05 Septiembre 2013
Hace más de un año, la legisladora Silvia Elías de Pérez (UCR) llevó a los Tribunales una presentación denunciando presuntas irregularidades en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) durante la gestión de Miguel Ángel Brito. Luego de que la causa pasara por manos de tres fiscales de Instrucción, y de que se difundiera la auditoría del Tribunal de Cuentas que indica anomalías en obras de esa repartición, la opositora decidió solicitar al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Estofán, una audiencia para hoy, con el fin de reclamarle celeridad en la pesquisa.
"La inacción de algunos sectores de la Justicia ha dejado totalmente en claro la falta de independencia de este poder, que se niega a investigar a los amigos del oficialismo, sin importar el delito de que se trate, la contundencia de sus pruebas o el daño que la impunidad genere en la sociedad", sostuvo la legisladora radical. La opositora, segunda candidata del Acuerdo Cívico y Social (ACyS) para diputada nacional, cuestionó luego al ex titular de la DAU. "Se ha generado tal nivel de impunidad, que funcionarios como Brito declaran públicamente que en la administración pública tucumana es una práctica común la contratación de empresas que pertenecen a las familias de los funcionarios. Esto se encuentra penado de forma expresa en el artículo 265 del Código Penal. En una provincia con Justicia independiente, cualquier fiscal hubiera tomado intervención de oficio", apuntó Elías de Pérez.
Y agregó: "aunque esta conducta no se encontrara tipificada en el Código Penal, no hay dudas de que atenta contra los más esenciales principios éticos; pero en los oídos del alperovichismo esta crítica no es más que un comentario pueril".
"La inacción de algunos sectores de la Justicia ha dejado totalmente en claro la falta de independencia de este poder, que se niega a investigar a los amigos del oficialismo, sin importar el delito de que se trate, la contundencia de sus pruebas o el daño que la impunidad genere en la sociedad", sostuvo la legisladora radical. La opositora, segunda candidata del Acuerdo Cívico y Social (ACyS) para diputada nacional, cuestionó luego al ex titular de la DAU. "Se ha generado tal nivel de impunidad, que funcionarios como Brito declaran públicamente que en la administración pública tucumana es una práctica común la contratación de empresas que pertenecen a las familias de los funcionarios. Esto se encuentra penado de forma expresa en el artículo 265 del Código Penal. En una provincia con Justicia independiente, cualquier fiscal hubiera tomado intervención de oficio", apuntó Elías de Pérez.
Y agregó: "aunque esta conducta no se encontrara tipificada en el Código Penal, no hay dudas de que atenta contra los más esenciales principios éticos; pero en los oídos del alperovichismo esta crítica no es más que un comentario pueril".
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
