15 Septiembre 2013
Frenaron el pago de $ 1,8 millón por obras de gas
El Tribunal de Cuentas detectó anomalías en los trabajos de instalación del gasoducto de La Cocha, que habían sido avalados por la DAU. Los ingenieros fiscales revisaron las tareas, y constataron que se habían cubierto las zanjas con la tierra que se había extraído del lugar. Sin materiales que justifiquen el monto
EN EL SUR. Este año comenzó la construcción del gasoducto para La Cocha, la comuna de san José y otros pueblos. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
El Tribunal de Cuentas (TC) frenó el pago de $ 1,86 millón por una etapa de las tareas para la construcción de un gasoducto en La Cocha, al sur de la provincia, debido a anomalías detectadas en los trabajos, según el acuerdo 2.250 del ente de control. La resolución, firmada hace 11 días por los titulares del TC, Miguel Chaibén Terraf,Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci, rechazó un documento interno de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), que aprobaba el certificado de obra a favor de la empresa Saiko S.A., adjudicataria de las tareas.
El informe de los ingenieros fiscales que revisaron la instalación del conducto reveló que, para tapar las zanjas donde fueron colocados los caños, se utilizó la tierra que se había extraído del lugar. "No hay cama de arena ni ningún material de aporte especial que justifique el monto a pagar por el ítem, desvirtuando de esta manera las especificaciones del pliego", indicaron los auditores.
LA GACETA intentó comunicarse con el secretario de Obras Públicas, Oscar Mirkin, y con el titular de la DAU, Juan Luis Pérez, para consultarles las medidas a seguir en la construcción del gasoducto, pero a pesar de los llamados y los mensajes de texto no hubo éxito.
Licitación pública
El proyecto de la obra "Construcción de gasoducto, estaciones reductoras de presión y redes de distribución y obras complementarias para gas natural en la ciudad de La Cocha, comuna de San José y zonas aledañas" nació en 2011 (expediente 1081/320-S-2011 de la Secretaría de Obras Públicas).
El pasado 22 de abril, el TC sometió a control preventivo la licitación pública, llevada a cabo por la DAU, respecto a la adjudicación de los trabajos a la firma Saiko SA por la suma de $ 31,55 millones. Además, se analizó la autorización "a la Secretaría de Estado de Obras Públicas a invertir la suma de $ 1,5 millones en concepto de adicionales e imprevistos", y "$ 157.000 en concepto de gastos de inspección". En esa ocasión, el ente de control pidió explicaciones al área que conduce Mirkin y al Ministerio de Economía, a cargo de Jorge Jiménez, sobre algunos tópicos del proyecto. Finalmente, el pasado 8 de mayo, el Tribunal de Cuentas aprobó el decreto de adjudicación emitido por la cartera de Jiménez.
El inicio de la obra del gasoducto para La Cocha y otros pueblos de la zona estaba fechado para el 1 de julio de este año. El 23 de agosto pasado, el Departamento de Ingenieros Fiscales del TC visitó las tareas realizadas (ya en el marco del expediente N° 2.186-321-DOC-13, de la DAU). Se trataba de un control preventivo al "certificado ordinario de obra N° 1, correspondiente al mes de julio de 2013, por la suma de $ 1,86 millón". "El material utilizado para la reposición del terreno es el extraído de las excavaciones. No hay cama de arena ni ningún material de aporte especial que justifique el monto a pagar", indicaron los auditores. Y señalaron: "no se ejecutó el ítem 'reposición del terreno enripiado'".
Ante esto, Chaibén Terraf, Vidal y Díaz Ricci emitieron el pasado 4 de septiembre el acuerdo N° 2.250. "Analizadas las presentes actuaciones, en virtud de lo informado por nuestro estamento técnico, la resolución subexamen (para el certificado de obra) es jurídicamente objetable, por lo que corresponde formular observación a la misma con carácter de formal oposición", destacó el TC.
Así, se le impidió al Ministerio de Economía que libere el pago de los trabajos, pese al decreto de la DAU que aprobaba las tareas.
El informe de los ingenieros fiscales que revisaron la instalación del conducto reveló que, para tapar las zanjas donde fueron colocados los caños, se utilizó la tierra que se había extraído del lugar. "No hay cama de arena ni ningún material de aporte especial que justifique el monto a pagar por el ítem, desvirtuando de esta manera las especificaciones del pliego", indicaron los auditores.
LA GACETA intentó comunicarse con el secretario de Obras Públicas, Oscar Mirkin, y con el titular de la DAU, Juan Luis Pérez, para consultarles las medidas a seguir en la construcción del gasoducto, pero a pesar de los llamados y los mensajes de texto no hubo éxito.
Licitación pública
El proyecto de la obra "Construcción de gasoducto, estaciones reductoras de presión y redes de distribución y obras complementarias para gas natural en la ciudad de La Cocha, comuna de San José y zonas aledañas" nació en 2011 (expediente 1081/320-S-2011 de la Secretaría de Obras Públicas).
El pasado 22 de abril, el TC sometió a control preventivo la licitación pública, llevada a cabo por la DAU, respecto a la adjudicación de los trabajos a la firma Saiko SA por la suma de $ 31,55 millones. Además, se analizó la autorización "a la Secretaría de Estado de Obras Públicas a invertir la suma de $ 1,5 millones en concepto de adicionales e imprevistos", y "$ 157.000 en concepto de gastos de inspección". En esa ocasión, el ente de control pidió explicaciones al área que conduce Mirkin y al Ministerio de Economía, a cargo de Jorge Jiménez, sobre algunos tópicos del proyecto. Finalmente, el pasado 8 de mayo, el Tribunal de Cuentas aprobó el decreto de adjudicación emitido por la cartera de Jiménez.
El inicio de la obra del gasoducto para La Cocha y otros pueblos de la zona estaba fechado para el 1 de julio de este año. El 23 de agosto pasado, el Departamento de Ingenieros Fiscales del TC visitó las tareas realizadas (ya en el marco del expediente N° 2.186-321-DOC-13, de la DAU). Se trataba de un control preventivo al "certificado ordinario de obra N° 1, correspondiente al mes de julio de 2013, por la suma de $ 1,86 millón". "El material utilizado para la reposición del terreno es el extraído de las excavaciones. No hay cama de arena ni ningún material de aporte especial que justifique el monto a pagar", indicaron los auditores. Y señalaron: "no se ejecutó el ítem 'reposición del terreno enripiado'".
Ante esto, Chaibén Terraf, Vidal y Díaz Ricci emitieron el pasado 4 de septiembre el acuerdo N° 2.250. "Analizadas las presentes actuaciones, en virtud de lo informado por nuestro estamento técnico, la resolución subexamen (para el certificado de obra) es jurídicamente objetable, por lo que corresponde formular observación a la misma con carácter de formal oposición", destacó el TC.
Así, se le impidió al Ministerio de Economía que libere el pago de los trabajos, pese al decreto de la DAU que aprobaba las tareas.