06 Agosto 2013
FINANCIAMIENTO. Sbatella dijo que la Ley Antiterrorista permite bloquear las cuentas de represores. TELAM
BUENOS AIRES.- El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, aseguró que detrás de cada represor que se fuga existe una estructura económica que lo financia desde la clandestinidad y, en ese sentido, destacó la importancia de la ley que permite el congelamiento de cuentas bancarias del terrorismo, que en Argentina tiene la figura del "terrorista de Estado".
"Hay estructuras que han sobrevivido a la democracia y, detrás de ellas, hay un circuito latente, social y legal, que las sostiene", señaló el funcionario nacional en diálogo con radio Del Plata.
Agregó que gracias a la ley antiterrorista se pueden congelar las cuentas bancarias y fondos de financiamiento vinculados a represores, considerados "terroristas de Estado" en la legislación argentina, y así "desmantelar" toda posibilidad de subsistencia en la clandestinidad.
Sbatella advirtió que el peso de la ley antiterrorista cae también sobre los familiares de primer grado, ya que si se comprueba que contribuyen al soporte económico de los represores y terroristas, "tendrán penas que van desde 5 a 15 años de cárcel" y, en este sentido, subrayó "la importancia de esta legislación, que se pensaba que era inaplicable".
El funcionario citó el caso del prófugo Jorge Olivera, condenado por la Justicia de San Juan por delitos de lesa humanidad y que hace 10 días se fugó del Hospital Militar del barrio porteño de Palermo, durante una consulta médica.
Según dijo, el fondo fiduciario que se halló vinculado a Olivera, que además de militar era abogado, y a su socio, el también abogado y represor Jorge Appiani, fue congelado inmediatamente al sospecharse que estaría financiando su supervivencia en algún lugar.
De acuerdo a estándares internacionales, ningún prófugo puede vivir más de 48 horas en ningún lugar del mundo si no cuenta con financiamiento.
En el caso del fondo fiduciario hallado en los libros del Ministerio de Defensa, donde figura como el destino de honorarios por juicios laborales que patrocinaba el buffet de Olivera y Appiani contra el Estado, se pudo comprobar que "cambió de nombre" mientras ambos represores y letrados estaban en la cárcel, uno en San Juan y el otro en Entre Ríos.
"El fondo fiduciario que se descubrió tiene que ver con honorarios de juicios que se hacían contra el Estado, pero otros ingresos podrían haberse sumado a este fondo, teniendo en cuenta que en él había casi 10 millones de pesos", explicó Sbatella.
Este fondo fiduciario -siguió el relato- fue transferido y aparece misteriosamente Cargill (empresa alimenticia estadounidense) comprando este fondo como inversión de riesgo, al tiempo que pasa a ser operado por otras personas", advirtió.
El funcionario recordó que la primera vez que se utilizó esta ley fue para desmantelar una estructura económica que financiaba a represores en su traslado a otros países para no ser alcanzados por la Justicia argentina, y que se había constituido con bienes pertenecientes a detenidos y desaparecidos de la ex Esma.
"Esta estructura económica aparece financiando dos casinos y compra de máquinas tragamonedas", precisó el funcionario.(Télam)
"Hay estructuras que han sobrevivido a la democracia y, detrás de ellas, hay un circuito latente, social y legal, que las sostiene", señaló el funcionario nacional en diálogo con radio Del Plata.
Agregó que gracias a la ley antiterrorista se pueden congelar las cuentas bancarias y fondos de financiamiento vinculados a represores, considerados "terroristas de Estado" en la legislación argentina, y así "desmantelar" toda posibilidad de subsistencia en la clandestinidad.
Sbatella advirtió que el peso de la ley antiterrorista cae también sobre los familiares de primer grado, ya que si se comprueba que contribuyen al soporte económico de los represores y terroristas, "tendrán penas que van desde 5 a 15 años de cárcel" y, en este sentido, subrayó "la importancia de esta legislación, que se pensaba que era inaplicable".
El funcionario citó el caso del prófugo Jorge Olivera, condenado por la Justicia de San Juan por delitos de lesa humanidad y que hace 10 días se fugó del Hospital Militar del barrio porteño de Palermo, durante una consulta médica.
Según dijo, el fondo fiduciario que se halló vinculado a Olivera, que además de militar era abogado, y a su socio, el también abogado y represor Jorge Appiani, fue congelado inmediatamente al sospecharse que estaría financiando su supervivencia en algún lugar.
De acuerdo a estándares internacionales, ningún prófugo puede vivir más de 48 horas en ningún lugar del mundo si no cuenta con financiamiento.
En el caso del fondo fiduciario hallado en los libros del Ministerio de Defensa, donde figura como el destino de honorarios por juicios laborales que patrocinaba el buffet de Olivera y Appiani contra el Estado, se pudo comprobar que "cambió de nombre" mientras ambos represores y letrados estaban en la cárcel, uno en San Juan y el otro en Entre Ríos.
"El fondo fiduciario que se descubrió tiene que ver con honorarios de juicios que se hacían contra el Estado, pero otros ingresos podrían haberse sumado a este fondo, teniendo en cuenta que en él había casi 10 millones de pesos", explicó Sbatella.
Este fondo fiduciario -siguió el relato- fue transferido y aparece misteriosamente Cargill (empresa alimenticia estadounidense) comprando este fondo como inversión de riesgo, al tiempo que pasa a ser operado por otras personas", advirtió.
El funcionario recordó que la primera vez que se utilizó esta ley fue para desmantelar una estructura económica que financiaba a represores en su traslado a otros países para no ser alcanzados por la Justicia argentina, y que se había constituido con bienes pertenecientes a detenidos y desaparecidos de la ex Esma.
"Esta estructura económica aparece financiando dos casinos y compra de máquinas tragamonedas", precisó el funcionario.(Télam)
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