14 Noviembre 2013
CARACAS.- La mayoría oficialista en el Parlamento venezolano le retiró la inmunidad legislativa a la diputada opositora, María Aranguren, quien está siendo investigada por corrupción en una causa por la presunta comisión de los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir junto al ex gobernador de Monagas, José Briceño. Con su separación de la banca, sumó los votos necesarios para aprobar la solicitud de gobernar por decreto durante un año, hecha por el presidente, Nicolás Maduro.
La oposición considera que la decisión tomada sobre la legisladora es una maniobra del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para asegurar los 99 diputados que le permitirán aprobar la llamada "ley habilitante", que le dará amplios poderes legislativos a Maduro.
Aranguren fue electa por el PSUV, pero se pasó a la oposición; su reemplazante, Carlos Flores (definido por el oficialismo como un férreo seguidor de los postulados del fallecido Hugo Chávez) votaría junto al oficialismo. "Están desesperados. Les pido que disimulen, que no sean tan obvios. Mi suplente votará obligado, como el 30% de los diputados del oficialismo", aseveró la diputada separada.
El chavismo aseveró que la separación de Aranguren de su cargo sólo busca seguir el debido proceso. "Nosotros no estamos sentenciando. Estamos cumpliendo con un trámite para que se continúe el juicio", sostuvo el diputado oficialista Jesús Montilla.
En guerra económica
A principios de octubre, Maduro pidió poderes para gobernar por decreto bajo el argumento de combatir la corrupción y una "guerra económica", cuyo último capítulo incluye la intervención de comercios de electrodomésticos y la detención de empresarios, para exigir "precios justos" (entre un 40% y un 60% de los marcados). Culpa a la oposición de estar detrás de la alarmante inflación y del dramático desabastecimiento con el objetivo de llevar al país al caos y lograr su derrocamiento.
El mandatario asumió en abril tras la muerte de Chávez, quien durante los 14 años que estuvo al frente de Venezuela, gobernó bajo el amparo de cuatro leyes especiales transitorias que le dieron la suma del poder: los permisos fueron por seis meses en 1999; por un año en 2000; por 18 meses en 2007 y por otros 18 meses en 2011. Durante esos períodos, el fallecido líder socialista aprobó cerca de 200 decretos con rango de ley, entre ellos, los que permitieron nacionalizar el sector petrolero, lograr una reforma agraria y el aumento del número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. (Reuters)
La oposición considera que la decisión tomada sobre la legisladora es una maniobra del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para asegurar los 99 diputados que le permitirán aprobar la llamada "ley habilitante", que le dará amplios poderes legislativos a Maduro.
Aranguren fue electa por el PSUV, pero se pasó a la oposición; su reemplazante, Carlos Flores (definido por el oficialismo como un férreo seguidor de los postulados del fallecido Hugo Chávez) votaría junto al oficialismo. "Están desesperados. Les pido que disimulen, que no sean tan obvios. Mi suplente votará obligado, como el 30% de los diputados del oficialismo", aseveró la diputada separada.
El chavismo aseveró que la separación de Aranguren de su cargo sólo busca seguir el debido proceso. "Nosotros no estamos sentenciando. Estamos cumpliendo con un trámite para que se continúe el juicio", sostuvo el diputado oficialista Jesús Montilla.
En guerra económica
A principios de octubre, Maduro pidió poderes para gobernar por decreto bajo el argumento de combatir la corrupción y una "guerra económica", cuyo último capítulo incluye la intervención de comercios de electrodomésticos y la detención de empresarios, para exigir "precios justos" (entre un 40% y un 60% de los marcados). Culpa a la oposición de estar detrás de la alarmante inflación y del dramático desabastecimiento con el objetivo de llevar al país al caos y lograr su derrocamiento.
El mandatario asumió en abril tras la muerte de Chávez, quien durante los 14 años que estuvo al frente de Venezuela, gobernó bajo el amparo de cuatro leyes especiales transitorias que le dieron la suma del poder: los permisos fueron por seis meses en 1999; por un año en 2000; por 18 meses en 2007 y por otros 18 meses en 2011. Durante esos períodos, el fallecido líder socialista aprobó cerca de 200 decretos con rango de ley, entre ellos, los que permitieron nacionalizar el sector petrolero, lograr una reforma agraria y el aumento del número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. (Reuters)
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