La Corte fulmina el rechazo a una dimisión

El lunes postelectoral dio de sí análisis políticos de toda índole, así como el pronunciamiento judicial que Emilio Herrera Molina, amparista y vocal de la Sala II de la Cámara Penal, esperaba desde mayo. Esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) en lo esencial confirma la anulación del decreto inédito del Poder Ejecutivo (PE) que rechazó la renuncia al camarista. De modo que la posibilidad de que el juez, que padece cáncer, se jubile volvió a quedar en manos del gobernador José Alperovich.

La decisión, que es recurrible, fue emitida ayer a última hora con los votos de los vocales titulares de la CSJT, Claudia Sbdar y Antonio Gandur -en disidencia parcial-, y de los camaristas Laura David y Carlos Ibáñez (estos últimos intervinieron por la inhibición de los vocales Antonio Estofán y René Goane, y de los magistrados Sergio Gandur y Horacio Castellanos, y por la licencia de los camaristas Salvador Ruiz y Augusto Ávila).

La Corte así integrada ratificó el fallo de marzo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (firmado por los camaristas Rodolfo Novillo, Carlos Giovanniello -en disidencia parcial- y Ebe López Piossek). Pero introdujo una particularidad (respecto de la anterior sentencia): Herrera Molina tendrá que exponer su estado de salud junto con la nueva renuncia que presente a consideración del PE (el camarista no había precisado que era enfermo oncológico en su dimisión de diciembre pasado). La Corte también desestimó in limine (sin dar trámite) la pretensión de Herrera Molina de apartar del juicio a Sbdar. Este había planteado la recusación con causa el lunes a primera hora aduciendo la presentación de una denuncia contra la vocal en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Súplica a Washington

En ese escrito consta que Herrera Molina, de 70 años, ejerce la magistratura desde hace dos décadas. También, que en este plazo intervino (junto a sus pares Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena) en un juicio oral de enorme trascendencia institucional y social: el caso "Verón" (proceso que describe sin identificar con ese nombre ni con el oficial: causa "Íñigo").

El denunciante dijo que, dos meses antes del final del juicio, le aconsejaron renunciar a la judicatura como consecuencia de padecer un cáncer de próstata con metástasis. "Preferí no acogerme a la jubilación en ese momento consciente de que esta acción hubiese provocado la nulidad de las actuaciones vinculadas al proceso", expresó.

Luego, Herrera Molina dio cuenta de lo que acaeció: la sentencia absolutoria de los acusados de secuestrar y prostituir a María de los Ángeles "Marita" Verón (11/12/12); la pretensión de Susana Trimarco, mamá de la víctima, de destituir al tribunal que la dictó; la decisión de renunciar para acogerse a la jubilación con el beneficio del 82% móvil (finales de diciembre); el inesperado rechazo de la dimisión por parte del PE; la puesta en marcha de un proceso de destitución en la comisión de Juicio Político de la Legislatura -encabezada por el alperovichista Sisto Terán Nougués- (el trámite fue paralizado provisoriamente por la Justicia), etcétera.

Herrera Molina contó también a la CIDH -órgano de la Organización de los Estados Americanos con sede en Washington, EEUU- que la Sala II de la Cámara Contenciosa anuló el rechazo a la dimisión.

Herrera Molina expresó que el PE, en lugar de allanarse, recurrió aquella sentencia y el caso llegó a la CSJT. "Desde mayo hasta la fecha asistimos a un patético y terrorífico escenario de complicidades, dilaciones e inconductas", dijo el denunciante, que acusó a Sbdar de promover la demora para agradar al gobernador. "Aunque parezca increíble y solamente pueda ser analizado conociendo y asumiendo el deplorable estado institucional reinante en Tucumán, las maniobras dieron resultado", añadió.

Herrera Molina detalló que interpuso dos pedidos de pronto despacho y que, entre las demoras, Sbdar intentó inhibirse (la excusación no prosperó). "El día 9 de agosto de 2013 se publicó la designación del hijo de Sbdar, Oscar Bercovich, como secretario general de la Gobernación de Tucumán, cargo clave y de mucha cercanía con el gobernador, lo que evidencia que no existe un tribunal independiente e imparcial en los términos del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", concluyó el juez, que pidió a la CIDH que obligue al Estado argentino a aceptar su renuncia por medio de una cautelar.

"Les suplico se dignen a proteger a este ser humano que quiere vivir sus postreros momentos con dignidad y tranquilidad, luchando con mi familia en contra de una terrible enfermedad y sin que el Estado me persiga, hostigue, vulnere mis derechos y profundice mi padecimiento", rogó.