación.

Los contratos directos del IPV
En 2012, la Cámara habilitó al Instituto de la Vivienda a realizar contrataciones directas para construir módulos habitacionales. Tras un planteo del PRO, la Justicia dictó una cautelar que paralizó la norma. Este año, el PJ se vio obligado a aprobar una nueva ley para evitar las licitaciones.

De cargos y fallos en el caso Verón
Tras el juicio del caso Verón, en diciembre, se iniciaron los trámites para conformar el Jury de Enjuiciamiento. Pero los vocales escogidos por la Corte, Daniel Posse y René Goane, integraban el Consejo Asesor de la Magistratura, y los cargos son incompatibles por ley. La Legislatura se hizo eco de esto. Luego, la Justicia dictó cautelares que suspendieron la acusación contra los camaristas Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lescano por su presunto mal desempeño en el juicio oral. Así, todo el proceso que había realizado la comisión de Juicio Político quedó paralizado.