Detiene en Chile al ex juez Otilio Romano, acusado por encubrir violaciones a los derechos humanos

El ex magistrado mendocino actuó como fiscal federal entre 1976 y 1983 y omitió denunciar delitos cometidos durante la dictadura.

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23 Agosto 2013

SANTIAGO DEL CHILE.- El ex juez argentino Otilio Romano, cuya extradición fue aprobada el miércoles por la Corte Suprema de Chile, ya se encuentra en las instalaciones de la Interpol de la capital chilena para ser enviado de vuelta a la Argentina. Romano huyó en 2011 de la Argentina tras haber sido destituido por encubrir un centenar de casos de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura cívico militar.

Según informó la agencia Prensa Latina, Romano fue trasladado en las últimas horas desde Viña del Mar a las dependencias de la Interpol en Santiago de Chile y será puesto en manos de la Corte Suprema para que haga efectiva la extradición. Agentes de la Policía de Investigaciones de Chile lo detuvieron en su departamento en Reñaca, donde cumplía arresto domiciliario nocturno.

La Corte Suprema dio luz verde a la resolución del ministro instructor Sergio Muñoz, quien había dictaminado el envío de Romano de vuelta a la Argentina, para que responda ante la justicia de la provincia de Mendoza por amparar delitos de lesa humanidad.

La extradición fue otorgada en correspondencia con el Código Penal Argentino, ya que Romano amparó 34 delitos de privación ilegítima de libertad con desaparición forzada de personas, 26 delitos de privaciones ilegítimas de libertad, 36 delitos de tortura, uno de allanamiento ilegal y uno de denegación de justicia.

En mayo de 2012 el gobierno chileno rechazó la solicitud de refugio político que le hiciera el ex juez, por lo que perdió la visa que le permitía permanecer en Chile y quedó sujeto a la decisión de la Corte Suprema, que tenía pendiente pronunciarse sobre la solicitud de extradición presentada por Argentina, indicó la agencia Télam.

Romano fue destituido en 2011 por el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados por su actuación entre 1976 y 1983, cuando omitió denunciar e investigar delitos cometidos durante la última dictadura militar, mientras cumplió funciones como fiscal federal.

Mientras lo destituían, Romano se fugó a Chile y estuvo ahí bajo la figura de "arraigo" y con detención domiciliaria nocturna. Después fue sometido a extensos interrogatorios a cargo del ministro Adalís Oyarzún, quien instruyó el proceso de extradición en su contra desde un comienzo, y luego fue el juez Muñoz quien se hizo cargo de la causa de extradición.

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