Es raro, pero normal en esta época: las afirmaciones en años electorales esconden verdades y mentiras interesadas. Parece un sinsentido, pero de eso se encargan los profesionales de estos tiempos: de disfrazar mentiras para que parezcan verdades y de desdibujar verdades molestas como para que parezcan falsedades. El objetivo es obvio: generar dudas. Se impone, y en el tema que sea, siempre y cuando se trate de una cuestión política, económica o policial cuya repercusión social pueda tener incidencia en las urnas. O por lo menos que se intuya que puede tener influencia en el voto. Hay que lograr que se sospeche de las virtudes del contrincante, se debe opacarlo. Y aquello extraño a la política que pueda dañar imágenes, hay que atacarlo con la ya deshilachada idea de que se trata de una campaña de desprestigio. Fórmulas inevitables, remanidas y de dudosa eficacia. En política pareciera que se agotó el ingenio. Algo cierto: nadie es inocente.

Alberto Lebbos hace siete años viene pidiendo justicia por la muerte de su hija, Paulina. Y que el avance de la causa se acelere por el año electoral le puede resbalar; porque su interés es otro. Puede usarlo para su propio fin, para que la presión ciudadana, o mediática, apure la investigación del fiscal. Tiene sobradas razones, más que cualquier otra persona, en encontrar culpables. Incluso para participar como activo forista en LA GACETA, donde con una foto de su hija asesinada repite a diario: "Votar a la lista de Alperovich es votar la impunidad!!!". Claro, así permite que desde la política se lo cuestione con argumentos electorales.

Al fiscal Diego López Ávila le resultará incómodo trabajar con las presiones políticas -en épocas donde se potencian las acusaciones y las denuncias-, ya que su accionar no escapará a las miradas bienintencionadas, o malintencionadas. Su función, observando el rol que les cupo a los anteriores fiscales, será vital, no sólo para tratar de esclarecer el caso, sino para devolverle credibilidad a un Poder Judicial que tiene sus acciones en baja. Tan en caída está la imagen que el Gobierno nacional aprovecha cuanta ocasión encuentra para atacarlo -hasta sin razón- y hablar de democratización de la Justicia. Es una batalla en la que Cristina casi se encaprichó y, en cada acto, muestra que le sigue doliendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra el voto popular de consejeros de la Magistratura.

La política mezcla todo, interesada y despiadadamente. O ensucia todo, salvajemente. Y sirve de excusa para todo, pero siempre para dejar mal parado "al otro". Ese otro -en la mayoría de los casos- no tiene rostro, es un individuo anónimo pero inmerso en un grupo opositor, distinto, ubicado en la otra trinchera. Así, el tiempo electoral les viene de perillas a todos, sin exclusión. "Sus móviles están dirigidos por intereses políticos", es la frase que se escucha, de un bando y del otro; sin apellidos porque a todos les conviene. Importa embarrar, que nadie salga bien parado: si a mí me arrojás al lodo, te arrastro conmigo. Se proclamarán culpabilidades e inocencias por igual, habrá apoyos y repudios de ambos lados, por igual, y hasta se correrá el peligro de perder de vista lo único que interesa en el caso Lebbos: que un asesino anda suelto.

También andan libres los responsables de la desaparición de Marita Verón. La Justicia también tiene la palabra en ese caso; la Corte provincial está en condiciones de revisar el fallo que absolvió a todos los acusados y que generó un repudió a nivel nacional. Este proceso, si se acelera, tampoco escapará a las reglas sobre que el año electoral envuelve, o mancha, todo. Unos tratarán de usar un caso, otros el otro, según crean que les conviene, o no; lamentablemente. Es la realidad. Las conveniencias desnudan las miserias humanas. Y en este juego de intereses, todos son culpables.

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