Brito instó al TC a que audite obras en Natación

El cuestionado ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Miguel Ángel Brito, puso en duda la validez de la auditoría que el Tribunal de Cuentas (TC) dispuso sobre su gestión, y que reveló anomalías en 86 de 423 obras facturadas y supuestamente ejecutadas entre 2008 y 2011. Según el ex funcionario, todas las erogaciones realizadas por la repartición mientras estuvo a cargo "fueron controladas, auditadas y aprobadas por los ingenieros y contadores fiscales del TC".

Brito, hoy asesor del senador nacional alperovichista Sergio Mansilla, cuestionó el espíritu del informe elevado a la Justicia penal en mayo pasado, por orden del presidente del ente de control, Miguel Chaibén Terraf. "Ya que estamos hablando de auditorías, ¿no debería también pedírsele a la Dirección General de Catastro que informe si coincide con la ley de expropiación la superficie que ocupa el club Natación en el parque 9 de Julio? ¿No debería, en igual sentido, solicitársele informes a la Dirección Provincial de Vialidad sobre los fondos y maquinarias invertidas en las obras de en esa sede deportiva", lanzó Brito.

Tareas por $ 5,8 millones
En agosto del año pasado, Brito dejó la DAU, luego de que el Tribunal de Cuentas detectara presuntos sobreprecios en el proyecto para restaurar la fachada de la Casa de Gobierno. Tras esto, la legisladora Silvia Elías de Pérez (UCR) inició una denuncia en Tribunales. La causa pasó por tres fiscales (Adriana Reinoso Cuello, Washington Navarro Dávila y Arnoldo Suasnábar), pero todos se excusaron de realizar la investigación. La jueza de Instrucción V°, Mirta Lenis de Vera, dispuso en julio que el expediente quedara a cargo del fiscal Suasnábar.

En mayo, Chaibén Terraf envió a Reinoso Cuello -quien se apartó aduciendo violencia moral, tras un severo pedido de celeridad de Elías de Pérez- una auditoría que les había encomendado a ingenieros fiscales del TC. Ese informe reveló una serie de anomalías en obras públicas ya abonadas por la Provincia, como el faltante de plazas y de rampas para discapacitados, entre otros. Las 86 tareas cuestionadas por el ente de control costaron $ 5,8 millones.

Cuando se difundió ese informe, Brito aseguró que se trataba de una maniobra electoral de Elías de Pérez, y afirmó que la legisladora es pariente del presidente del TC.

"No reniego de las auditorías ni me molestan. Pero pregunto: ¿Justo a la DAU? ¿Y para colaborar, como él mismo dice (por Chaibén Terraf), en una causa que tiene a su prima política como actriz principal?", afirmó el ex funcionario.

Brito sembró dudas sobre un proyecto para una institución deportiva. El 22 de diciembre de 2011, la Legislatura sancionó por unanimidad la ley 8.475, que declaró "de interés provincial la construcción de un estadio de hockey en el predio donado al Club Natación y Gimnasia, ubicado en el parque 9 de Julio". En la norma, se autorizó al PE a otorgar subsidios a la entidad deportiva "o transferencias al Ente de Infraestructura Comunitaria, según corresponda, por hasta $ 10 millones". Además, se estipuló: "todos los trabajos y provisión de insumos que resulten necesarios para la realización de la obra (...) quedan exceptuados de lo dispuesto por la Ley N° 6.970 (de Administración Financiera) y la Ley N° 5.854 (de Obras Públicas), razón por la cual podrá utilizarse el mecanismo de contratación directa, previo cotejo de precios". La ley fue promulgada por el gobernador, José Alperovich, en enero de 2012.

En junio de ese año, cuando el Concejo Deliberante de la capital trató la adhesión a la norma, en forma de ordenanza, opositores se quejaron porque las tareas ya habían comenzado. "Raúl Basilio, titular de Vialidad, es el vicepresidente del club. Es llamativo, porque la iniciativa debió haber pasado antes de la Legislatura por el Concejo, para cambiar el uso del suelo, de uso público por privado", aseveró Sandra Manzone (Coalición Cívica-ARI) en esa sesión.

Brito insistió en las críticas contra el Tribunal de Cuentas. "Nunca me informaron que tuviera cargos o rendiciones pendientes. Ante todo este atropello, pediré a la Justicia una pericia sobre los libros rubricados del TC a la contabilidad responsable, a los fines de establecer mi situación ante el organismo de control. ¿No estaremos en presencia de un avasallamiento que merezca un juicio político, por incumplimiento de deberes de funcionario público?", sostuvo.

Luego, recordó que durante los cinco años que estuvo al frente de la repartición "se hicieron más de 600 obras". "Hoy sale a la luz un informe que el presidente del TC envió a la Justicia, en el que le comunica que, por motus propio, decidió una auditoria sobre toda mi gestión. También le hace saber que los datos son preliminares. Por lo visto, sólo se trata de algo personal, ya que en ese informe no intervino el Departamento Jurídico, algo indispensable para cumplir con el debido proceso contemplado en La ley de Administración Financiera", afirmó Brito. Y recordó que "todas las erogaciones en mi gestión fueron controladas y aprobadas", incluso -según apuntó- en las revisiones posteriores de las Cuentas de Inversión de esos años.