Por Álvaro José Aurane
10 Agosto 2013
La entrega de los beneficios de los planes sociales -alimentarios o económicos- es adelantada con bastante anticipación a los comicios, para que no haya distribución durante el mes en que se vota. La Ley General de Desarrollo Social de ese país fija: "La publicidad y la información de los programas de desarrollo social deberán incluir la siguiente leyenda: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso con fines distintos al desarrollo social".
Por cierto, su Código Penal Federal sanciona a quien "condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas (...) a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato". A la vez, fija multa y prisión para quien "solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas o la jornada electoral"; o "lleve a cabo el transporte de votantes, coartando o pretendiendo coartar su libertad para la emisión del voto"; o "que, mediante amenaza o promesa de paga o dádiva, comprometa su voto en favor de un partido político o candidato". No es Francia. Es México.
Otro país prohíbe a los agentes públicos "utilizar o permitir el uso promocional en favor de candidato, partido político o coalición, de la distribución gratuita de bienes o servicios de carácter social subvencionados por el Poder Público". Y prevé la multa y la cancelación del diploma para el candidato que incurra en captación ilícita de sufragio, a partir de "donar, ofrecer, prometer o entregar al elector, con el fin de obtener su voto, bien o ventaja personal de cualquier naturaleza, inclusive empleo o función pública, desde el registro de la candidatura hasta el día de la elección". Su Tribunal Superior Electoral entiende que para el caso no se requiere la participación directa del candidato: se configuraba el ilícito cuando intermedien otros agentes: encargados de la campaña o miembros del partido. No es Gran Bretaña. Es Brasil.
"El ofrecimiento, promesa de lucro personal o dádiva de idéntica especie, destinados a conseguir el voto o la abstención del elector", es delito electoral según la Ley de Elecciones, no de Estados Unidos, sino de Uruguay.
"Comprar o vender el voto" está tipificado con pena de reclusión en la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas, no de Canadá, sino de Honduras.
Se pena con prisión y suspensión de los derechos políticos al que "haya recibido algo a cambio de su voto, o haya dado o prometido algo por el voto de otro", no en Alemania sino en Ecuador.
La "compra de votos" también está prevista como delito bajo la denominación de "corrupción del sufragante" en el Código Penal, no de Suiza sino de Colombia...
Perversa evolución
El combate de numerosos Estados del continente contra el clientelismo electoral se debe no sólo a que esa práctica deleznable "conforma una 'institución informal, permanente y ubicua' con enorme influencia en la mayoría de las democracias latinoamericanas". Responde, fundamentalmente, a que este oprobioso "toma y daca" conspira "contra la expresión de libre voluntad que constituye un presupuesto indispensable del ejercicio del sufragio". Dicho todo esto por los argentinos Rodolfo Munne, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, miembros de la Cámara Nacional Electoral, en el denominado "Fallo Polino", en 2005.
Tucumán -Argentina- debe ser el primer mundo, ajeno a esas legislaciones de gobiernos americanos hispanohablantes. Aquí, el día de los comicios, el clientelismo electoral marcha sobre ruedas: en un taxi, cuyo chofer cobra por llevar y traer electores. A su lado viaja un puntero, con una lista de gente a la que busca y compele a sufragar por determinados candidatos, a cambio de lo cual recibirán, por lo menos, los bolsones con mercadería que viajan en el baúl. En los comicios anteriores se vio una nueva modalidad: trasladan al votante en moto y le entregan dinero a cambio de su voluntad.
Pero ese es sólo el clientelismo "subjetivo": el que se ve. Y escandaliza. Hay otro. Debajo. Si se quiere, "objetivo". Cuya cronicidad lo institucionalizó. Se plasma en planes sociales, subsidios y contratos. En esos casos, la prebenda no funciona como ofrecimiento de un bien, sino como amenaza de la supresión de ese beneficio. Cuando no es combatido, el clientelismo se perfecciona en sus niveles de perversidad.
Costosa imprecisión
Este clientelismo desembozado no sólo se debe a la cobardía del que se aprovecha de la necesidad del prójimo para privarlo de su derecho humano de sufragar con libertad. Se sostiene porque la legislación argentina lo permite. No lo autoriza, es obvio. Pero es lo suficientemente inespecífica como para dejar que ocurra.
El Código Electoral Nacional resguarda el derecho a guardar el secreto del voto, con la exigencia de la habilitación del cuarto oscuro. Preserva la libre expresión de la voluntad del votante, prohibiendo a los miembros de las Fuerzas Armadas "coartar la libertad del sufragio". También proscribe las reuniones electorales, el depósito de armas y la entrega de boletas en determinado radio respecto de los lugares de votación. A lo que se suma la veda de espectáculos públicos, portación de armas y uso de distintivos políticos. Y, por supuesto, los dos conocidos artículos que penalizan las conductas dirigidas directamente a afectar la libertad del elector durante la votación. El artículo 139 tipifica el comportamiento de quien impidiera el ejercicio del derecho al sufragio, ya sea con violencia o intimidación, o privándolo de su libertad. También prescribe que "se penará con prisión de uno a tres años a quien (...) compeliere a un elector a votar de manera determinada". En igual sentido, el artículo 140 impone pena de prisión a quien "con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo". Fin de la cita y, también, del combate legal contra el clientelismo.
Barata impunidad
Léase, la responsabilidad es del poder político. Y por doble vía. Por un lado, por la actitud canalla de aprovecharse del necesitado para comprarle el sufragio por entre $ 30 y $ 45 en mercadería. Por otro, porque en 30 años de continuidad institucional no ha dado las herramientas legales concretas para perseguir a los responsables de las prácticas clientelísticas. En lugar de darle más calidad a la democracia, sólo le han dado más impunidad a su barata impunidad.
La falta de leyes específicas contra el clientelismo en la Argentina no es gratuita y es muy nociva. Porque hacer encuadrar esos delitos en las figuras penales generales de cohecho, malversación de caudales públicos o soborno es sumamente complejo. Y en el ámbito del derecho electoral, se termina obligando a la Justicia a reprochar también la conducta del que tiene dependencia alimentaria y recibe el bolsón. Y aunque la conducta es disvaliosa, no menos cierto es que para el menesteroso es menester sobrevivir. No puede ser delito que el indigente tenga hambre. O que el pobre quiera un ingreso. O que el desocupado demande un trabajo.
En contraste, sí debieran configurar delitos graves las prácticas clientelares de la dirigencia. Porque el clientelismo enferma a la democracia en dos de sus costados más valiosos y sensibles: la representación y la legitimidad. Y no es un supuesto ni un pronóstico, sino una dolencia actual. Tucumana. Argentina. Latinoamericana. Global. La sensación cada vez más extendida de que no hay mejor forma de gobierno que la democracia, de que se quiere democracia y no otra cosa, se propaga al lado de la convicción cada vez más amplia de que "los políticos" no representan a sus representados. Y esa es una contradicción peligrosa: no hay democracia si no hay políticos. Así que si "los políticos" no le tienen aprecio a la democracia, al menos deberían demostrarle respeto, considerando el precio, oneroso y sangriento, que costó conseguirla. Porque el clientelismo no es sólo vergonzoso: es, sustancialmente, antidemocrático.
Horrendo contrato
El problema es que la democracia clientelar ofrece un beneficio único para sus cultores. Uno que va más allá de garantizarse un voto a cambio de un bolsón.
Lo que el compra-votos consigue es un contrato de liberación respecto del elector. Uno que extingue en un día esa relación que antes era de cuatro años, durante los cuales el representante debía rendir cuentas de su proceder al representado, porque había recibido de él un voto de confianza y de expectativas.
Por el contrario, el contrato clientelista tiene una duración improrrogable de 10 horas: el candidato entrega el soborno a cambio de que lo voten entre las 8 y las 18. A las 18.01 no le debe nada a sus electores. Ni siquiera explicaciones de por qué prometió una cosa y votó otras. Mucho menos, razones de por qué los pobres que reciben el bolsón siguen siendo pobres, mientras que los representantes que entregan la mercadería se consolidan en la casta de los nuevos ricos.
Poderosa herramienta
La buena noticia son las PASO. Gracias a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, para ser representante del pueblo antes hay que ganarse la aprobación del pueblo para ser candidato. Claro que estas internas no son a pruebas de clientelismo, pero ahora el ciudadano puede intervenir en el diseño de las listas que competirán en octubre. Y eso, lejos de ser inútil -como pretenden los banalizadores del sufragio-, es una herramienta de enorme poder para el elector. Es una primera instancia para dar pelea al clientelismo y premio a las prácticas políticas virtuosas, provengan de donde provengan. Porque el acierto de las PASO es del oficialismo, pese a que da cátedra clientelar (y a que la "lógica del aparato" hace que en el PJ no haya internas sino "externas"). Y el "Fallo Polino" se dicta en una causa sobre compra de votos en la elección interna, en Capital Federal, de una fuerza opositora, pese a que la oposición se declara víctima del clientelismo.
Es decir, hay sobradas razones para votar al oficialismo. De hecho, el mayor error de la oposición consiste en creer que quienes apoyan al Gobierno están todos equivocados. Y también hay motivos de sobra para sufragar por la oposición. Justamente, el mayor error del oficialismo es creer que quien no lo avala no quiere que al pueblo le vaya bien.
Ese es el punto: todo voto que se emite por una razón es un acierto. Porque todo sufragio que se deposite por una prebenda es una derrota de la democracia.
Por cierto, su Código Penal Federal sanciona a quien "condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas (...) a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato". A la vez, fija multa y prisión para quien "solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas o la jornada electoral"; o "lleve a cabo el transporte de votantes, coartando o pretendiendo coartar su libertad para la emisión del voto"; o "que, mediante amenaza o promesa de paga o dádiva, comprometa su voto en favor de un partido político o candidato". No es Francia. Es México.
Otro país prohíbe a los agentes públicos "utilizar o permitir el uso promocional en favor de candidato, partido político o coalición, de la distribución gratuita de bienes o servicios de carácter social subvencionados por el Poder Público". Y prevé la multa y la cancelación del diploma para el candidato que incurra en captación ilícita de sufragio, a partir de "donar, ofrecer, prometer o entregar al elector, con el fin de obtener su voto, bien o ventaja personal de cualquier naturaleza, inclusive empleo o función pública, desde el registro de la candidatura hasta el día de la elección". Su Tribunal Superior Electoral entiende que para el caso no se requiere la participación directa del candidato: se configuraba el ilícito cuando intermedien otros agentes: encargados de la campaña o miembros del partido. No es Gran Bretaña. Es Brasil.
"El ofrecimiento, promesa de lucro personal o dádiva de idéntica especie, destinados a conseguir el voto o la abstención del elector", es delito electoral según la Ley de Elecciones, no de Estados Unidos, sino de Uruguay.
"Comprar o vender el voto" está tipificado con pena de reclusión en la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas, no de Canadá, sino de Honduras.
Se pena con prisión y suspensión de los derechos políticos al que "haya recibido algo a cambio de su voto, o haya dado o prometido algo por el voto de otro", no en Alemania sino en Ecuador.
La "compra de votos" también está prevista como delito bajo la denominación de "corrupción del sufragante" en el Código Penal, no de Suiza sino de Colombia...
Perversa evolución
El combate de numerosos Estados del continente contra el clientelismo electoral se debe no sólo a que esa práctica deleznable "conforma una 'institución informal, permanente y ubicua' con enorme influencia en la mayoría de las democracias latinoamericanas". Responde, fundamentalmente, a que este oprobioso "toma y daca" conspira "contra la expresión de libre voluntad que constituye un presupuesto indispensable del ejercicio del sufragio". Dicho todo esto por los argentinos Rodolfo Munne, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, miembros de la Cámara Nacional Electoral, en el denominado "Fallo Polino", en 2005.
Tucumán -Argentina- debe ser el primer mundo, ajeno a esas legislaciones de gobiernos americanos hispanohablantes. Aquí, el día de los comicios, el clientelismo electoral marcha sobre ruedas: en un taxi, cuyo chofer cobra por llevar y traer electores. A su lado viaja un puntero, con una lista de gente a la que busca y compele a sufragar por determinados candidatos, a cambio de lo cual recibirán, por lo menos, los bolsones con mercadería que viajan en el baúl. En los comicios anteriores se vio una nueva modalidad: trasladan al votante en moto y le entregan dinero a cambio de su voluntad.
Pero ese es sólo el clientelismo "subjetivo": el que se ve. Y escandaliza. Hay otro. Debajo. Si se quiere, "objetivo". Cuya cronicidad lo institucionalizó. Se plasma en planes sociales, subsidios y contratos. En esos casos, la prebenda no funciona como ofrecimiento de un bien, sino como amenaza de la supresión de ese beneficio. Cuando no es combatido, el clientelismo se perfecciona en sus niveles de perversidad.
Costosa imprecisión
Este clientelismo desembozado no sólo se debe a la cobardía del que se aprovecha de la necesidad del prójimo para privarlo de su derecho humano de sufragar con libertad. Se sostiene porque la legislación argentina lo permite. No lo autoriza, es obvio. Pero es lo suficientemente inespecífica como para dejar que ocurra.
El Código Electoral Nacional resguarda el derecho a guardar el secreto del voto, con la exigencia de la habilitación del cuarto oscuro. Preserva la libre expresión de la voluntad del votante, prohibiendo a los miembros de las Fuerzas Armadas "coartar la libertad del sufragio". También proscribe las reuniones electorales, el depósito de armas y la entrega de boletas en determinado radio respecto de los lugares de votación. A lo que se suma la veda de espectáculos públicos, portación de armas y uso de distintivos políticos. Y, por supuesto, los dos conocidos artículos que penalizan las conductas dirigidas directamente a afectar la libertad del elector durante la votación. El artículo 139 tipifica el comportamiento de quien impidiera el ejercicio del derecho al sufragio, ya sea con violencia o intimidación, o privándolo de su libertad. También prescribe que "se penará con prisión de uno a tres años a quien (...) compeliere a un elector a votar de manera determinada". En igual sentido, el artículo 140 impone pena de prisión a quien "con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo". Fin de la cita y, también, del combate legal contra el clientelismo.
Barata impunidad
Léase, la responsabilidad es del poder político. Y por doble vía. Por un lado, por la actitud canalla de aprovecharse del necesitado para comprarle el sufragio por entre $ 30 y $ 45 en mercadería. Por otro, porque en 30 años de continuidad institucional no ha dado las herramientas legales concretas para perseguir a los responsables de las prácticas clientelísticas. En lugar de darle más calidad a la democracia, sólo le han dado más impunidad a su barata impunidad.
La falta de leyes específicas contra el clientelismo en la Argentina no es gratuita y es muy nociva. Porque hacer encuadrar esos delitos en las figuras penales generales de cohecho, malversación de caudales públicos o soborno es sumamente complejo. Y en el ámbito del derecho electoral, se termina obligando a la Justicia a reprochar también la conducta del que tiene dependencia alimentaria y recibe el bolsón. Y aunque la conducta es disvaliosa, no menos cierto es que para el menesteroso es menester sobrevivir. No puede ser delito que el indigente tenga hambre. O que el pobre quiera un ingreso. O que el desocupado demande un trabajo.
En contraste, sí debieran configurar delitos graves las prácticas clientelares de la dirigencia. Porque el clientelismo enferma a la democracia en dos de sus costados más valiosos y sensibles: la representación y la legitimidad. Y no es un supuesto ni un pronóstico, sino una dolencia actual. Tucumana. Argentina. Latinoamericana. Global. La sensación cada vez más extendida de que no hay mejor forma de gobierno que la democracia, de que se quiere democracia y no otra cosa, se propaga al lado de la convicción cada vez más amplia de que "los políticos" no representan a sus representados. Y esa es una contradicción peligrosa: no hay democracia si no hay políticos. Así que si "los políticos" no le tienen aprecio a la democracia, al menos deberían demostrarle respeto, considerando el precio, oneroso y sangriento, que costó conseguirla. Porque el clientelismo no es sólo vergonzoso: es, sustancialmente, antidemocrático.
Horrendo contrato
El problema es que la democracia clientelar ofrece un beneficio único para sus cultores. Uno que va más allá de garantizarse un voto a cambio de un bolsón.
Lo que el compra-votos consigue es un contrato de liberación respecto del elector. Uno que extingue en un día esa relación que antes era de cuatro años, durante los cuales el representante debía rendir cuentas de su proceder al representado, porque había recibido de él un voto de confianza y de expectativas.
Por el contrario, el contrato clientelista tiene una duración improrrogable de 10 horas: el candidato entrega el soborno a cambio de que lo voten entre las 8 y las 18. A las 18.01 no le debe nada a sus electores. Ni siquiera explicaciones de por qué prometió una cosa y votó otras. Mucho menos, razones de por qué los pobres que reciben el bolsón siguen siendo pobres, mientras que los representantes que entregan la mercadería se consolidan en la casta de los nuevos ricos.
Poderosa herramienta
La buena noticia son las PASO. Gracias a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, para ser representante del pueblo antes hay que ganarse la aprobación del pueblo para ser candidato. Claro que estas internas no son a pruebas de clientelismo, pero ahora el ciudadano puede intervenir en el diseño de las listas que competirán en octubre. Y eso, lejos de ser inútil -como pretenden los banalizadores del sufragio-, es una herramienta de enorme poder para el elector. Es una primera instancia para dar pelea al clientelismo y premio a las prácticas políticas virtuosas, provengan de donde provengan. Porque el acierto de las PASO es del oficialismo, pese a que da cátedra clientelar (y a que la "lógica del aparato" hace que en el PJ no haya internas sino "externas"). Y el "Fallo Polino" se dicta en una causa sobre compra de votos en la elección interna, en Capital Federal, de una fuerza opositora, pese a que la oposición se declara víctima del clientelismo.
Es decir, hay sobradas razones para votar al oficialismo. De hecho, el mayor error de la oposición consiste en creer que quienes apoyan al Gobierno están todos equivocados. Y también hay motivos de sobra para sufragar por la oposición. Justamente, el mayor error del oficialismo es creer que quien no lo avala no quiere que al pueblo le vaya bien.
Ese es el punto: todo voto que se emite por una razón es un acierto. Porque todo sufragio que se deposite por una prebenda es una derrota de la democracia.
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