Por Patricia Vega
13 Junio 2013
BUENOS AIRES.- La corporación del Frente para la Victoria le salió a tirar con munición gruesa a la corporación judicial, todos al unísono y con el mismo argumento: nosotros fuimos elegidos por el pueblo, ustedes no quieren serlo y defienden privilegios. Hablan de clima destituyente, "como en el '55", quizás para darse el ánimo necesario y justificar el "ir por todo" a partir de un cambio constitucional. Es lógico: con la actual no se llevan. La Presidenta acaba de crucificar a varios miembros de la Corte Suprema y ha dicho que la Justicia no es un contrapoder ya que, para su concepto de Constitución, la Justicia se ha transformado en "contrapoder del poder popular", es decir es "delegada de otros poderes que no sabemos, pero imaginamos cuáles son".
Está claro que hoy Cristina Fernández, como los más ultras del gobierno "K", tienen otra manera de ver las cosas y creen en el "poder popular", lejos de aquel cuerpo legal que la encumbró como Presidenta, el de la división de poderes y el control constitucional al estilo liberal de 1853, Constitución que ayudó a reformar en 1994. Pero, como todo el mundo tiene derecho a cambiar, hoy razonan de esta manera porque piensan que la Justicia actúa en contra de sus intereses, que son los del pueblo.
Sin embargo, con eso por ahora no alcanza, porque bajo la regla actual se necesitan los dos tercios de cada Cámara para expresar la necesidad de una reforma constitucional. Por eso, se ha pretendido "democratizar" la Justicia para entrarle a la Constitución por otro lado, reformando el modo de funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Pretender que jueces y abogados sean la misma cosa que la "elección popular", resulta manifiestamente inconstitucional con la Constitución de hoy a la vista. De la letra de la norma no surge que haya una corporación judicial.
Esta última década, en la que se ganaron cosas y se perdieron otras en nombre de la ideología, ha tenido una impronta de cambios muy drásticos en los modos sociales que fueron tolerados desde el poder, situaciones que llevaron a la inflación y a la inseguridad.
Estamos frente a un Estado que, como no puede garantizar ni siquiera que la gente concurra a la cancha, va por el atajo y pone más cepos, su especialidad. Para aquellos que creen en esta visión que les gustaría instaurar bajo los modos del populismo, llegó el momento de cambiar la vieja Constitución.
Pero, como no pueden hacerlo con estas normas y pretenden que el modelo perdure "otra década más" están buscando atajos, desde una supra Carta Magna nacida de una Ley -estilo Venezuela-, hasta acusar a los jueces de propiciar un golpe institucional.
Por eso, cuando los jueces se plantan, los combaten diciéndoles "corporativos". Si no fuese tan disparatado eso de acusar a otros de lo mismo de lo que se es parte, sería hasta gracioso que "el muerto se ría del degollado". (DyN)
Está claro que hoy Cristina Fernández, como los más ultras del gobierno "K", tienen otra manera de ver las cosas y creen en el "poder popular", lejos de aquel cuerpo legal que la encumbró como Presidenta, el de la división de poderes y el control constitucional al estilo liberal de 1853, Constitución que ayudó a reformar en 1994. Pero, como todo el mundo tiene derecho a cambiar, hoy razonan de esta manera porque piensan que la Justicia actúa en contra de sus intereses, que son los del pueblo.
Sin embargo, con eso por ahora no alcanza, porque bajo la regla actual se necesitan los dos tercios de cada Cámara para expresar la necesidad de una reforma constitucional. Por eso, se ha pretendido "democratizar" la Justicia para entrarle a la Constitución por otro lado, reformando el modo de funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Pretender que jueces y abogados sean la misma cosa que la "elección popular", resulta manifiestamente inconstitucional con la Constitución de hoy a la vista. De la letra de la norma no surge que haya una corporación judicial.
Esta última década, en la que se ganaron cosas y se perdieron otras en nombre de la ideología, ha tenido una impronta de cambios muy drásticos en los modos sociales que fueron tolerados desde el poder, situaciones que llevaron a la inflación y a la inseguridad.
Estamos frente a un Estado que, como no puede garantizar ni siquiera que la gente concurra a la cancha, va por el atajo y pone más cepos, su especialidad. Para aquellos que creen en esta visión que les gustaría instaurar bajo los modos del populismo, llegó el momento de cambiar la vieja Constitución.
Pero, como no pueden hacerlo con estas normas y pretenden que el modelo perdure "otra década más" están buscando atajos, desde una supra Carta Magna nacida de una Ley -estilo Venezuela-, hasta acusar a los jueces de propiciar un golpe institucional.
Por eso, cuando los jueces se plantan, los combaten diciéndoles "corporativos". Si no fuese tan disparatado eso de acusar a otros de lo mismo de lo que se es parte, sería hasta gracioso que "el muerto se ría del degollado". (DyN)
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