18 Junio 2013
REACCIÓN. El ministro Alak buscó restarle importancia al fallo adverso de la Corte. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
BUENOS AIRES.- El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, confirmó que el Gobierno no apelará ante tribunales internacionales el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra las reformas en el Consejo de la Magistratura. En cambio, el Poder Ejecutivo nacional propiciará debates en todo el país sobre la democratización de la Justicia, remarcó Alak.
En un principio, el Gobierno analizaba recurrir a organismos internacionales para revertir el fallo negativo sobre la elección popular de consejeros de la Magistratura, según lo había adelantado Diana Conti, la diputada ultraoficialista que oficia de vocera de la Casa Rosada en temas judiciales. “Si la Corte no da lugar genera la responsabilidad de que acudamos a los tribunales internacionales", sostuvo al canal CN23. Sin embargo, Alak echó por tierra esta posibilidad.
Desde su promulgación, hubo más de 10 fallos que declararon la inconsitucionalidad de la elección popular de consejeros de la Magistratura. En diferentes provincias y ciudades de la Argentina, tanto dirigentes políticos, como representantes de colegios de abogados y hasta particulares pidieron medidas cautelares en torno a lo que consideraron como un avance del Gobierno sobre el Poder Judicial.
En la mayoría de los casos, jueces de primera instancia le dieron la razón. El miércoles 12 de junio, la jueza con competencia electoral de Capital Federal, María Servini de Cubría, emitió un durísimo fallo que frenó los comisios en la Magistratura.
“Las normas que han sido materia de análisis resultan violatorias del principio de división de poderes por afectar tanto la independencia e imparcialidad de los miembros del Consejo de la Magistratura que fueran electos bajo su imperio, como así también el equilibrio que debe regir el funcionamiento de dicho cuerpo, lo que las transforma en normas contrarias a la forma republicana de gobiernoadoptada en el artículo 1 de la Constitución Nacional y al deber de ‘afianzar la justicia’ que nos legaron los constituyentes de 1853 en el preámbulo de la Ley Suprema”, sentenció la magistrada.
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